Rousseff presenta un plan anticorrupción acuciada por Petrobras y baja en su imagen

*Cae la tasa de aprobación del gobierno de la presidenta brasileña al 13 por ciento, según una encuesta. Renuncia el ministro de Educación tras roces con el Congreso

EFE / DPA

Brasilia

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, acuciada por masivas protestas, un escándalo en la estatal Petrobras y una estrepitosa caída de su popularidad, presentó ayer unas nuevas medidas para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad.
“Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, para quien el Estado tiene el deber de “investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva”, incluso para “garantizar la protección de los inocentes”.
Por las corruptelas en Petrobras, que salpican también a 18 empresas privadas, están bajo investigación 50 políticos, entre los que figura el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por supuestas maniobras dirigidas a obtener dinero de la estatal para financiar campañas de esa formación.
Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, va en esa dirección y tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que hoy sólo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
“Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias”, declaró Rousseff, cuyo gobierno fue blanco el pasado domingo de multitudinarias protestas contra la corrupción y también por la delicada situación económica del país.
Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.
También se propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.
Asimismo, se pide revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso.
Otra de las medidas anunciadas reglamenta una ley contra la corrupción ya aprobada en las cámaras y referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.
Por otro lado, la tasa de aprobación del gobierno de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, cayó al 13 por ciento cuando aún no se cumplen tres meses del segundo período presidencial para el que fue reelegida en octubre pasado, según una encuesta difundida ayer por la empresa Datafolha: la tasa de brasileños que considera “pésima” la gestión de la presidenta se elevó al 62 por ciento.
Por otro lado, menos de tres meses después de iniciar su segundo mandato, Rousseff, debió aceptar ayer la primera dimisión de un ministro: el titular de Educación, Cid Gomes, renunció al cargo tras protagonizar duros roces con la base oficialista en el Congreso.