Denuncian en EU campaña contra defensores de derechos en Guerrero

*Acuden organizaciones civiles a Washington al 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

* Piden que el gobierno de México cumpla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

*El embajador Emilio Rabasa es recibido con abucheos por activistas y ya en la reunión da una disculpa a los padres de Ayotzinapa, que éstos rechazan

* Toman familiares de los normalistas de manera simbólica una veintena de embajadas en el DF

* Entregan a diplomáticos una carta en la que critican las investigaciones de la PGR

* En Acapulco cetegistas van al consulado de EU

Denuncian hostigamiento del gobierno a defensores
de Guerrero en sesión de la CIDH?en Washington

El representante del gobierno de México ofrece una disculpa a los familiares de personas desaparecidas; ellos no aceptan y se quejan de que antes del caso Ayotzinapa el Estado no hizo nada para localizar a sus parientes

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se denunció la campaña desacreditaciones y hostigamientos reiterados contra defensores en Guerrero por parte de altas autoridades estatales y federales, en la sesión de ayer en Washington.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó que el director y abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan,  Abel Barrera Hernández y Vidulfo Sierra –que tienen medidas provisionales de la CIDH–, fueron acusados de pertenecer a grupos guerrilleros, debido a su trabajo con víctimas de violaciones graves ante organismos nacionales e internacionales.
En la exposición del tema de Guerrero, Paola Limón del Cejil, denunció la criminalización de la lucha social, la estigmatización y persecución de luchadores de Guerrero; a la fecha, indicó que hay 13 luchadores detenidos, de los cuales cuatro están en penales de máxima seguridad.
Denunciaron que los cuatro trasladados fuera de Guerrero se hicieron en franca violación al debido proceso, y como ejemplo, señaló el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores de la Presa La Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui, donde un juez estableció la ilegalidad de la acción.
Asimismo, informó que desde 2010 a la fecha, hay 13 líderes sociales asesinados, en la mayoría de los casos no hay detenidos ni sentenciados.
Sobre los defensores, denunció que en noviembre de 2014, el propio gobernador Rogelio Ortega Martínez, declaró que Tlachinollan era el principal obstáculo para dialogar con familiares de 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos en Iguala.
De igual forma, indicó que el titular de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, al referirse al caso Ayotzinapa, lamentó que existan grupos –sin especificar cuáles–,  que manipulen, mientan y lucren con el dolor de los padres para alcanzar objetivos individuales y de grupo. Lo anterior, en evidentemente referencia a Tlachinollan, que representa a los familiares de los desaparecidos.
Esta esta campaña, denunció que se extendió al uso de recursos públicos, pues en la prensa nacional se difundieron informaciones contra el secretario de la Red Guerrerense de Derechos Civiles, Manuel Olivares Hernández, y los integrantes de Tlachinollan.
Según informes oficiales son consideradas personas “peligrosas para la gobernabilidad”, porque cuestionan su trabajo como defensores y su exigencia de justicia de en el caso de las indígenas violentadas por soldados, Inés Fernández y Valentina Rosendo.
“La vinculación de mecanismos nacionales e internacionales y actividad subversiva es particularmente grave si consideramos la postura que ha adoptado el Estado Mexicano, frente a las recomendaciones que han hecho grupos y expertos internacionales”, así como el rechazo a las recomendaciones del Comité de la Desaparición forzada y del relator de Tortura, de las que dijeron “que no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.

