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Marcial Rodríguez Saldaña

La rebelión judicial

Más de una semana se ha cumplido de que la mayoría de los juzgados pertenecientes el poder Judicial del estado de Guerrero se encuentran cerrados, toda vez que los trabajadores administrativos, secretarios, actuarios y proyectistas demandan con justa razón el cumplimiento de la firma de una minuta en donde se les reconocen algunos derechos laborales.
1. En abril del año pasado, los trabajadores del poder Judicial en nuestro estado iniciaron un movimiento en torno a sus reivindicaciones laborales mediante la paralización de los juzgados y marchas en las principales ciudades de la entidad, el cual concluyó con la firma de una minuta en septiembre de 2014, que contiene el compromiso de aumentarles su salario en un 35 por ciento –en razón de que tienen varios años sin recibir ningún incremento salarial–, implementar el servicio civil de carrera –para que el ingreso al poder Judicial sea mediante concurso por méritos profesionales y no como se ha venido realizando, por influencias familiares.
2. Ante la falta de cumplimiento de los acuerdos ya firmados en una minuta por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, avalado por el pleno de los magistrados y los trabajadores, y de darle largas a los compromisos pactados, los trabajadores de la mayoría de los juzgados han reiniciado su lucha paralizando nuevamente las labores, por lo que se encuentra suspendida una de las funciones fundamentales del Estado que es la impartición de la justicia, ya que no hay audiencias para darle seguimiento a los asuntos en trámite ni acceso a la justicia de nuevas controversias jurisdiccionales.
3. La postura de los representantes del poder Judicial –presidenta del tribunal y magistrados– ante este movimiento de los trabajadores ha sido la de darle largas al asunto, de no resolver los acuerdos ya signados en la minuta, con la cual se comprometieron a cumplir en los aspectos salariales y en otros que no tienen que ver con dinero, sino más bien con voluntad política, como es la aprobación de reglamentos para el establecimiento de la carrera judicial y el de escalafón que permita determinar las normas administrativas para los ascensos de todos los trabajadores del poder Judicial en Guerrero.
4. Ante la justa exigencia de los trabajadores que demandan el cumplimiento de la minuta que permitió la culminación de la parálisis de los juzgados el año pasado, los representantes del poder Judicial, en vez de propiciar el diálogo y buscar resolver el problema han respondido en forma autoritaria buscando que se desaloje por la fuerza a los trabajadores en paro, presentando denuncias penales y levantando actas de abandono de empleo a los más de mil trabajadores que se encuentran en el movimiento, lo cual en vez de buscar una solución al conflicto tenderá a agravarlo, en perjuicio de la administración de justicia en el estado de Guerrero.
5. Ante este grave conflicto en el poder Judicial del estado, se observa una falta de interés de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, los cuales están obligados a intervenir para facilitar una solución expedita a este problema. Los trabajadores en paro exponen que no cuentan con las prestaciones sociales esenciales, como seguro médico, jubilaciones y pensiones. Es hora de que se haga una revisión a fondo de lo que pasa en el poder Judicial de Guerrero, que se transparente plenamente el presupuesto público que ejerce, que se otorguen salarios decorosos a sus trabajadores y las prestaciones sociales fundamentales, que se profesionalice el ingreso y los asensos para que, con todo ello, los guerrerenses tengamos un digno sistema de impartición de justicia.

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Twitter: @marcialRS60

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