Procuradurías buscan con fondos limitados a 23 mil 197 personas desaparecidas, revelan

Agencia Reforma

Ciudad de México

Oficinas federales y estatales encargadas de encontrar a personas desaparecidas cuentan con poco presupuesto y personal para la búsqueda de 23 mil 197 personas, según cifras consultadas en febrero del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Las 32 procuradurías del país, de las cuales sólo 10 tienen unidades o fiscalías de búsqueda, tienen el reto de encontrar a 22 mil 688 desaparecidos registrados en el fuero común.
A nivel federal, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) busca a 509 personas víctimas de delitos como desaparición forzada o trata de personas.
El año pasado, contó con más de 52 millones de pesos para cumplir con su encomienda. Este año, la Unidad tuvo un recorte presupuestal del 72 por ciento.
Creada en 2013, la Unidad de PGR cuenta con una planta de 170 funcionarios, incluyendo 55 policías federales y ministeriales; 34 auxiliares del Ministerio Público; 29 agentes del Ministerio Público; 17 en el área de apoyo a la investigación, y 13 del área de análisis.
Hasta diciembre pasado, la Unidad había localizado 102 personas: 72 de ellas con vida y 30 sin vida.
Desde entonces, continúa con la búsqueda de 509 personas, es decir, cuenta con tres funcionarios por caso.
A dicha oficina se canalizan las desapariciones, aunque los delitos que subyacen los investigan las Unidades Especializadas en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; de Investigación de Secuestros, y la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
El protocolo de búsqueda de personas, sin embargo, sigue trabajándose con base en un modelo creado por Cruz Roja Internacional.
En su informe ante el Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, Amnistía Internacional reclamó que, ante las fallas de la Unidad, los familiares de personas desaparecidas incluso desean que los casos los lleven organismos distintos.
“Algunos familiares de víctimas que han pedido apoyo a la Unidad de Búsqueda han informado también de que se han encontrado con los mismos problemas que tuvieron con las autoridades estatales u otros organismos federales: demoras no explicadas, pistas que no se siguen y una falta general de seguimiento urgente sobre los casos”, explicó.
Las 492 desapariciones forzadas de la Guerra Sucia, ocurridas antes del 2006, se llevan desde la Coordinación General de Investigación de la PGR. Hasta el momento, sólo se han localizado dos personas.
Este año, la Coordinación contará con un presupuesto de 37 millones 94 mil pesos.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brinda asesoría jurídica y atención victimal a familiares más de 2 mil 500 víctimas de desaparición, de las cuales 190 fueron presuntas desapariciones forzadas.
Según reveló la PGR ante Naciones Unidas, está trabajando en un protocolo homogéneo que establezca las acciones ministeriales, periciales y policiales de búsqueda para aprovechar las 72 horas después de la desaparición.
Esto prevé que puedan localizar a las personas en prisiones, hospitales, estaciones migratorias y otros lugares; obtener el registro de llamadas entrantes y salidas del teléfono de la víctima, y solicitar la identificación de sus movimientos bancarios.

Carecen en estados de fiscalías especiales

El reto que enfrentan los estados en localizar a desaparecidos es mayor.
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) consultado en febrero, hay 22 mil 688 desapariciones del fuero común que les toca investigar a las procuradurías y fiscalías estatales.
Del total, sólo 10 entidades tienen unidades, centros, fiscalías o grupos especializados en la búsqueda de personas. En el resto, el trabajo lo realizan agentes del Ministerio Público y de las corporaciones policiacas.
Los resultados y el presupuesto de las unidades no son información pública.
De los cinco estados con mayor número de desaparecidos, dos no cuentan con unidades especializadas. Tal es el caso de Tamaulipas, que tiene 5 mil 293 registros de desapariciones, y de Sinaloa, con mil 393.
“Es un esfuerzo insuficiente, y tiene que ver con la necesidad de hacer homogénea las legislaciones estatales y las obligaciones que se derivan. Dibuja un panorama desolador frente a un problema serio que existe en el País”, consideró Carlos Pérez, ex coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia.
Los protocolos de actuación para la búsqueda tampoco son iguales para todos. En lugares como Nuevo León tienen protocolos convenidos con organizaciones y víctimas. En otros, por la falta de reglas las búsquedas inician hasta tres días después de la desaparición.
“Un protocolo es una sistematización de información que se deriva de los mejores estándares a nivel mundial (…) el no voltear a ver esos estándares de lo que habla es de falta de entusiasmo o de ignorancia”, criticó.