La tortura, práctica sistematizada: Tlachinollan

Vidulfo Rosales Sierra denunció que en Guerrero se sigue reeditando la tortura, la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, “práctica generalizada que a menudo se utiliza para acallar de disidentes, luchadores sociales y estudiantiles, que se agrava con los grupos de la delincuencia organizada que actúa con complacencia de las autoridades”.
Recordó que la CNDH registró desde 2011, al menos 52 denuncias de torturas, tratos graves y degradantes, y 275 por lesiones de grupos policiacos, que se agravan ante falta de investigación, adecuada y diligente de esta práctica, no se implementan directrices del protocolo de Estambul, no se ha capacitado al personal ministerial sobre su contenido.
Añadió que la PGR, entre 2007 y 2010, reconoció que no abrió ninguna denuncia por tortura pese a documentación de quejas descritas arriba.
Denunció que Guerrero es el único estado de la República que no tiene tipificado el delito en su Código Penal, y el año pasado, se promulgó una Ley 439 para sancionar tortura, con serias deficiencias, como la pena de cuatro años, que no es compatible con un delito grave.
De las arbitrariedades del estado, indicó que el caso más ilustrativo es el homicidio del campesino Bonfilio Rubio Villegas, por soldados en en un retén militar, en 2012. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que el caso fuera remitido a la justicia civil, pero el único procesado fue absuelto en 2014. “El caso sigue impunidad”, afirma.
Asimismo, la ejecución extrajudicial de dos normalistas de Ayotzinapa en un desalojo policiaco el 12 de diciembre de 2011, tras el cual los estudiantes fueron reprimidos y criminalizados, y la investigación se encuentra cerrada y archivada por las autoridades judiciales.
Habló de la desaparición forzada de tres defensores de derechos humanos entre 2012, 2013, y el caso más representativo de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2013.
“Estos hechos evidencian omisiones de las autoridades antes y después de la desaparición de los normalistas, y también muestra que la desaparición es práctica generalizada contra quienes exigen el cumplimiento de demandas legítimas, pero también contra la desaparición en general”.
No hubo respuesta oficial de los representantes del gobierno mexicano a la denuncia sobre la criminalización de los luchadores y defensores de derechos humanos, pero por medio de Emilio Rabasa ofrecieron una disculpa por las desapariciones a los familiares de personas desaparecidas.
Ésta no fue aceptada por otros representantes de las personas desaparecidas, porque consideraron que antes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, el Estado no hizo para para localizar a sus familiares.
“Para aceptar las disculpas del Estado necesitamos la verdad, cuando tengamos la verdad, es lo único que necesitamos, tal vez para nosotros la justicia puede esperar, lo que necesitamos más que nada es encontrarlos. Realmente necesitamos encontrar la verdad, la justicia, no somos los únicos, somos muchos”, dijo una agraviada.
Indicaron que las cifras oficiales señalan 26 mil desaparecidos, pero en 2012 se habló de 15 mil cuerpos sin identificar. También denunciaron que el Estado pretende hacer creer que ya no hay violencia en Chihuahua, “cosa que es falsa”.

México es un cementerio: comisionado Paulo Vannuchi

En la intervención de los comisionados de la CIDH, Paulo Vannuchi destacó que el Estado reconoció el fenómeno de la desaparición forzada a partir de los acontecimientos de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque las anteriores administraciones lo negaron.
Añadió que para un analista político no escapa que la Normal Rural no es una escuela cualquiera “es donde estudiaron Lucio Cabañas, líder de la guerrilla de Guerrero… y los representantes de Estado tenemos que asumir compromiso consciente, de proteger este espacio fuertísimo de acontecimientos recientes”.
Se solidarizó con los familiares de los desaparecidos, porque “viven en pena perpetua”, y que “México es un cementerio”.
Las organizaciones exigieron a la CIDH que dé seguimiento puntual a las peticiones formuladas al gobierno del estado, y que se requiera su cabal cumplimiento. Asimismo, que programe una visita al país y particularmente a Guerrero, para evaluar la situación grave de violaciones graves.

Ante la CIDH demandan que el gobierno de México cumpla peticiones de la Comverdad

