Fernando Lasso Echeverría

Crónica de la caída de los poderes en Guerrero

(Cuarta parte)

Israel Nogueda Otero

El 17 de abril de 1971, el gobernador Caritino Maldonado Pérez murió en un accidente aéreo, y tres días después el H. Congreso de la Unión por Decreto número 71 designó gobernador sustituto a Israel Nogueda Otero.
Nacido en Atoyac de Álvarez en 1935, Israel Nogueda fue un economista formado en la UNAM. Siendo presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco en 1966, Nogueda Otero logró la diputación federal por ese Distrito, integrándose en 1967 a la XLVII Legislatura del Congreso de la Unión, pero antes de terminar su periodo legislativo, prefiere regresarse al puerto como presidente municipal, cargo que desempeñaba cuando fue seleccionado para sustituir al gobernador fallecido trágicamente.
Nogueda Otero era un hombre carismático que tenía don de gentes; la población en general se expresaba bien de él, y su gobierno gozaba de simpatía popular mayoritaria; por ello, su periodo gubernamental, había transcurrido con tranquilidad, y nadie sospechaba que había de terminar antes de tiempo con gran violencia para el mandatario estatal, a quien se le acusaba de haber cometido un fraude y se exigía su detención con gran alharaca mediática. El 31 de enero de 1975 –dos meses antes de que concluyera el periodo gubernamental– la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declara la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. El asunto tenía un tufo político inconfundible.
El proceso se había iniciado el 14 de diciembre de 1974, cuando fue presentada en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia con copia al titular del poder Ejecutivo federal, firmada por campesinos de Alta Loma y de El Mirador, en el municipio de Acapulco, en contra del gobernador Israel Nogueda Otero, según la cual, éste había concertado una entrevista entre el Director de Infonavit y Eusebio Mendoza Ávila, con el fin de que este último ofreciera en venta unos terrenos de la ex hacienda El Coloso. Los denunciantes agregaban que, una vez consumada la venta el gobernador y el citado Mendoza Ávila, habían obtenido una fuerte comisión, hecho que constituía un fraude. La PGR, se declaró incompetente, y turnó el asunto a la Procuraduría del DF, donde se inició una averiguación, y una vez perfeccionada se consignó ésta al juez Quinto Penal, quien dictó la orden de aprehensión correspondiente en contra de Nogueda y Mendoza Ávila; sin embargo, sólo Mendoza fue aprehendido, y en sus declaraciones aceptó haber ganado una comisión considerada “normal” en una transacción como la realizada, y exculpó al gobernador Nogueda de cualquier cargo; el ya ex gobernador huyó al DF y se escondió para defender su caso en libertad en un proceso que duró dos años, y del cual Israel Nogueda fue absuelto en mayo de 1977.
Mientras, la Comisión Permanente del Congreso, presidida por Enrique Olivares Santana, con el argumento de que dicho órgano debía estar vigilante de la vida institucional del país encargó al senador Vicente Fuentes Díaz y al diputado Humberto Hernández Hadad, “que certificaran el sentido oficial del boletín dado a conocer por la Procuraduría el día anterior”, según consta en el diario de debates del 31 de enero de 1975.
El diputado Hernández Hadad informó en la referida sesión, que se había confirmado que existía una orden de aprehensión en contra del gobernador Nogueda como presunto responsable del delito de fraude, lo que ocasionaba intranquilidad social en Guerrero, y agregó que los integrantes de los otros dos poderes habían ocurrido en probables actos delictuosos que afectaban a numerosas familias campesinas por la vía del fraude. El senador Fuentes Díaz fue más lejos y manifestó que, según informes oficiales, el gobernador y los integrantes de los otros poderes habían intervenido en cuantioso fraude en agravio de campesinos acapulqueños.
