Abelardo Martín M.

¿Y si se les pasa la mano y se les muere el paciente…?

Con mayor frecuencia de la deseable, el remedio resulta ser peor que la misma enfermedad. Se tiene la presunción de que las medicinas y el tratamiento para un paciente grave pueden resultar letales, tanto como si se buscara lo contrario, para agravar la situación.
Guerrero es un foco rojo de cara a las elecciones del 7 de junio. Hoy en día, es inadmisible que haya quienes, por la vía de la violencia o violentando el derecho, pretendan afectar el proceso electoral.
El argumento de quienes se oponen a la realización del proceso electoral en la entidad, por el que han solicitado a los funcionarios de casilla que rechacen la asignación o que no instalen las casillas el 7 de junio, es porque, para ellos, la clase política guerrerense tiene una fuerte “vinculación con el crimen organizado”.
El pobre INE, convertido en institución Montessori, con toda seguridad no puede con el paquete, no digamos con una elección normal, mucho menos una complicada. Estas afirmaciones temerarias del vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, tienen en jaque la estabilidad del proceso electoral y generan mayor ingobernanza en el estado.
Por ello, el Instituto Nacional Electoral solicitará al gobierno federal que proporcione seguridad especial de la Policía Federal a los candidatos a gobernadores de Guerrero de todos los partidos.
Así lo dio a conocer el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, quien reveló que fue un acuerdo tomado a partir de una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el jueves pasado.
Explicó que se acordó que sea el INE el que haga la solicitud este mismo martes o en los próximos días y argumentó que sólo habrá protección de la Policía Federal a los candidatos a gobernador, porque ampliarlo a los que van por diputaciones locales, federales o alcaldías es muy complejo y requiere un número considerable de uniformados.
Empero, en el contexto de este complicado proceso electoral sigue firme la campaña para que no haya elecciones en la entidad por parte de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Ellos se centran en el convencimiento a la autoridad de que no se instalen las casillas, y en el llamado a la gente a no votar o a anular su voto, al menos durante este último mes en el que visitan universidades y dialogan con gente al respecto.
Sin embargo, el vocero de los padres de familia de los 43 desaparecidos señaló que la postura de la Asamblea Nacional Popular (ANP) —compuesta por 80 organizaciones que exigen justicia— es que se eviten las elecciones de este año.
“Es un delito federal, pero es más delito federal matar estudiantes, matar gente de las comunidades. En este país no hacen nada para castigar a los culpables, ellos saben que lo hicieron”, aseguró.
En paralelo, en días pasados partió una caravana de padres y defensores de derechos humanos a Estados Unidos, quienes pretenden llamar a los mexicanos que radican en ese país a abstenerse de solicitar sus boletas para votar el próximo 7 de junio: “El movimiento se los va a agradecer bastante”.
En la gira, acudirán a ciudades como Nueva York y Washington, y se entrevistarán con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional; también asistirán a universidades para exponer los motivos de su demanda: “Aquí en Guerrero se pretende que no haya elecciones, que no haya instalación de las casillas, pero la gente confunde boicotear con el llamado a no ir a votar”.
Aunque las acciones para evitar las elecciones se concentran en pláticas en universidades dirigidas a estudiantes, a maestros, mítines informativos y marchas donde se explica el porqué están en contra de que se realicen los comicios.
Para el país el proceso electoral es un riesgo, pero es más una oportunidad para seguir trabajando para que se restablezca la unidad y la paz… No es mucho pedir.