Denuncian hostigamiento del gobierno a defensores de Guerrero en sesión de la CIDH?en Washington

El representante del gobierno de México ofrece una disculpa a los familiares de personas desaparecidas; ellos no aceptan y se quejan de que antes del caso Ayotzinapa el Estado no hizo nada para localizar a sus parientes

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se denunció la campaña desacreditaciones y hostigamientos reiterados contra defensores en Guerrero por parte de altas autoridades estatales y federales, en la sesión de ayer en Washington.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó que el director y abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan,  Abel Barrera Hernández y Vidulfo Sierra –que tienen medidas provisionales de la CIDH–, fueron acusados de pertenecer a grupos guerrilleros, debido a su trabajo con víctimas de violaciones graves ante organismos nacionales e internacionales.
En la exposición del tema de Guerrero, Paola Limón del Cejil, denunció la criminalización de la lucha social, la estigmatización y persecución de luchadores de Guerrero; a la fecha, indicó que hay 13 luchadores detenidos, de los cuales cuatro están en penales de máxima seguridad.
Denunciaron que los cuatro trasladados fuera de Guerrero se hicieron en franca violación al debido proceso, y como ejemplo, señaló el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores de la Presa La Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui, donde un juez estableció la ilegalidad de la acción.
Asimismo, informó que desde 2010 a la fecha, hay 13 líderes sociales asesinados, en la mayoría de los casos no hay detenidos ni sentenciados.
Sobre los defensores, denunció que en noviembre de 2014, el propio gobernador Rogelio Ortega Martínez, declaró que Tlachinollan era el principal obstáculo para dialogar con familiares de 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos en Iguala.
De igual forma, indicó que el titular de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, al referirse al caso Ayotzinapa, lamentó que existan grupos –sin especificar cuáles–,  que manipulen, mientan y lucren con el dolor de los padres para alcanzar objetivos individuales y de grupo. Lo anterior, en evidentemente referencia a Tlachinollan, que representa a los familiares de los desaparecidos.
Esta esta campaña, denunció que se extendió al uso de recursos públicos, pues en la prensa nacional se difundieron informaciones contra el secretario de la Red Guerrerense de Derechos Civiles, Manuel Olivares Hernández, y los integrantes de Tlachinollan.
Según informes oficiales son consideradas personas “peligrosas para la gobernabilidad”, porque cuestionan su trabajo como defensores y su exigencia de justicia de en el caso de las indígenas violentadas por soldados, Inés Fernández y Valentina Rosendo.
“La vinculación de mecanismos nacionales e internacionales y actividad subversiva es particularmente grave si consideramos la postura que ha adoptado el Estado Mexicano, frente a las recomendaciones que han hecho grupos y expertos internacionales”, así como el rechazo a las recomendaciones del Comité de la Desaparición forzada y del relator de Tortura, de las que dijeron “que no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.

La tortura, práctica sistematizada: Tlachinollan

Vidulfo Rosales Sierra denunció que en Guerrero se sigue reeditando la tortura, la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, “práctica generalizada que a menudo se utiliza para acallar de disidentes, luchadores sociales y estudiantiles, que se agrava con los grupos de la delincuencia organizada que actúa con complacencia de las autoridades”.
Recordó que la CNDH registró desde 2011, al menos 52 denuncias de torturas, tratos graves y degradantes, y 275 por lesiones de grupos policiacos, que se agravan ante falta de investigación, adecuada y diligente de esta práctica, no se implementan directrices del protocolo de Estambul, no se ha capacitado al personal ministerial sobre su contenido.
Añadió que la PGR, entre 2007 y 2010, reconoció que no abrió ninguna denuncia por tortura pese a documentación de quejas descritas arriba.
Denunció que Guerrero es el único estado de la República que no tiene tipificado el delito en su Código Penal, y el año pasado, se promulgó una Ley 439 para sancionar tortura, con serias deficiencias, como la pena de cuatro años, que no es compatible con un delito grave.
De las arbitrariedades del estado, indicó que el caso más ilustrativo es el homicidio del campesino Bonfilio Rubio Villegas, por soldados en en un retén militar, en 2012. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que el caso fuera remitido a la justicia civil, pero el único procesado fue absuelto en 2014. “El caso sigue impunidad”, afirma.
Asimismo, la ejecución extrajudicial de dos normalistas de Ayotzinapa en un desalojo policiaco el 12 de diciembre de 2011, tras el cual los estudiantes fueron reprimidos y criminalizados, y la investigación se encuentra cerrada y archivada por las autoridades judiciales.
Habló de la desaparición forzada de tres defensores de derechos humanos entre 2012, 2013, y el caso más representativo de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2013.
“Estos hechos evidencian omisiones de las autoridades antes y después de la desaparición de los normalistas, y también muestra que la desaparición es práctica generalizada contra quienes exigen el cumplimiento de demandas legítimas, pero también contra la desaparición en general”.
No hubo respuesta oficial de los representantes del gobierno mexicano a la denuncia sobre la criminalización de los luchadores y defensores de derechos humanos, pero por medio de Emilio Rabasa ofrecieron una disculpa por las desapariciones a los familiares de personas desaparecidas.
Ésta no fue aceptada por otros representantes de las personas desaparecidas, porque consideraron que antes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, el Estado no hizo para para localizar a sus familiares.
“Para aceptar las disculpas del Estado necesitamos la verdad, cuando tengamos la verdad, es lo único que necesitamos, tal vez para nosotros la justicia puede esperar, lo que necesitamos más que nada es encontrarlos. Realmente necesitamos encontrar la verdad, la justicia, no somos los únicos, somos muchos”, dijo una agraviada.
Indicaron que las cifras oficiales señalan 26 mil desaparecidos, pero en 2012 se habló de 15 mil cuerpos sin identificar. También denunciaron que el Estado pretende hacer creer que ya no hay violencia en Chihuahua, “cosa que es falsa”.

México es un cementerio: comisionado Paulo Vannuchi

En la intervención de los comisionados de la CIDH, Paulo Vannuchi destacó que el Estado reconoció el fenómeno de la desaparición forzada a partir de los acontecimientos de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque las anteriores administraciones lo negaron.
Añadió que para un analista político no escapa que la Normal Rural no es una escuela cualquiera “es donde estudiaron Lucio Cabañas, líder de la guerrilla de Guerrero… y los representantes de Estado tenemos que asumir compromiso consciente, de proteger este espacio fuertísimo de acontecimientos recientes”.
Se solidarizó con los familiares de los desaparecidos, porque “viven en pena perpetua”, y que “México es un cementerio”.
Las organizaciones exigieron a la CIDH que dé seguimiento puntual a las peticiones formuladas al gobierno del estado, y que se requiera su cabal cumplimiento. Asimismo, que programe una visita al país y particularmente a Guerrero, para evaluar la situación grave de violaciones graves.