Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Desaparición forzada, ¿crimen de Estado?

La matanza y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa son un caso de desaparición forzada y lesa humanidad, concluyó e informó ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta conclusión, la primera que emite el grupo de la CIDH después de dos semanas de trabajar en la revisión del caso, implica el reconocimiento jurídico de que fueron autoridades las que perpetraron el ataque y las que desaparecieron a los estudiantes, lo que altera la pretensión del gobierno federal de enmarcar los hechos como un episodio más de asesinato y delincuencia organizada. Si después el grupo llegará también a la conclusión de que se trata de un crimen de Estado, lo sabremos cuando termine su trabajo.
Pero por lo pronto la conclusión de los expertos de la CIDH echa por tierra el andamiaje levantado por el gobierno federal para constreñir el caso al ámbito criminal, clasificación que reduce las consecuencias y frena señalamientos hacia el Estado por la participación de sus representantes en los hechos. Sin embargo esa postura coincide con la percepción de los padres de los normalistas y con la percepción social generalizada de que fue el Estado el que al final de cuentas atacó e hizo desaparecer a los jóvenes.
“Hablar de otros tipos penales no involucra bienes jurídicos internacionales, el delito de lesa humanidad implica que interesa a toda la humanidad (…) vemos elementos que estructuran el delito y sobre esa base es la insistencia de que se haga caso a la Convención”, explicó la abogada colombiana Ángela Buitrago al dar a conocer el informe del grupo. Hacer caso a la CIDH supone la reclasificación de los delitos bajo los cuales son procesados los más de 90 detenidos hasta el momento por el caso Ayotzinapa, y garantizar la imprescriptibilidad de los hechos.
Eso es lo que el gobierno federal y la Procuraduría General de la República no querían, y lo que con un criterio blando el juez obsequió al considerar todo como una balacera entre bandas del crimen organizado.
Tampoco habría querido el gobierno escuchar de los expertos de la CIDH su llamado a continuar la búsqueda de los estudiantes, pues ello significa que tampoco a ellos los convence la “verdad histórica” expuesta por la PGR, sobre la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula y la posterior dispersión de los restos en el río.
Puede entenderse, por consiguiente, que los especialistas de la CIDH están lejos de considerar que el caso está cerrado, como es la intención de la PGR. “Todavía no tenemos una certeza de lo que ha pasado con el conjunto de los 43 normalistas”, dijo Carlos Beristáin, otro de los integrantes del grupo, planteamiento que también golpea la presunción oficial de que todo termina en el basurero y el río de Cocula.
El lenguaje diplomático empleado por los enviados de la CIDH no impide encontrar en su informe lo mismo que el grupo de forenses argentino había advertido hace algunas semanas: que la investigación realizada por la PGR está contaminada por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad, o incluso que tratan de evitar que tal verdad se conozca.
El hecho de que el grupo haya solicitado una entrevista con el personal militar del 27 Batallón de Infantería, con el objetivo de allegarse testimonios de todas las instituciones que conocieron o participaron en los acontecimientos, ofrece un elemento adicional que resta validez a la versión oficial. Si tuviera credibilidad la versión de la PGR, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no habrían llegado a las conclusiones que hicieron públicas ayer, ni estarían pidiendo continuar la búsqueda de los estudiantes y reclasificar los delitos involucrados.
En suma: los enviados de la CIDH no creen en la investigación de la PGR ni en la “verdad histórica”, y en gran medida en su primer informe lo que sugieren al gobierno federal es un replanteamiento de todo el caso. Exactamente lo que los padres de los normalistas y la sociedad han exigido desde hace meses.
Desde luego no es eso lo que interpretará el gobierno. Ayer mismo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conocido ya el reporte del grupo de la CIDH, desoyó la sustancia del informe y dijo lo que se le antojó, pues expresó que “todo lo que se presentó en el proceso ha llegado a su fin, la detención y la localización de los presuntos criminales”. Insinuó incluso que la presencia de los expertos internacionales ayudará a que quede claro que la investigación de la PGR se realizó con “estricta transparencia”, cuando eso es lo que es severamente cuestionado.
La imposición de un ministro en la Suprema Corte y el descabezamiento del principal y más crítico noticiero radiofónico del país son hechos que delatan y confirman el regreso del autoritarismo al poder presidencial, sin que se vea por ningún lado un contrapeso frente a ese fenómeno pernicioso.
También posee ese significado la “verdad histórica” que la PGR pretendió ofrecer como conclusión oficial de la matanza y desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, elaborada así, sin rigor y orientada a proteger la imagen del Estado, porque era la versión que más se acomodaba al interés del gobierno federal de cerrar el caso cuanto antes. Pero en este caso, la intervención de la CIDH abre la perspectiva de que las cosas sean enmendadas. A menos que el gobierno de Enrique Peña Nieto prefiera crear un conflicto y desacatar las recomendaciones de los representantes del organismo interamericano.

“Hayan”, no “hallan”

Por descuido, en la entrega del lunes pasado este autor escribió “hallan” en lugar de “hayan” en el décimo párrafo. Sin caer en excesos rigoristas, la claridad de las ideas necesita corrección en el lenguaje. Esta es una disculpa.

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