Agregó que, en Guerrero era continua la violación a las leyes, los homicidios y otros hechos delictuosos, sin que se hiciese nada para investigarlos y castigarlos, por lo que estimaba que en Guerrero todas sus autoridades habían dejado de cumplir con sus obligaciones, rompiendo el orden constitucional y, por tanto, a su juicio habían desaparecidos los poderes. Propuso a la Comisión Permanente que así lo aceptara y procediera en consecuencia. Enseguida se sometió a juicio de la mencionada Comisión la propuesta del senador Fuentes Díaz y se aprobó de inmediato; el asunto se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, las cuales, con la misma celeridad, presentaron su dictamen con sustento en la publicación de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y en las opiniones de los comisionados. De esa manera se formuló el proyecto de decreto en el que, en primer término, se consideraban desaparecidos los poderes en el estado de Guerrero. Asimismo, se solicitaba al presidente de la República que presentara una terna para el nombramiento de gobernador provisional. El proyecto de decreto fue dispensado de la segunda lectura y se aprobó por unanimidad, sin discusión. El mismo día, se recibió la terna conformada por el economista Gustavo Martínez Cabañas, el ingeniero Humberto Romero Álvarez y el abogado Javier Olea Muñoz, siendo designado este último como gobernador sustituto quien, después de protestar, se desplazó a Chilpancingo para hacerse cargo del gobierno.
Al otro día de su destitución, Nogueda Otero entregó –mediante un tercero– unas declaraciones en las que se decía víctima de “tradicionales luchas internas por el poder” y añadía que “La acusación que se me hace es del todo falsa. No busqué, ni menos obtuve, como se dice, algún enriquecimiento ilegítimo, derivado del contrato de terrenos al Infonavit en Acapulco. Fue una operación realizada a la luz pública, que tuvo amplia difusión por la prensa local en todos sus detalles (partes, contratantes, precio, número de metros, forma de pago etc.). Yo fui invitado, y a la vez promoví el acto, para solemnizar y crear conciencia de la importancia de la obra social que en aquel momento se iniciaba. Se ha tejido una cruel maniobra en mi contra, de graves repercusiones, dando falsa interpretación a actos personales realizados con la mayor buena fe y al margen del acto contractual…”, y finalizaba diciendo que “con la seguridad de que el tiempo me dará la razón con base en la verdad”. Y sí… el tiempo le dio la razón.
Curiosamente, Olea Muñoz, el gobernador sustituto se había desempeñado como Procurador de Justicia del gobernador Raúl Caballero Aburto, derribado también por la permanente 16 años antes, fecha en la cual el mismo Olea –defendiendo a su jefe– declaró al periódico Excélsior, “La Comisión Permanente no está facultada para desconocer a los gobernadores de los estados”. Por otro lado, se afirmaba entre el círculo íntimo de Olea Muñoz que había recibido con desencanto el nombramiento para sustituir a Nogueda Otero porque aspiraba a gobernar Guerrero durante seis años, y el encargo nulificaba sus futuras pretensiones. Por cierto, Olea Muñoz gobernó sus dos meses, sin poder Legislativo, o sea sin representación popular, pues, anomalía legal realmente sin importancia, cuando teníamos un gobernador electo que había estado ausente en su campaña electoral.
Como se aprecia en la crónica, todo el procedimiento para remover al gobernador Nogueda se desarrolló en sólo cuatro horas, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, del día mencionado, y trajo serias violaciones a disposiciones constitucionales, independientemente de que el acusado fuera o no presunto responsable de los actos delictuosos que se le imputaban: El fuero estaba vigente, y ello impedía que se le sometiera a un proceso legal sin la previa declaratoria de procedencia; la Procuraduría del DF era incompetente para llevar a cabo un proceso legal derivado de un delito del fuero común cometido en Guerrero, del cual emanó la orden de aprehensión; y lo más grave del asunto es que la Comisión Permanente del Congreso, cometió el mismo abuso de poder varias veces con anterioridad, al no comprobar que en la entidad federativa, hubiesen desaparecido efectivamente los poderes antes de proceder a publicar la declaratoria respectiva.
