Marcial Rodríguez Saldaña

Ayotzinapa, la tortura en México y la ONU

La tortura y los malos tratos a las personas que son aprendidas por las policías antes de que sean puestas a disposición de un juez son una práctica generalizada que genera impunidad en México, confirma el informe que acaba de rendir el relator sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
1. La tortura ha sido una acción connatural al Estado ejercida por los gobernantes desde los tiempos más remotos, que consiste en aplicar a alguien dolor físico o psicológico por parte de una autoridad o de cualquier persona bajo su protección. En la Roma antigua, el jurista Ulpiano la denominaba la quaestio era considerada como el tormento del cuerpo para obtener la verdad. Ya en la época moderna, la ONU en la declaración contra la tortura aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975, la define como “Todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a otras personas”.
2. Para prevenir y castigar la tortura, las naciones han creado instrumentos normativos internacionales, algunos generales como la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José, Costa Rica) , y algunos más específicos como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de todos los cuales México es signatario y tiene la obligación de cumplirlos.
3. En virtud de que la tortura es una práctica cotidiana en muchos países del mundo, la ONU a través de sus relatores rinde cada año informes respecto de la situación que guarda la tortura en distintas naciones, como es el caso de México, al que se le coloca como uno de los Estados en donde existe esta actividad del gobierno, la cual se considera generalizada, ya que existen pruebas de la participación activa de corporaciones policiacas y fuerzas armadas, así como la tolerancia e indiferencia de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.
4. El informe del relator de la ONU expresa una preocupación extrema por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa y la ejecución de seis personas el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde hubo evidencias de tortura, por lo que hace un llamado al gobierno de Peña Nieto para que implemente reformas estructurales en materia de seguridad, la lucha contra la corrupción y la protección a los derechos humanos, y emite recomendaciones para que reconozca públicamente la dimensión de la impunidad, hacer llamados enérgicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatales para que cualquier acción de tortura sea plenamente investigada y sancionada de acuerdo a las normas internacionales constitucionales y penales.
5. La reacción del gobierno de Peña Nieto, por conducto del secretario de Relaciones Exteriores frente al informe del relator de la ONU es muy deplorable, ya que rechaza hechos evidentes como los de Iguala-Ayotzinapa, alegando que la tortura en nuestro país no es una práctica generalizada, y justifica que México no es el único país que recibió recomendaciones, y que aquí se cuenta con todo un andamiaje jurídico institucional que asegura la protección a los derechos humanos. Sin embargo, una encuesta de Amnistía Internacional revela que México es el segundo país en el mundo en donde sus habitantes (67 por ciento) temen ser torturados en caso de ser detenidos. La tortura sigue siendo un mal endémico del Estado mexicano que sólo se extinguirá, con el cambio del régimen autoritario.

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