Jorge G. Castañeda

En el caso Aristegui, el que más pierde es Peña

En el caso Aristegui existen dos vertientes: la contractual/laboral, y la política. A mí me faltan elementos para juzgar la primera. No sé qué de lo que hicieron Aristegui y sus colaboradores violó o no el contrato de prestación de servicios que firmó con Joaquín Vargas. Huelga decir que menos sé si Vargas puede dar por terminada la relación laboral como lo hizo. Opinar sobre este aspecto resulta difícil, ya que si todo esto importa –la supuesta utilización que hicieron del logo de MVS para incorporarse al portal de Mexicoleaks, como el de la empresa, la acusación de un abuso de confianza, y luego la afirmación de un término de relación contractual– no está claro.
La vertiente política es más evidente, aunque sigue siendo un enigma. Parece inverosímil que el gobierno de Peña Nieto, con tanto problema enfrente, se echara otro muertito encima: Aristegui despedida, el fin de la libertad de expresión en México, etcétera. Parecería más probable, aún creyendo que este gobierno ha dado muestras de gran insensibilidad, que la decisión fue de Vargas y sólo de Vargas. En todo caso, el gobierno simplemente la dejó pasar. La otra explicación se antoja improbable: el gobierno alentó a Vargas para que utilizara el posible error de Aristegui, para deshacerse de ella y liberar a Enrique Peña Nieto de su incesante lata.
Lo que sí parece evidente es que el costo lo paga el gobierno, y sólo el gobierno. Aristegui sale ganando; Vargas pierde pero no tanto porque a estas alturas le convenía más prescindir de ella; su público pierde quizás; la libertad de expresión en México tal vez; la imagen de México en el mundo pierde muchísimo; pero el que más pierde es Peña.
No tengo la menor idea si el gobierno es culpable de la salida de Aristegui, pero creo que es responsable del daño que se está infligiendo. Por tanto, debe hacer una de dos cosas o de preferencia ambas: aclarar categóricamente que no tuvo nada que ver y que Eduardo Sánchez no intercambió ninguna palabra, correo electrónico, twitt, sms, o messenger de facebook con Joaquín Vargas, su antiguo jefe; o asumir que aunque no haya tenido nada que ver, quien paga más el costo es el mismo gobierno y por ende quien debe arreglarlo, utilizando los recursos de arbitraje o de ombudsman que parece existen en el contrato, es el gobierno. O hacer ambas cosas, convenciendo de lo primero y cumpliendo en lo segundo.
A estas alturas es obvio que, atentado contra la libertad de expresión o no, metida de pata o no, se trata de un nuevo frente que abre el gobierno, un gobierno que ya ha abierto demasiados sin canicas para tantos.