Ordena la CIDH al gobierno mexicano proteger la vida de Norma Mesino y de diez miembros de su familia

Antes, la Segob había determinado improcedentes las medidas cautelares.  El martes determinarán qué acciones se adoptan, informa la dirigente de la OCSS

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A tres meses de que la Secretaría de Gobernación (Segob) negó medidas cautelares para la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno mexicano que adopte mecanismos para proteger la vida de la luchadora social y de diez integrantes de su familia.
En consulta telefónica, Norma Mesino Mesino indicó que este martes está prevista una reunión en la Ciudad de México con integrantes de la Segob, un representante de la CIDH, así como de la Fiscalía General de Estado de Guerrero y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para hablar de los mecanismos de protección, porque distinto a gobierno federal, el organismo internacional determinó que su vida sí está en riesgo.
Recordó que en noviembre de 2014, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, demandó al gobierno federal medidas cautelares para defensoras de derechos humanos y periodistas del país, entre ellas la líder de la OCCS, cuya familia ha trabajado por décadas en la defensa de los derechos de los campesinos.
Desde el homicidio de su hermana, Rocío Mesino, en octubre de 2013, Norma ha exigido el esclarecimiento del caso y mantiene las demandas de justicia en las agresiones del Estado a los movimientos sociales, desde la masacre de Aguas Blancas en 1995.
El 11 de diciembre de 2014, por escrito, la Segob notificó a Norma Mesino Mesino que su solicitud de medidas cautelares no procedió, de acuerdo con el análisis preliminar y la entrevista que le hicieron en la región.
Mesino precisó que en este momento tiene policías estatales asignados, pero no les tiene confianza, se siente vigilada y los uniformados no tienen noción de lo que implican las medidas cautelares.
El 25 de febrero pasado, la CIDH solicitó a México la adopción de medidas cautelares a favor de Norma Mesino Mesino y sus familiares para que pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, pidió que informe sobre acciones adoptadas, a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.
La luchadora aclaró que no confían en policías estatales ni federales, y en el gobierno de Ángel Aguirre, tenían el acuerdo con él de capacitar como policías a cinco personas de confianza de su familia, para que fueran ellos los que se encargaran de su seguridad. Aseguró que estas personas tomaron los cursos y aprobaron los exámenes de confianza, pero fueron enviados a las regiones a hacer servicios de seguridad pública.
Denunció que el gobernador Rogelio Ortega Martínez, se negó a recibirlos para destrabar este y otros temas pendientes, como la investigación del homicidio de Rocío Mesino, y el caso de Orlando Ávila Mesino, preso en el penal de Acapulco, por los mismos delitos que detuvieron a Rocío Mesino, pero ella fue absuelta a los pocos días de su detención.
Añadió que sólo los atendió la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda Rivera, el 14 de enero. Se programó una reunión con el gobernador el 22 del mismo mes, pero cuatro horas después de la hora fijada, les dijeron que no habría encuentro.
“Tenemos un gobierno muy indolente en cuestión de atención, tenemos una demanda sobre la mesa y la misma denuncia la hicimos en la mesa paralela en Naciones Unidas, de que nos criminalizan los gobiernos y nos ponen (a los luchadores sociales) en mayor riesgo”.
Añadió que hizo esta misma denuncia en una sesión de la Oficina de Desapariciones Forzadas de la ONU,  en Ginebra, Suiza el 9 de marzo pasado, y ratificó que seguirá luchando por el acceso a la justicia, a participar en plena condición de igualdad, a tener una vida digna y por el derecho a tener una muerte digna también.