Gaudencio Mejía e Iván Pedroza

El caso Tlatlaya, otro agravio para Guerrero

Durante ocho años, la estrategia de combate armado al crimen organizado de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto ha alimentado la mayor parte de la llamada nota roja, es decir, los reportes que explotan la crueldad y sacian el morbo. Hoy las noticias nacionales y la nota roja se han convertido en lo mismo.
Por ello, a muy pocos llamó la atención la noticia de que, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad pública de la federación y el gobierno local en el Estado de México a partir de abril de 2014, se había suscitado un hecho violento el 30 de junio en el cual 22 personas murieron y un soldado resultó herido en torno a una bodega ubicada en una zona escasamente poblada de la Tierra Caliente donde había tres personas secuestradas.
Por casi tres meses, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del Estado de México difundieron la versión de que lo ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de San Pedro Limón había sido un enfrentamiento. El gobernador Eruviel Ávila incluso felicitó a los efectivos militares por su “acción decidida y contundente”. Sin embargo, diversas investigaciones periodísticas en diversos medios nacionales e internacionales obligaron a un giro radical en el tratamiento del asunto al afirmar que se trató de un fusilamiento.
Además de una parte significativa de la opinión pública, diversos organismos nacionales e internacionales señalaron que los indicios de lo ocurrido en dicha bodega apuntaban a una serie de “ejecuciones extrajudiciales”, como definen los tratados internacionales de Derechos Humanos a aquellos actos en que autoridades privan de la vida a personas sin que exista proporción entre el peligro que representan y la acción gubernamental. Recordemos que en un país donde se ha abolido la pena de muerte como el nuestro, el Estado no puede imponer en ninguna circunstancia el asesinato como sanción o castigo.
Ocho meses después, gracias a los testimonios de las víctimas, la revisión de las evidencias por peritos, y las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones, sabemos que sólo existe certeza de que como máximo siete personas habrían muerto en una refriega, pues 15 presentaron huellas de haber sido ejecutadas, o bien fueron desplazadas de su ubicación, presumiblemente para simular una escena de intercambio de disparos. También sabemos que las tres sobrevivientes soportaron torturas e intimidaciones con el objeto de que no divulgaran lo que verdaderamente ocurrió. Dos de esas mujeres, que presumiblemente eran trabajadoras sexuales, permanecieron en el penal federal de Nayarit hasta mediados diciembre.
La irritación social ante el caso Tlatlaya y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, entre otros casos recientes, ha desgarrado el manto de impunidad, complicidades y ocultamiento con el cual la actual administración pretendía anular los problemas irresueltos y concentrar la atención pública hacia el supuesto éxito de las reformas oficialistas.
Si bien el epicentro de la protesta por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa ha sido el estado de Guerrero, cabe mencionar que no ha habido una reacción considerable en el caso Tlatlaya en esta entidad. Como ha revelado la CNDH, 18 víctimas eran originarias de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Arcelia, Guerrero; una de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, y dos continúan sin identificar, pero presumiblemente son originarios de la región de La Montaña.
La región de la Tierra Caliente, donde confluyen Guerrero, el Estado de México y Michoacán es un escenario de disputas entre bandas del crimen organizado, las cuales en ocasiones han esclavizado u obligado a las personas a participar en actos delictivos. De acuerdo con la CNDH, entre seis y siete de las personas fallecidas podrían haber sido víctimas de secuestro o de trabajos forzados por un grupo criminal.
Por la presunta actividad criminal de algunas de las personas masacradas en Tlatlaya, así como por la permanente intimidación de fuerzas armadas, de seguridad y grupos de poder, ha sido imposible que se recaben datos suficientes y que se pueda reparar a los deudos como corresponde a víctimas de violaciones a derechos humanos de acuerdo a la ley, independientemente de que sus familiares hayan incurrido en ilícitos o no.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha informado que se brindan diversos tipos de atención a las sobrevivientes y familiares; sin embargo, no se ha recibido la solicitud para tener acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Considerando que la mayoría de las personas asesinadas eran originarias de Guerrero, es fundamental que sus familiares se acerquen a la Comisión Ejecutiva, de manera personal, segura y confidencial.
Si entre las y los lectores de El Sur se encuentra alguna víctima directa o indirecta, o conocen a alguna, los datos de contacto de la CEAV son el teléfono gratuito 01 800 8428462, o al (55) 10002000; por Facebook: www.facebook.com/CEAVmex; por Twitter: @ceavmex; por su página web: www.ceav.gob.mx, o bien en sus oficinas en Av. Ángel Urraza No. 1137, esquina Pestalozzi, colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP 03100, Distrito Federal.

* Los autores son asesores parlamentarios en derechos humanos de la Cámara de Diputados.