Margarita Warnholtz

Crecerá el número de esclavos;  ¿los rescatarán a todos?

 

El lunes pasado, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida anunció el rescate de 200 jornaleros, la mayoría rarámuris (tarahumaras), de un campo agrícola en Baja California Sur, donde eran explotados por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, y vivían en condiciones prácticamente de esclavitud. La noticia generó indignación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció al respecto y los diputados también condenaron el hecho y pidieron que se investigara a la mencionada empresa.
Dos días después, el miércoles, en San Quintín, Baja California, reprimieron a trabajadores agrícolas que se manifestaban exigiendo mejores condiciones de trabajo. Según las noticias, hubo más de 200 detenidos y muchos golpeados o heridos con balas de goma. Las demandas de estos trabajadores son tan elementales, como su afiliación al IMSS, el pago de horas extras, jornada laboral de ocho horas (y no de 12 como es actualmente), un día de descanso a la semana, que cese el acoso sexual de los mayordomos a las mujeres, y aumento de salario, entre otras.
Las condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros reprimidos no deben ser muy distintas a las de los “rescatados”. La principal diferencia es que a los primeros les pagan semanalmente y a los segundos les retenían el salario. Obviamente, es una diferencia muy importante, pero las condiciones de insalubridad en las que trabajan y viven, las largas jornadas laborales mal pagadas, la no afiliación al IMSS, la falta de prestaciones, el acoso a las mujeres, etcétera, son iguales. ¿Por qué anuncian con bombos y platillos el “rescate” de unos mientras reprimen a otros?
Lamentablemente son cientos de miles de personas las que laboran en campos agrícolas en condiciones de explotación, sin seguridad social ni prestaciones, y en viviendas precarias e insalubres, por decir lo menos. Y no solamente en la península de Baja California, sino en otros estados. Esto es algo que sucede desde hace años y que ha sido reportado por los medios muchas veces (aunque no suficientes).
Es sabido que los jornaleros agrícolas de los campos productivos del norte del país son, en su mayoría indígenas de estados del sur, principalmente de Oaxaca (y muchos de Guerrero), que migran a trabajar a esos sitios porque no encuentran oportunidades laborales en sus lugares de origen. Por ejemplo, según declaraciones de Rufino Domínguez, director general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, en la zona de las protestas de estos días hay 35 mil oaxaqueños. Desde hace muchos años, Baja California fue bautizada como Oaxacalifornia debido a la cantidad de oaxaqueños que viven y laboran ahí, principalmente na savi (mixtecos), Binni záa (zapotecos) y stnáj ni’ (triquis). Familias enteras acuden a trabajar en los campos agrícolas, que contratan –y explotan– a adultos y niños por igual.
Generalmente, los que migran al norte del país son quienes no tienen suficientes recursos para migrar a Estados Unidos, donde, por más que nos quejemos, son tratados mucho mejor que aquí, en su propio país. La migración a estos lugares es cada vez mayor, por la marginación en las regiones indígenas y el despojo de tierras que se da cada vez con más frecuencia, así como por la violencia.
A pesar de las terribles condiciones existentes en estos campos agrícolas, los indígenas siguen yendo a trabajar ahí; algunas se quedan, otras van y vienen año con año. Se van las familias enteras y trabajan todos, porque un solo salario no les alcanzaría ni para comer. Pero aun así, les va mejor que si se quedaran en su lugar de origen; así de marginados están en sus comunidades, donde no hay oportunidades de trabajo y las tierras ya no alcanzan o están agotadas.
Con las concesiones mineras, la reforma energética y la nueva Ley General de Aguas que está por aprobarse, aumentará sin duda la población indígena que se quede sin tierras, aquellos que son y serán despojados por la fuerza o a quienes, como ya sucede, les ofrezcan una miseria por sus terrenos y se vean obligados y presionados a venderlos. Sin más opciones, irán a engrosar las filas de los esclavos de las empresas agrícolas que, según afirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Juana Pérez (en una entrevista que por cierto fue eliminada de internet en menos de un día), no tienen por qué aumentar los salarios si pagan más que el mínimo, y no tienen que afiliarlos al seguro social porque son “trabajadores temporales”, y no creo que los “rescaten” a todos…