Apoyará Reino Unido a ONG en sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho en Chiapas

*La embajada británica adelanta que pretenden ampliar sus actividades a Guerrero y Oaxaca

Agencia Reforma

Bruselas / Tapachula

El Gobierno del Reino Unido anunció que acompañará durante este año a la organización no gubernamental Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) en sus esfuerzos por fortalecer el estado de derecho en Chiapas.
“El objetivo es que se adquieran capacidades para litigar en el nuevo sistema acusatorio y que actúen en el sistema conociendo los tratados internacionales de derechos humanos”, dijo el Director General del organismo, José Gutiérrez Román.
El programa contará con el apoyo de 23 mil libras que serán canalizadas a través de la embajada de Gran Bretaña en México, y servirán para dar continuidad a los trabajos en curso de Asilegal en Chiapas.
“Los recursos serán usados para capacitar a operadores del sistema de justicia penal, como jueces, ministerios públicos, fiscales y abogados de oficio”, sostuvo Román.
También habrá talleres de capacitación dirigidos a estudiantes de derecho, periodistas y defensores de derechos humanos.
El programa se aplicará en Comitán, Chiapas, y de la capacitación se beneficiarán un total de 80 operadores del sistema de justicia de San Cristóbal, Villa Flores, Tapachula, Tuxtla y Puchicalco, entre otros municipios.
“Esperamos que éste sea el inicio de una mayor colaboración con el Reino Unido, tenemos pensado ampliar actividades a Guerrero y Oaxaca, las otras entidades más abandonadas y rezagadas en la aplicación de la reforma al sistema de justicia penal”.

Explotan en Chiapas a mujeres migrantes

Los bares y cantinas de Chiapas explotan laboral y sexualmente a las mujeres migrantes, acusan organizaciones civiles en la entidad.
En estos negocios -que han incrementado su presencia en el estado- las indocumentadas, principalmente centroamericanas, son víctimas de abuso por parte de los propietarios, según ha documentado el Centro de Dignificación Humana A. C.
Luis García Villagrán, coordinador del organismo, asegura que en estos sitios se obtienen ganancias millonarias a costa de las mujeres mediante el llamado ficheo.
La semana pasada la ONU Mujeres y organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe sobre la condición laboral de las trabajadoras migrantes centroamericanas en el que se exhibe que en Chiapas sufren explotación, violación a derechos humanos y otros abusos.
Según el informe “Las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas. Recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio de sus derechos”, diariamente se registra en la frontera sur el cruce de 223 mujeres.
En el estudio observaron que la mayor parte de mujeres migrantes labora de manera irregular y en sectores de la economía informal, con salarios bajos y sin reconocimiento en su desempeño.
Las mujeres migrantes, agrega, se encuentran en labores donde pueden enfrentar mayor discriminación y abusos como el trabajo doméstico, recolección de productos agrícolas, comercio ambulante, trabajo sexual, entre otros.
García Villagrán explicó que en los bares y cantinas, donde son empleadas, las mujeres son obligadas a ingerir bebidas embriagantes con los clientes.
“Esa es una forma de esclavitud. La dignidad de las mujeres es pisoteada”, expresó el activista.
Denunció que a pesar de que el ficheo es tipificable como una forma de trata de a cuerdo a la ley en la materia, en el estado los bares y cantinas laboran en la impunidad.
Según cifras de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, en los últimos cinco años han sido rescatadas 491 víctimas de trata y consignado a 292 personas acusadas de ese delito.
Sin embargo para el activista el combate a la trata en la entidad es deficiente, pues aunque en algunos casos las autoridades detienen a los encargados de estos sitios de ficheo, que son empleados, los propietarios continúan en la impunidad.
Incluso, dijo, hay casos en los que víctimas de trata han sido acusadas del delito. Así lo ha documentado el organismo que lleva la defensa de ocho casos de este tipo.
Sus condiciones de indocumentadas, ha obligado a estas mujeres a trabajar en estos sitios. Tal es el caso de Aracely, una joven hondureña de 22 años que llegó a Tapachula hace cuatro años. Trabaja de mesera en el bar El Palomar junto a otras 14 migrantes.
Sus ingresos diarios van de 500 a más de mil pesos. Pero todo los días tiene que emborracharse.
Cuenta que los clientes las manosean y nunca falta el que la quiera llevar a la cama.
Estas circunstancias, según el activista, provocaron el año pasado la muerte de seis meseras a manos presuntamente de clientes que intentaron forzarlas a tener sexo.