Tras discusión de dos horas, avanza en comisiones la Ley de Transparencia

*El martes se deberá debatir y aprobar en la sesión ordinaria del Senado

Jenaro Villamil / Agencia Proceso

Ciudad de México

Por unanimidad de los integrantes de las comisiones unidas, los senadores de todas las bancadas aprobaron el dictamen de la Ley General de Transparencia que modificó buena parte de los retrocesos y “candados” que se pretendían incorporar, sobre todo, en materia de derechos humanos, fideicomisos, sindicatos, partidos políticos y las limitaciones a la “prueba del daño”.
Tras dos horas de discusión, los integrantes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen que modificó el tema de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, tal como lo demandaron los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el nuevo artículo 115 se estableció que “no podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad”. Con esta redacción se atendió la petición del Ifai y se le mantiene la facultad exclusiva a la CNDH de calificar las violaciones graves.
También se mantiene la máxima apertura y acceso a la información en todos los fideicomisos y fondos, especialmente en el Fondo Mexicano del Petróleo, que manejará los recursos derivados de los contratos con privados en la industria energética.
Todos los contratos del sector petrolero y eléctrico con privados tendrán acceso a los ciudadanos que lo soliciten y también se establecen obligaciones para que los partidos políticos y sindicatos abran sus cuentas.
A pesar de los avances que modificaron los cerca de 80 “retrocesos” que había planteado la Conserjería Jurídica de Los Pinos, al borrador original que redactaron los senadores con las organizaciones civiles, aún quedaron algunos pendientes.
Por ejemplo, quedaron fuera de los comités de transparencia, las instancias que hacen inteligencia y contrainteligencia, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y los organismos correspondientes en la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina.
El senador Alejandro Encinas, consideró que se dio “un paso muy importante” tras dos años y medio de trabajo, tras la reforma constitucional en la materia.
El también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que se superaron temas como la “prueba del daño”, se incorporaron fondos y fideicomisos públicos y privados, y se estableció un esquema de rendición de cuentas para el Fondo Mexicano del Petróleo.
La senadora Laura Rojas, del PAN, también reconoció los avances y precisó que el acceso completo a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno es materia de la Ley de Responsabilidades Públicas.
El próximo martes se deberá debatir y aprobar en la sesión ordinaria del Senado.

Saluda el IFAI el avance de la ley

Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) se congratularon con la aprobación en el Senado de la República del dictamen de la Ley General de Transparencia.
En un comunicado, el Instituto consideró que este dictamen, aprobado en comisiones unidas, atiende las preocupaciones que en días pasados expresó el propio organismo y varias asociaciones civiles.
“(Los comisionados) expresan su reconocimiento a los integrantes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, por la atención y sensibilidad con la que actuaron al atender las propuestas de organizaciones sociales, instituciones académicas y de este instituto, para dar a las mexicanas y mexicanos una ley de vanguardia, congruente con el espíritu de la reforma constitucional en transparencia promulgada en febrero de 2014”, señala el comunicado.
El dictamen, detalló el IFAI, garantiza el derecho de acceso a la información en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
“El documento, que será enriquecido en un adéndum para ser discutido y votado por el Pleno de la Cámara de Senadores, trazará disposiciones progresistas y de avanzada, para que México continúe siendo referente internacional en normatividad e instituciones garantes de los derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales”, indicó el IFAI.

Aprueban ley para penalizar la ordeña ilegal de ductos

Para frenar la “ordeña” ilegal de ductos de gasolina y diesel, que ha representado un daño patrimonial de más de 2 mil millones de dólares, el Senado aprobó por 80 votos a favor y siete en contra la “Ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos” y que cataloga estos ilícitos como delincuencia organizada y establece penas que llegan hasta 35 años de prisión.
Las sanciones se establecerán de manera proporcional al daño causado y se considerarán responsables a todos los que participen en la extracción y venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos.
La norma establece penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo a quienes participen en la venta ilegal de gasolina y gas LP.
El dictamen establece que el daño patrimonial para la industria ascendió en 2011 a 23 mil 970 millones de pesos; en 2012, la cantidad se elevó a 33 mil 200 millones de pesos. Entre 2013 y 2014 estas cifras se calculan en 15 mil 300 millones.
El senador del PRI, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que tan sólo el año pasado se habló de un daño de 2 mil millones de dólares que se generó al erario nacional por este delito.
La senadora del PRD, Dolores Padierna, argumentó a favor de la iniciativa. Sostuvo que hubo avances importantes en esta ley, en especial, modificaciones para que se exentara de la clasificación de sabotaje a las manifestaciones e inconformidades en contra de la privatización del sector energético.
Por su parte, la senadora María del Pilar Ortega, del PAN, descartó que la nueva ley aliente un régimen especial a favor de las empresas privadas. Afirmó que también se dará mayor certeza jurídica a los mexicanos.

Difieren senadores sobre la ley de desaparición forzada

Los senadores Angélica de la Peña, del PRD, y Omar Fayad, del PRI, difirieron sobre los plazos para procesar la normatividad en materia de desaparición forzada.
Al término de una reunión privada con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la primera consideró necesario avanzar en el actual periodo de sesiones.
Anunció que en aproximadamente ocho días presentará una iniciativa de reforma constitucional al Artículo 73 fracción 21, para posibilitar la expedición de una Ley General Contra la Desaparición Forzada.
“En el inter podemos con toda tranquilidad ponernos de acuerdo de cómo pueden ser los articulados, los títulos y capítulos de la ley general. Si no hay una reforma constitucional en vigor, no podemos hacer una ley general. Entonces yo creo que perfectamente podemos en este periodo sacar la reforma constitucional y posteriormente podemos ponernos a trabajar en la ley general en lo que la reforma constitucional sigue su curso”, indicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Sin embargo, Fayad consideró prudente esperar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario, que estarán listas en al menos seis meses, para aterrizar dicha norma.
“Yo no siento que, si bien es importante y urgente, no siento que debamos apresurarla tanto de tal suerte que ni siquiera esperemos a recibir las recomendaciones que este Grupo Interdisciplinario de la CIDH tenga que hacer.
“Más bien diría, espero que los grupos sigan trabajando. Finalmente creo que va ocurrir lo que ha ocurrido con otras leyes, y sobre todo cuando se requiere una reforma constitucional; habremos de buscar el consenso de todos grupos políticos”, apuntó Fayad.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado consideró que hay coincidencias entre las distintas bancadas.