Margarita Warnholtz

La Ley General de Aguas y su afectación a los pueblos indígenas

Aunque la Cámara de Diputados haya pospuesto la discusión sobre la Ley General de Aguas, el tema sigue tratándose en las redes sociales y en los medios, pues nada indica que no la vayan a aprobar como está. Diversos especialistas han planteado reiteradamente qué implica la privatización del líquido, el alza de tarifas, la generación de desequilibrios ambientales, etcétera. Eso sí, garantiza el “derecho humano al agua”, a 50 litros diarios por persona (¡dos cubetas y media!). Pero además de todo lo anterior, es una ley más que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas.
Su artículo 8 define como “de utilidad pública”, entre otros, el uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos, y en ninguna parte de la mencionada iniciativa se hace referencia al derecho a la consulta previa, libre e informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto quiere decir que cualquier comunidad indígena que esté localizada donde quieran poner una presa hidroeléctrica puede ser inundada o despojada de su territorio, quedando prácticamente sin posibilidad de defenderse jurídicamente. O sea que podrán simplemente desaparecer del mapa a una gran cantidad de comunidades de todo el país.
En la lista de “conflictos” registrados por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), hay ocho casos relacionados con la construcción de presas en seis estados de la república; por otro lado, solamente en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, están programadas por lo menos cuatro hidroeléctricas, contra las cuales está peleando la población indígena de la zona.
En lugar de dedicarse a registrar conflictos o intentar solucionarlos individualmente, la CDPIM debería estar actuando a favor de los pueblos indígenas en este asunto, pero el comisionado Jaime Martínez Veloz no sólo no se ha pronunciado al respecto, sino que seguimos esperando la iniciativa de ley indígena que ofreció en diciembre de 2013, o la famosa “armonización legislativa” que en febrero del año pasado ofreció que estaría terminada para septiembre (aquí http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/01/10/nueva-iniciativa-de-ley-indigena-ahora-si-va-en-serio/ y aquí http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/02/28/los-derechos-indigenas-tienen-que-estar-en-la-ley/ tratamos esos temas en su momento).
Como para que no se diga que no interesan los pueblos indígenas, y parece ser que sin darse cuenta de que es paternalista y hasta insultante, el artículo 45 de la iniciativa de la Ley General de Aguas, en su segundo párrafo dice: “(Los órdenes de gobierno) asimismo, deben asegurar el acceso al agua a pueblos y comunidades indígenas, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, repatriados, presos y detenidos, así como en zonas rurales y urbanas desfavorecidas”. O sea que, en síntesis, ¿les garantizarán sus dos cubetas y media de agua diarias (eso si es que algún día llega el agua entubada a todas las comunidades) a cambio de inundarles sus pueblos para generar electricidad? ¿O de desviar el curso de sus ríos, a conveniencia de las mineras, por ejemplo? (el trasvase también es causa de utilidad pública).
Parece ser que, si la aprueban, la Ley General de Aguas nos va a perjudicar a todos pero, como siempre, más aún a los pueblos indígenas.

* La autora es etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Lleva más de 20 años trabajando con organizaciones y comunidades indígenas, principalmente en cuestiones de comunicación. Desde 2006, escribe en prensa sobre el tema, y ha colaborado en Excélsior y Milenio y actualmente en el portal de noticias y análisis Animal Político. A partir de hoy, cada viernes escribirá en este espacio sobre los pueblos indígenas, sus problemas pero también de las soluciones que plantean; de sus empresas, sus saberes, sus escritores, de su situación en general y también del actuar de las instancias gubernamentales hacia este sector, que representa el 15 por ciento de la población nacional.