La comisionada Pilar Noriega denuncia obstáculos en su trabajo durante dos años en Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Organizaciones civiles de derechos humanos exigieron a México el cumplimiento total de las recomendaciones del informe de la extinta  Comisión de la Verdad (Comverdad), sobre los crímenes de los años 60 y 70 en Guerrero, para que se utilice como memoria histórica y material de enseñanza en la entidad, y que se repare a la brevedad el daño a las víctimas.
En la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde la ex comisionada de la Comverdad, Pilar Noriega García, denunció los obstáculos para el trabajo que se hizo durante dos años y medio para documentar la represión sistemática del Estado contra el grupos guerrilleros y la población civil.
Además, denunció que de acuerdo con información de Archiveros sin fronteras Acción México, el Archivo General de la Nación (AGN) restringió nuevamente el acceso a los documentos de la guerra sucia, contrariamente a los establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, que determina que no puede ser reservada la información respecto a los graves violaciones a derechos humanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) añadió que la corrupción, cultura de impunidad y arbitrariedad en Guerrero desde guerra sucia, han facilitado el contexto actual hechos de violencia generalizada, similares a las que ocurrieron en el pasado, en alusión a los casos Tlataya y Ayotzinapa.
Pilar Noriega García denunció que los últimos seis meses del mandato de la Comverdad, el Congreso y el gobierno del estado les negaron presupuesto y que el AGN retrasó la entrega de los documentos, a pesar de que son públicos y había un compromiso con el Estado para abrir todos los expedientes.
Con el informe se demostró que en los años 60 y 70 en Guerrero, existió un contexto de represión generalizada y sistemática: violaciones a la vida, la libertad personal, integridad física y a las garantías judicial.
Explicó que la represión consta en diferentes planes programas y operaciones, como el Plan de Operaciones Atoyac de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), derivado –así dice el informe–, del presidente de la República “para localizar, capturar o destruir a maleantes”, en referencia a los grupos subversivos.
Añadió que el plan para controlar a la población civil no tenía una duración específica, “especialmente la rural, por el enfrentamiento entre gavilleros, maleantes o delincuentes con tropas del ejército”.
Argumentaban que “la población (civil) tiene una forma de pensar, en forma de odio o temor a las acciones de la tropas” e implementaron cartillas de identificación con fotografía, donde señalaban las actividades a que se dedica su portador,  y se controlaban principalmente los víveres, porque “normalmente las consumen las gavillas de Lucio cabañas”, el maestro rural que formó la guerrilla en la sierra de Ayotac.
Destacó que recabaron 409 testimonios que representaron 515 casos de desaparición forzada, violaciones, torturas y ejecuciones.
Pero aclaró que hubo otros casos documentados por otras autoridades, a los que no tuvo acceso la Comverdad, y el número de víctimas fue mucho mayor.
Entre las recomendaciones a los poderes estatal y federal, indicó que la creación de un mecanismos de reparación de daños a las víctimas, para la atención de casos independientemente de los casos que corroboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Como medidas de protección recomienda el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad púbica en Guerrero, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución.
Igualmente se recomendó el reconocimiento y redignificación de las víctimas, y la construcción de la memoria historia, proyectos sociales y de atención a víctimas de la guerra sucia, en particular en las comunidades de El Quemado y Posquelite.
Sobre el reconocimiento de la verdad, señaló que el Estado debe señalar cuál fue el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas, “porque hubo un registro de todas desaparecidas en aquella época”.
Además, demandó continuar el proceso de investigación en aquellos lugares donde se conoce que existen cuerpos, como en el panteón de El Paraíso, donde se encuentra restos de tres personas, pero no sabe el lugar exacto de su ubicación.

De 247 averiguaciones por desaparición, 121 son de Guerrero: PGR

En respuesta a la Comverdad, una representante de la PGR, informó sobre las acciones que promovió tras el informe de la desparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anterior al informe de la Comverdad.
Detalló que desde enero de 2007, se redactaron 570 averiguaciones previas sobre hechos ocurridos en los años 70 y principios de los 80, que “por hechos probablemente constitutivos de desaparición forzada”.
De ellas, se radicaron 247 indagatorias, de las cuales 121 corresponde a Guerrero y equivale poco mas de la mitad de las indagatorias en trámite. “Lo que da cuenta que Guerrero cuenta con el mayor número de personas desaparecidas en el país”.
Reconocieron que la sentencia dictada por la CIDH en el caso de Rosendo Radilla, en 2009, estableció un precedente para el país, que sirvió para introducir estándares para la investigación de estos hechos y búsqueda de personas o sus restos mortales.
Detallaron acciones para atender esas recomendaciones: capacitación de funcionarios, coadyuvancia con las víctimas y especialistas que participaron como peritos de las técnicas usadas y las acciones que se realizarán en caso de encontrar restos óseos humanos.
Del 532 expedientes que revisó la CNDH, informaron que sólo acreditó violación en 275 casos; en 92 se consideró que había elementos para concluir la existencia de desaparición forzada, pero no se descarta el delito, y en 160 casos no se acreditó desaparición pero sí detención ilegal.
Resaltaron el programa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acreditarles la calidad de desaparición, así como la toma de muestras de ADN a 320 personas y la aplicaicón de protocolos de modelo para investigación de muerte sospechosa de haberse producido por violaciones a derechos humanos,  elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto Nacional de Medicina legal de Portugal.
También informan de acciones como la creación de la Unidad Especialidad de Búsqueda, la colaboración con el Comité de la Cruz Roja y especialista a nivel internacional en particular de EAAF, “encaminadas a tener mayores capacidades instituciones para la búsqueda y localización de identificación de probables responsables”.
El representante de la Secretaría de Gobernación habló de la reparación de los daños.
De 44 casos citados, se realizó el pago completo de 31 casos, en tres se hizo parcial, y 10 están en proceso; “el 95% corresponde a Guerrero”. Los 255 casos acreditados por la CNDH, dijo que están siendo atendidos por la Segob.
El representante del gobierno de Guerrero, argumentó que hay mesas de trabajo con la Comverdad para la aplicación de la recomendaciones.

