Advierte Amnistía omisión de la PGR sobre altos mandos militares por el caso Tlatlaya

La organización sostuvo que los militares de alto mando posiblemente no jalaron el gatillo, pero sí encubrieron lo que sucedió en la bodega donde fueron ejecutados los civiles, en una presunto operación contra el crimen organizado

Agencia Reforma

Ciudad de México

La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre la omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) en investigar a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el caso de la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Perseo Quiroz, representante de AI en México, afirmó ante diputados que en la investigación a los militares involucrados no hay nadie de los altos mandos.
“Vemos que el hilo en México siempre revienta por lo más delgado. Si bien es cierto que hay 7 militares investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios hacen suponer, por lo menos, que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso”, sostuvo.
Quiroz comentó que los militares de alto mando posiblemente no jalaron el gatillo, pero sí encubrieron lo que sucedió en la bodega donde fueron ejecutados los civiles, en un presunto operativo contra el crimen organizado.
El representante recordó que de acuerdo a investigaciones periodísticas y lo averiguado por organizaciones independientes, se reveló que la discursiva oficial de lo sucedido no fue cierta.
“Ahí tenemos que ser muy claros en que la PGR debe investigar justamente cuál es el involucramiento de los altos niveles de mando y esto no sólo lo dice Amnistía Internacional, sino que está en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo en su intervención durante una reunión con diputados del grupo de trabajo que da seguimiento al caso.
“Sí hay que sancionar a los que ejecutaron directamente las violaciones a Derechos Humanos, pero también a aquellos altos mandos que estuvieron al tanto de estos temas y no hicieron nada para detener el acto o para consignar el acto, si es que hubo algún desacato”.
Quiroz agregó que es muy importante que los diputados supervisen la actuación de la PGR en este caso y se llame a cuenta a las autoridades para que expliquen el estado de avances en la investigación, con base en el principio constitucional de máxima publicidad.
A su vez, en la misma reunión, Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, afirmó que la ejecución en Tlatlaya es consecuencia de que el Ejército siga en las funciones de la seguridad pública.
Quiroz expresó que es grave que la comisión de diputados que da seguimiento al caso ni siquiera haya podido acceder a información documental por parte de las autoridades federales.
“Cuando leemos el reporte preliminar del grupo de trabajo, hay cuestiones escandalosas y hay que decirlo, como el pendiente de que el grupo no tiene ninguna información documental de las instituciones a las que se ha solicitado la información.
“Si los diputados no logran acceder a información documental, ya podemos imaginar el esfuerzo de otros actores, como el uso del sistema de acceso a la información”, manifestó.
Las dificultades, añadió, parecen ser feroces y tenaces.
También consideró grave el hecho de que los diputados tampoco cuenten con la información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 zona militar de la Sedena y el sargento responsable del operativo.
Por ello no hay elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares más allá de los 8 elementos que realizaban el patrullaje.
Además, los legisladores tampoco cuentan con elementos sobre cómo se diseño, operó, autorizó o permitió patrullaje de sólo 8 elementos, cuando lo reglamentario o común es que participen al menos 12 elementos.