Los tres poderes del estado funcionaban normalmente, y los comisionados expresaron opiniones sin sustento y sin realizar previamente una investigación, pero eso no importó. Luego, el senador Fuentes Díaz hizo extensiva la presunta responsabilidad del gobernador a funcionarios de los otros poderes sin que sus afirmaciones fueran apoyadas por datos comprobados. Su argumento principal fue que el gobernador, al ser considerado presunto responsable del delito de fraude, había perdido autoridad moral y que los miembros de los otros dos poderes habían declinado el ejercicio de sus atribuciones. Así pues, partiendo de la publicación de un boletín y de una orden de aprehensión viciada de origen, se puso en marcha el procedimiento para la desaparición de poderes sin ajustarse al texto constitucional que lo regulaba. Sin embargo, lo anterior no era de extrañar; este mecanismo era el recurso que los presidentes de la República usaban, para privar de sus cargos a gobernadores que no gozaban de su simpatía. Jesús Reyes Heroles, como presidente del PRI, le daba poca importancia a la destitución de Nogueda argumentando que, éste nunca había sido un candidato popular de su partido; Figueroa, el gobernador electo, declaró a la prensa que la decisión de quitar a Nogueda del gobierno “había sido enteramente correcta”; el diputado guerrerense Gustavo Nabor Ojeda calificó de “saludable” la medida.
Pero… ¿Qué había en el fondo de esta brusca destitución del gobernador en turno? Se hablaba en los medios políticos, de una rivalidad inexplicable entre el gobernador saliente y don Rubén Figueroa Figueroa, el bronco cacique originario de Huitzuco, quien gozaba de una amistad extraordinaria de muchos años con Luis Echeverría, el presidente en funciones. Don Rubén había sido liberado recientemente por el Ejército, pues había sido víctima de un secuestro por Lucio Cabañas el 2 de junio de 1974, hecho que le impidió llevar a cabo su campaña electoral en persona, y ésta transcurrió sólo con retratos de él y mantas de todos los tamaños, tal como si hubiesen estado filmando una verdadera obra surrealista; la gente que asistía a los mítines, se veían unos a otros suspicaces y dudosos, preguntándose qué iba a pasar… ¿Lograrían rescatarlo oportunamente? ¿Sería suplido con otro candidato? ¿Tomaría posesión “en ausencia”? La situación era de incertidumbre pura, para todo el electorado. El 8 de septiembre del mismo año, Figueroa fue liberado por las fuerzas armadas, que en el enfrentamiento dieron muerte al guerrillero Lucio Cabañas.
La clase política y la opinión popular achacaban la caída del gobernador Nogueda a Rubén Figueroa, pues se decía que éste –por razones no bien conocidas– repudiaba tanto a don Israel que no quería recibir el poder de manos de él, situación que don Rubén siempre negó públicamente, pero es indudable que la destitución no hubiese ocurrido o no hubiera sido tan fulminante sin su intervención con el presidente. Las relaciones del gobernador con don Rubén, el poderoso Vocal de la Comisión del Río Balsas no fueron fáciles. El poder político de Figueroa opacaba notablemente a Nogueda Otero como gobernante, y aunque inicialmente el trato entre ellos fue “normal”, el distanciamiento inició, cuando en una ocasión don Rubén invitó al gobernador a entregar unos terrenos expropiados por el gobierno federal en la Costa Chica, cuyo propietario era un conocido terrateniente de esa zona apellidado Miller, quien de inmediato se había amparado jurídicamente en contra de la expropiación. Al saber que el propietario se encontraba amparado, Nogueda se niega a acompañar a Figueroa a entregar los terrenos a los ejidatarios, y don Rubén se molesta tanto, que le manda decir a Nogueda que con su presencia o sin ella la entrega se haría, pues él no tenía miedo de hacerlo.
A partir de ahí, el distanciamiento se ahondó cada vez más, facilitado por colaboradores torpes del gobernador Nogueda, como su secretario particular –y primo– Juan Nogueda Soto, a quien la prudencia y la discreción no lo caracterizaban y daba muestras continuas y públicas de su satisfacción por el secuestro de Figueroa, permitiéndose la libertad de hacer chascarrillos como éste: “Ya sabemos dónde está el ingeniero Figueroa”, decía Juan, y al interrogarlo con interés sus interlocutores preguntando dónde estaba, él contestaba, soltando una carcajada, “¡En el corazón de todos los guerrerenses!”
Hechos como éste, seguramente fueron del conocimiento del núcleo figueroista (pues al poderoso le sobran ojos y oídos mercenarios en todos los ámbitos) y después del mismo don Rubén, quien volvió a la libertad con claros signos del gran sufrimiento que soportó durante su secuestro. En ese entonces, la comunicación entre el gobernador y el candidato a la gubernatura se había perdido completamente. Es pues lógico pero no comprobable, que don Rubén Figueroa Figueroa, haya provocado la salida prematura de Israel Nogueda Otero del gobierno estatal, convirtiéndose éste en el sexto gobernador destituido de esta manera en un lapso de 50 años.

* Presidente de “Guerrero Cultural Siglo XXI”