Ante la CIDH demandan que el gobierno de México cumpla peticiones de la Comverdad

La comisionada Pilar Noriega denuncia obstáculos en su trabajo durante dos años en Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Organizaciones civiles de derechos humanos exigieron a México el cumplimiento total de las recomendaciones del informe de la extinta  Comisión de la Verdad (Comverdad), sobre los crímenes de los años 60 y 70 en Guerrero, para que se utilice como memoria histórica y material de enseñanza en la entidad, y que se repare a la brevedad el daño a las víctimas.
En la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde la ex comisionada de la Comverdad, Pilar Noriega García, denunció los obstáculos para el trabajo que se hizo durante dos años y medio para documentar la represión sistemática del Estado contra el grupos guerrilleros y la población civil.
Además, denunció que de acuerdo con información de Archiveros sin fronteras Acción México, el Archivo General de la Nación (AGN) restringió nuevamente el acceso a los documentos de la guerra sucia, contrariamente a los establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, que determina que no puede ser reservada la información respecto a los graves violaciones a derechos humanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) añadió que la corrupción, cultura de impunidad y arbitrariedad en Guerrero desde guerra sucia, han facilitado el contexto actual hechos de violencia generalizada, similares a las que ocurrieron en el pasado, en alusión a los casos Tlataya y Ayotzinapa.
Pilar Noriega García denunció que los últimos seis meses del mandato de la Comverdad, el Congreso y el gobierno del estado les negaron presupuesto y que el AGN retrasó la entrega de los documentos, a pesar de que son públicos y había un compromiso con el Estado para abrir todos los expedientes.
Con el informe se demostró que en los años 60 y 70 en Guerrero, existió un contexto de represión generalizada y sistemática: violaciones a la vida, la libertad personal, integridad física y a las garantías judicial.
Explicó que la represión consta en diferentes planes programas y operaciones, como el Plan de Operaciones Atoyac de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), derivado –así dice el informe–, del presidente de la República “para localizar, capturar o destruir a maleantes”, en referencia a los grupos subversivos.
Añadió que el plan para controlar a la población civil no tenía una duración específica, “especialmente la rural, por el enfrentamiento entre gavilleros, maleantes o delincuentes con tropas del ejército”.
Argumentaban que “la población (civil) tiene una forma de pensar, en forma de odio o temor a las acciones de la tropas” e implementaron cartillas de identificación con fotografía, donde señalaban las actividades a que se dedica su portador,  y se controlaban principalmente los víveres, porque “normalmente las consumen las gavillas de Lucio cabañas”, el maestro rural que formó la guerrilla en la sierra de Ayotac.
Destacó que recabaron 409 testimonios que representaron 515 casos de desaparición forzada, violaciones, torturas y ejecuciones.
Pero aclaró que hubo otros casos documentados por otras autoridades, a los que no tuvo acceso la Comverdad, y el número de víctimas fue mucho mayor.
Entre las recomendaciones a los poderes estatal y federal, indicó que la creación de un mecanismos de reparación de daños a las víctimas, para la atención de casos independientemente de los casos que corroboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Como medidas de protección recomienda el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad púbica en Guerrero, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución.
Igualmente se recomendó el reconocimiento y redignificación de las víctimas, y la construcción de la memoria historia, proyectos sociales y de atención a víctimas de la guerra sucia, en particular en las comunidades de El Quemado y Posquelite.
Sobre el reconocimiento de la verdad, señaló que el Estado debe señalar cuál fue el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas, “porque hubo un registro de todas desaparecidas en aquella época”.
Además, demandó continuar el proceso de investigación en aquellos lugares donde se conoce que existen cuerpos, como en el panteón de El Paraíso, donde se encuentra restos de tres personas, pero no sabe el lugar exacto de su ubicación.

De 247 averiguaciones por desaparición, 121 son de Guerrero: PGR

En respuesta a la Comverdad, una representante de la PGR, informó sobre las acciones que promovió tras el informe de la desparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anterior al informe de la Comverdad.
Detalló que desde enero de 2007, se redactaron 570 averiguaciones previas sobre hechos ocurridos en los años 70 y principios de los 80, que “por hechos probablemente constitutivos de desaparición forzada”.
De ellas, se radicaron 247 indagatorias, de las cuales 121 corresponde a Guerrero y equivale poco mas de la mitad de las indagatorias en trámite. “Lo que da cuenta que Guerrero cuenta con el mayor número de personas desaparecidas en el país”.
Reconocieron que la sentencia dictada por la CIDH en el caso de Rosendo Radilla, en 2009, estableció un precedente para el país, que sirvió para introducir estándares para la investigación de estos hechos y búsqueda de personas o sus restos mortales.
Detallaron acciones para atender esas recomendaciones: capacitación de funcionarios, coadyuvancia con las víctimas y especialistas que participaron como peritos de las técnicas usadas y las acciones que se realizarán en caso de encontrar restos óseos humanos.
Del 532 expedientes que revisó la CNDH, informaron que sólo acreditó violación en 275 casos; en 92 se consideró que había elementos para concluir la existencia de desaparición forzada, pero no se descarta el delito, y en 160 casos no se acreditó desaparición pero sí detención ilegal.
Resaltaron el programa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acreditarles la calidad de desaparición, así como la toma de muestras de ADN a 320 personas y la aplicaicón de protocolos de modelo para investigación de muerte sospechosa de haberse producido por violaciones a derechos humanos,  elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto Nacional de Medicina legal de Portugal.
También informan de acciones como la creación de la Unidad Especialidad de Búsqueda, la colaboración con el Comité de la Cruz Roja y especialista a nivel internacional en particular de EAAF, “encaminadas a tener mayores capacidades instituciones para la búsqueda y localización de identificación de probables responsables”.
El representante de la Secretaría de Gobernación habló de la reparación de los daños.
De 44 casos citados, se realizó el pago completo de 31 casos, en tres se hizo parcial, y 10 están en proceso; “el 95% corresponde a Guerrero”. Los 255 casos acreditados por la CNDH, dijo que están siendo atendidos por la Segob.
El representante del gobierno de Guerrero, argumentó que hay mesas de trabajo con la Comverdad para la aplicación de la recomendaciones.