Llaman los cinco expertos al gobierno a reanudar la búsqueda de los 43

* Exhortan a los jueces a reclasificar el delito de homicidio por el de desaparición forzada, que es de lesa humanidad y no prescribe

*El grupo independiente enviado por la CIDH presenta el informe de su primera visita a México por el caso Ayotzinapa, en el que plantea que pedirá entrevistarse con efectivos del 27 Batallón del Ejército con sede en Iguala

Llaman expertos al gobierno mexicano a reanudar la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Exhortan a los jueces a reclasificar el delito de homicidio por el de desaparción forzada, que es de lesa humanidad y no prescribe. El GIEI presenta el informe de su primera visita a México, e informa  que pedirá entrevistarse con efectivos del 27 Batallón del Ejército

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asesorar al gobierno sobre el caso Ayotzinapa, llamó a reanudar la búsqueda de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos por policías municipales el 26 y 27 de septiembre en Iguala, y exhortó a los jueces a reclasificar el delito de homicidio por desaparición forzada.
En su primer informe de trabajo, a 19 días en México para ahondar en la investigación y búsqueda de los estudiantes a petición de los padres, el GIEI pidió que la búsqueda se realice a partir de la información que las instituciones tienen de los grupos involucrados en los delitos, no sólo en los datos que proporcionan los familiares.
En un comunicado, indicaron que “respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales… exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada”.
En conferencia de prensa en la presentación del informe, la abogada Ángela Buitrago insistió en que los jueces modifiquen los delitos de asesinato y delincuencia organizada y acrediten la existencia de desaparición forzada, un delito que no prescribe y que es considerado de lesa humanidad.
“Hablar de otros tipos penales no involucra bienes jurídicos internacionales, el delito de lesa humanidad implica que interesa a toda la humanidad… Vemos elementos que estructuran el delito y sobre esa base es la insistencia de que se haga caso a la convención”, dijo.
También integrante del GIEI, el abogado Francisco Cox, dijo que aunque los investigadores de la PGR intentaron configurar la desaparición forzada de 43 normalistas, ésta fue desestimada por el juez.
El experto Carlos Beristain agregó que aún se desconoce qué ocurrió con los normalistas, por lo cual las autoridades deben continuar con los procesos de búsqueda.
Los abogados de los padres y normalistas denunciaron con anterioridad que en diciembre de 2014 un juez de distrito en Tamaulipas consideró que el delito de desaparición forzada no se configuraba en el caso de Aytozinapa, porque la única tesis que manejó la Procuraduría General de la República (PGR), señala que los estudiantes fueron asesinados y quemados hasta la cenizas por un grupo delictivo.
Los expertos dijeron que recibieron todos los expedientes del caso, y la confianza de los padres en su labor, y en este sentido, anunciaron que también solicitaron a través de la Cancillería, una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala, a quienes los normalistas también responsabilizan de los ataques.
En el tema de atención a víctimas, el grupo urgió una segunda opinión especializada y una evaluación clínica para el normalista Aldo Gutiérrez Solano, en coma desde el ataque de Iguala, como consecuencia de las heridas de bala que le causó la policía municipal. Se precisó que esta petición la hizo su familia hace tres meses.
Aclararon que los integrantes del GIEI salen del país y regresan el 6 de abril para continuar su labor.

Piden más información de Guerreros Unidos

En el informe, el grupo detalló aspectos y peticiones sobre sus líneas de trabajo: búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada.
Consideró que las instituciones deben entregar información de los grupos involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes –según la investigación, Guerreros Unidos, liderados por la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, y sus rivales, Los Rojos–, para establecer nuevas hipótesis de búsqueda.
Asimismo, que el gobierno solicite más fotografías satelitales del basurero de Cocula, a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que tiene vínculo con los satélites de otros países, para obtener mayores evidencias del incendio donde, según algunos inculpados, fueron incinerados los 43 normalistas.
Como esta investigación llevó al descubrimiento de decenas de cuerpos en fosas clandestinas, para una mejor comprensión del contexto de las desapariciones, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) un mapa de fosas actualizado, que podría contribuir a encontrar indicios sobre nuevas búsquedas de los 43 normalistas.
Recomendó ampliar la búsqueda de otros posibles lugares o fosas, con tecnología láser, entre otros, en los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota, en Iguala, donde se encontraron las primeras fosas clandestinas.
“La dimensión de la desaparición de personas en la zona conlleva la necesidad de realizar un trabajo amplio de búsqueda, como ya se ha planteado, en el que se coordinen y participen autoridades estatales, federales, expertos independientes y familiares”, plantean.

Resguardar y ampliar
la investigación

Se aclaró que el GIEI aún analiza las declaraciones ministeriales de testigos e inculpados, así como otros elementos probatorios del expediente, para verificar y contrastar la información, para avanzar en el esclarecimiento del caso. Se prevé que solicitará nuevos peritajes específicos en los próximos meses.
Propuso concentrar en la PGR toda la evidencia y los expedientes vinculados al caso, para mejorar la investigación, y articular medidas técnicas para asegurar la legitimidad de los resultados de peritajes para la identificación de personas desaparecidas.

Fundamental, evitar revictimización de familiares

El Grupo consideró de suma importancia la atención a las víctimas y su visión sobre sus prioridades, además de dar los pasos necesarios para generarles confianza, y evitar la revictimización de los familiares.
Aunque conocieron las tareas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en este caso, los expertos indicaron que los padres y normalistas señalaron problemas de acceso, confianza y atención con las instituciones.
Pidió que se reactive la atención médica para familiares concentrados en la Escuela Normal de Ayotzinapa, hace seis meses, la dotación de medicamentos y el establecimiento de mecanismos de referencia, en caso necesario, hacia otros niveles de atención médica. Así también que se articulen mecanismos de atención, para los que no están en la escuela.
En la Normal Rural había un módulo del sector Salud que se retiró el 26 de enero, tras darse a conocer la conclusión oficial de la PGR sobre el destino de los desaparecidos.
Se informó que en la primera visita, el GIEI se reunió también con el Poder Legislativo para conocer los pasos dados hasta ahora sobre políticas públicas de desaparición forzada.
Señalaron una iniciativa en el Senado mexicano sobre desaparición forzada, que esperan se aprueba por la urgencia de este problema en México y conforme a los estándares internacionales en la materia.
“En opinión del GIEI dicha ley debería ayudar a establecer los criterios para una política integral y coordinar las acciones necesarias, incluyendo los mecanismos de búsqueda urgente, la declaración de ausencia por desaparición que dé respuesta a las necesidades psicosociales y sociolaborales de los familiares, así como las necesidades educativas de la población infantil y juvenil, el manejo de las experticias forenses, y los mecanismos de alerta temprana y prevención de forma integral”. (Con información de Agencia Reforma)