La cúpula del Congreso brasileño y aliados de Rousseff, investigados por corrupción en Petrobras

En total son 54 personas sospechosas: 47 políticos, de los cuales 22 son diputados federales y 12 son senadores, además del ex presidente Collor de Melo, ex gobernadores y ex ministros del primer periodo de gobierno de la presidenta y de su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva

DPA

Brasilia

Los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara Baja, Eduardo Cunha; el ex presidente Fernando Collor de Mello y decenas de políticos aliados del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff serán investigados por sus presuntos nexos con la red de corrupción en Petrobras, informó ayer el Supremo Tribunal Federal (STF).
La nómina fue divulgada ayer mismo por el magistrado de la Suprema Corte Teori Zavascki, relator del caso que sacude al gobierno de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) y sus dos principales aliados, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el derechista Partido Progresista (PP).
En total serán 54 personas investigadas: 47 políticos, de los cuales 22 son diputados federales, de un total de 513, y 12 son senadores, de un total de 81, además de ex gobernadores y ex ministros del primer periodo de gobierno de Rousseff y del de su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.
Los políticos serán investigados a pedido del procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil.
Cunha –tercero en la línea sucesoria del país, detrás de la presidenta y su vice–, y Calheiros pertenecen al PMDB, al igual que los también investigados Roseana Sarney -hija del ex presidente brasileño José Sarney y ex gobernadora de Maranhao- y el ex ministro de Minas y Energía durante el primer gobierno de Rousseff, Edison Lobao.
Entre los políticos del PT que integran el listado están la ex jefa de Gabinete de Rousseff, Gleisi Hoffmann; y el ex ministro de Hacienda de Lula, Antonio Palocci –quien dejó el cargo por otro escándalo de corrupción–. El caso de Palocci será remitido al juez federal Sergio Moro, puesto que como no tiene actualmente ningún cargo con fuero privilegiado, su expediente no será tramitado en la Suprema Corte.
También integran la lista otros dos senadores del PT, Humberto Costa y Lindbergh Farias; los diputados José Mentor y Vander Loubet, y el ex diputado Cándido Vaccarezza (SP).
El partido con mayor número de miembros investigados es el derechista Partido Progresista (PP), otro importante aliado del gobierno, el cual tiene dos senadores, 18 diputados y 11 ex diputados que serán objeto de las indagatorias.
El Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués) tiene un solo representante: el ex presidente Collor, quien gobernó Brasil entre 1990 y 1992 y fue despojado del cargo a raíz de denuncias de corrupción.
Todos los denunciados niegan cualquier vinculación con los desmanes en la petrolera.
Zavascki aceptó además la recomendación de la Fiscalía de archivar las denuncias que involucraban al senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña, a quien Rousseff derrotó en la segunda vuelta electoral, en octubre pasado, por un mínimo margen de ventaja.
Tampoco serán indagados el senador del PT Delcídio Amaral y el ex presidente de la Cámara Baja Henrique Eduardo Alves, del PMDB.
El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa -quien accedió al cargo a instancias del PP- y del cambista Alberto Youssef, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la policía federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.
Costa y Youssef firmaron acuerdos de delación premiada como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3.700 millones de dólares de la estatal.
El dinero, según las denuncias, fue usado para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos.
Los fraudes se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos superfacturados.
Las investigaciones que se iniciarán a partir de ahora deberán establecer la veracidad de las declaraciones de Costa y Youssef, así como las de algunos ejecutivos de empresas contratistas que también firmaron acuerdos de delación premiada.
Las denuncias indican que de cada contrato se destinaba entre el 1,5 y el tres por ciento a pagar sobornos o alimentar las finanzas de los partidos políticos partícipes del esquema ilegal.