Pide Martha Obeso al PAN cancelar la candidatura de Zeferino Torreblanca

Sería un premio a la impunidad y a la corrupción, pues está señalado formalmente de haber ordenado el asesinato de Armando Chavarría, dice la viuda. Entregó ayer un documento en las oficinas de ese partido, en el que recuerda que además está acusado de un desfalco por más de mil millones de pesos en la Secretaría de Salud

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Martha Obeso Cázares, viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarria Barrera, demandó a la dirigencia nacional y estatal del PAN que le retire al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco, “porque supone un premio a la impunidad y la corrupción”.
En un escrito entregado en las oficinas estatales del PAN en Chilpancingo, Martha Obeso denuncia que el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo está señalado en la averiguación previa como autor intelectual del homicidio de Chavarría, y que además pesan sobre su administración irregularidades financieras superiores a los mil millones de pesos en el sector salud.
En declaraciones después de entregar el escrito, consideró que en tiempos de crispación social y de desprestigio de los políticos, los partidos deben postular a candidatos sin señalamientos criminales.
El oficio fue recibido por el secretario adjunto del PAN, Víctor Bustamante González, quien se comprometió a enviarlo al Comité Directivo Municipal de Acapulco y a la Comisión Nacional de Designación de Candidaturas.
El lunes, el PAN anunció que el ex gobernador y también ex alcalde de Acapulco por el PRD será su candidato a la presidencia municipal en las elecciones del 7 de junio de 2015.

Ayer, acompañada de familiares y universitarios, Obeso Cazares recordó que en el expediente BRA(SC/02/1751/2009 de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE), Torreblanca Galindo fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato del entonces diputado local Armando Chavarría.
Añadió que el dato fue confirmado por el ex procurador (ahora candidato a gobernador por el Partido Humanista), Alberto López Rosas, después de que en la edición del 18 de agosto de El Sur se difundió la información.
En esa ocasión El Sur publicó que el asesinato del diputado, perpetrado el 20 de agosto de 2009, fue ordenado por el entonces gobernador Torreblanca Galindo y ejecutado por un grupo de policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), según reveló en los primeros días de junio de 2011 el comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, en una declaración ministerial rendida ante la Procuraduría e integrada al expediente del caso.
Consideró una ofensa a todo el pueblo la postulación de Torreblanca, cuando además en su administración mantuvo índices de pobreza y marginación estimados en 70 por ciento de la población guerrerense.
Aseguró que en su periodo de gobierno se agudizó la inseguridad, la impunidad y la corrupción, y que persiguió a defensores de derechos humanos y luchadores sociales.
Como ejemplo de la corrupción, señaló que el propio ex gobernador está acusado en la Contraloría General del Estado de irregularidades financieras superiores a los mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud.
Señala en el documento que en los más de cinco años desde el homicidio de Chavarría el caso ha sido burdamente manipulado, “primero por el gobierno de Torreblanca, y después por los gobernantes en turno”, en alusión a Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez.
Añade que su postulación en Acapulco parece un premio a la impunidad y a la corrupción y contradice los principios básicos de la doctrina del PAN, que precisamente impulsa un Sistema Nacional Anticorrupción.
En entrevista, indicó que sigue esperando que el gobernador Ortega Martínez dé entrada a su solicitud de crear una fiscalía especializada para el esclarecimiento del homicidio de su esposo, paa la cual propone que la dirija el abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz.
Aclaró que no va a desistir en su reclamo de justicia, y reclamó que “desde que ocurrió, el gobernador de turno y los que vinieron después, supongo que por cálculos políticos y complicidades abyectas” mantienen el caso “en la indefinición”.
Reiteró su llamado para que Torreblanca Galindo sea citado por la Fiscalía no como testigo, sino como indiciado en la investigación, y que se le aplique todo el rigor de la ley.