Limitan investigación del crimen de la periodista de Proceso a entorno y amigos

Agencia Proceso

Xalapa

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) ha limitado la investigación sobre el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, asesinada el pasado 28 de abril en su casa, al entorno y al círculo de amigos, denunció la abogada Claribel Guevara.
Integrante del despacho Aroniz y Asociados, Guevara es la abogada defensora de la periodista Norma Trujillo Baez, y fue citada por las autoridades ministeriales a declarar en torno al crimen.
La litigante lamentó que las autoridades de Veracruz no estén investigando los hechos que se registraron el día del asesinato y de los cuales Regina Martínez dio parte en sus reportes periodísticos la revista Proceso.
Ante reporteros, Claribel Guevara denunció que la PGJE sólo “le da vueltas” al crimen de Regina Martínez, pues únicamente ha citado a declarar a periodistas, sin centrarse en los hechos ocurridos hace más de mes y medio.
“Hay lentitud de la fiscalía y falta de investigación concerniente al día del asesinato”, expresó Guevara.
Reveló que la Procuraduría ha indagado entre los periodistas si la revista Proceso le pagaba puntualmente sus honorarios a Regina Martínez.
“Es una cuestión que nada más están dándole vueltas, a lo que era su vida, pero no están llegando a los hechos. Deberían de investigar más en el día de los hechos, ¿no?, es un reclamo del sector del periodismo, pero también de la población, que se vea que se esclarezcan los hechos”, reiteró.
Al igual que Norma Trujillo, varios reporteros han sido llamados a declarar por el asesinato de Regina Martínez, varios de ellos se han quejado de las largas horas que tienen que pasar en el interrogatorio, incluso a varios les han tomado placas dentales, pues hay una línea de investigación, que señala que el cuerpo de Regina Martínez fue hallada con varias mordidas.
Al respecto, la encargada del despacho Arroniz y Asociados dijo que las autoridades de la PGJ están más interesadas conocer quiénes eran los amigos de Regina Martínez, que en investigar sobre la labor periodística que realizaba la corresponsal de Proceso.
El 27 de abril, Regina Martínez, envió a la agencia Apro sus dos últimas colaboraciones antes de que fuera asesinada: Reportó el homicidio –en circunstancias similares al que ella sufriría un día después—, del líder social perredista Rogelio Martínez de la Cruz, en Veracruz, y la captura de nueve policías en Tres Valles, ligados al narcotráfico.
“No hay una adecuada estrategia para buscar el trasfondo que nos ocupa. Hay una investigación abierta para el efecto de esclarecer el homicidio de una persona, es decir, se está elaborando más que nada interrogatorios alrededor para ver el vínculo que tenía Regina con estas personas, su círculo amistoso, pero nada de verdad que aporte a la investigación”, señaló Claribel Guevara.
El pasado 7 de junio, día de la Libertad de Expresión un grupo de agentes ministeriales correteó a Norma Trujillo por calles de la ciudad de Xalapa, Veracruz, para entregarle un citatorio de presentación en la Procuraduría General de Justicia para declarar en torno al asesinato de Regina Matínez, ocurrido el pasado 28 de abril.
La forma poco ortodoxa de entregarle el citatorio a Norma Trujillo causo indignación en la prensa de Veracruz; varios columnistas lo interpretaron como un hecho de intimidación, pues la reportera de La Jornada Veracruz, fue una de las organizadoras de una marcha para protestar contra la ola de asesinatos de periodistas en el estado y que se mantienen en la impunidad.

ONG condenan asesinatos de periodistas en Veracruz

Decenas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, incluida la ONU, condenaron por separado la imparable violencia contra periodistas mexicanos; exigieron al gobierno de Felipe Calderón y a los gobiernos estatales esclarecer los hechos y salvaguardar la integridad de los comunicadores.
Las organizaciones internacionales reprobaron las agresiones contra el gremio periodístico, sobre todo en Veracruz, donde el pasado 14 de junio fue asesinado del reportero Víctor Manuel Baéz Chino.
En Ginebra, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, expresó su “preocupación por el dramático incremento de la violencia contra las y los periodistas, en particular en México”.
Durante la inauguración de la XX sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay se refirió al asesinato de Baéz Chino, periodista del portal www.reporterospoliciacos.mx y de la sección policial del diario Milenio el Portal de Veracruz, así como al hallazgo, el 18 de mayo, del cuerpo sin vida de Marco Antonio Ávila García, reportero de El Regional, de Sonora, quien fue levantado en la víspera en Ciudad Obregón.
Ambos hechos, consideró la representante de la ONU, “constituyen actos criminales de extremo y negativo impacto contra el gremio periodístico mexicano que incrementan la dimensión del riesgo en el que ejercen su profesión, lo cual vulnera el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
Tras exigir “investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales”, el representante de Navi Pillay en México, Javier Hernández Valencia, resaltó que la reciente reforma constitucional que obliga al gobierno federal a atraer las investigaciones de los crímenes contra la libertad de expresión “necesita seguir siendo priorizada”.
En tanto, Amnistía Internacional, puntualizó que el reciente crimen de Baéz Chino, que se suma a otras agresiones contra periodistas en Veracruz, “demuestra que las autoridades tanto a nivel federal como estatal, no han sido capaces de acabar con la impunidad en los casos de ataques” contra este sector, “ni parecen dispuestos a hacerle a las y los periodistas protección efectiva de acuerdo con sus necesidades”.
La prueba de esto último, añadió Amnistía, lo ilustra el secuestro temporal de la periodista Stephanía Rodríguez Cardoso y de su pequeño hijo de dos años, en Saltillo, Coahuila, quien el 15 de junio se comunicó a una estación de radio pidiendo ayuda al gobierno federal, pero hasta este lunes 18 no se le había proporcionado.
Todos estos acontecimientos, continuó la organización en su comunicado, demuestran “la vulnerabilidad de las y los periodistas y defensores de derechos humanos”, por lo que coincide con el representante de la ONU en México de decretar la ley en la materia.
La organización se sumó a la exigencia de esclarecer el homicidio de Baéz Chino.
Desde París, Francia, Alison Meston, directora de Libertad de Prensa de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), declaró que “cada muerte de un periodista es un golpe a la esencia de la democracia”.
Recordó que junto al cuerpo inerte y mancillado del periodista de Xalapa, Veracruz, había un mensaje que decía “Esto es lo que sucede a quienes traicionan y quieren ser inteligentes, atentamente Los Zetas”.
La defensora de WAN-IFRA apuntó que “la total impunidad de la que gozan los autores de estos delitos en México, plantea serias dudas sobre la compresión por parte de las autoridades mexicanas de la democracia”.
Anthony Mills,  subdirector del Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), opinó que el crimen contra Báez Chino demuestra la falta de protección de las autoridades al derecho de los comunicadores a informar con libertad y seguridad.