Toman padres de normalistas desaparecidos
una veintena de embajadas en el DF

Entregan carta en la que afirman que la PGR no ha aportado datos que ayuden a localizar a los estudiantes de Ayotzinapa

Agencia Proceso

Ciudad de México

Con carteles e imágenes que cargan desde hace casi seis meses, padres, familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, llevaron a cabo ayer una toma simbólica de una veintena de embajadas para “internacionalizar la demanda de la aparición con vida de los jóvenes”.
En grupos pequeños y sin afectar el tránsito vehicular acudieron a las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Malasia, Palestina, Paraguay, Panamá y Sudáfrica para entregar al representante diplomático de cada país, una carta en la que afirman que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) no han aportado datos que ayuden a localizar a los estudiantes.
Alrededor de 50 manifestantes se congregaron en la mañana en la estación Polanco del Sistema Colectivo de Transporte Metro y de ahí se enfilaron hacia cada una de las embajadas que hay en la zona.
Visitaron primero la embajada de El Salvador, cuyos representantes se solidarizaron con los familiares de los normalistas desaparecidos y les recibieron la carta en la que hacen hincapié en el nulo avance de las investigaciones a casi seis meses de la desaparición de los jóvenes.
Después se dirigieron a la embajada de España, ubicada en la calle de Galileo donde fueron atendidos por el ministro, Carlos Morales. Desde afuera decenas de personas se apostaron para exigir justicia y replicaron la acción en el resto de las embajadas mencionadas sin que se produjeran incidentes.
Desde la madrugada de este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) desplegó una operación con 667 agentes apoyados de 120 vehículos y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores para brindar seguridad a los ciudadanos y a los manifestantes que participaron en la toma simbólica y para” inhibir la comisión de ilícitos, el vandalismo y la alteración del orden público”, informó la dependencia en un comunicado.
Asimismo, la SSPDF comunicó que, como acción preventiva, envió policías de Tránsito a la zona para garantizar la movilidad peatonal y vehicular y a través de las cámaras de monitoreo del Centro Computarizado de Control Vial daría seguimiento al desplazamiento de los contingentes.

Toman maestros de la CETEG el
consulado de EU en Acapulco por los desaparecidos

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron simbólicamente las instalaciones del Consulado de Estados Unidos de América  en Acapulco.
Ayer, más de 150 integrantes de la CETEG llegaron a la oficina consular, en el hotel Emporio en la avenida Costera en la zona turística de Acapulco.
Los manifestantes informaron que el motivo de este movimiento es exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y como un respaldo a los cinco expertos independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitaron al gobierno de México reanudar su búsqueda.
El  mitin que inició a las 11:20 de la mañana y finalizó a la 1:00 de la tarde tomó por sorpresa a personas que acudieron al lugar para hacer consultas y trámites, quienes molestos se retiraron del consulado en el que no se veía personal laborando en su interior.
El vocero de la CETEG de la región Acapulco, Walter Emanuel Añorve Rodríguez, dijo que la concentración fue por un acuerdo que se tomó en Asamblea Nacional Popular, para protestar en oficinas consulares y embajadas en el país como una medida para que los gobiernos extranjeros presionen al Estado mexicano para retomar la búsqueda de los 43 estudiantes.
También dijo que la concentración es para exigir el castigo a los responsables de la muerte del maestro Claudio Castillo Peña tras ser golpeado en el desalojo del 24 de febrero. Otra demanda del movimiento es la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación estatales y federales.
Anunció que el próximo 24 de este mes realizarán una marcha en el bulevar de Las Naciones, que partirá en el punto que conecta con la Autopista del Sol para conmemorar lo que consideran “brutal ataque al maestro Claudio Castillo” ante los cuestionamientos de que ese día se llevará a cabo el Tianguis Turístico dijo que “será una manifestación pacífica” y que están “en pleno uso de sus derechos”. (Redacción)