Es ilegal el paro y sí hay averiguaciones previas, dicen miembros del Poder Judicial

*Los líderes aprovechan la inestabilidad social por el caso Ayotzinapa, acusa la magistrada Adela Román

Los magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Adela Román Ocampo, señaló que los dirigentes del paro de los trabajadores del Poder Judicial del estado solamente “están aprovechando la inestabilidad social” derivada de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los trabajadores hicieron un paro similar en abril del año pasado, y el 9 de ese mes se firmó una minuta en la que los magistraados se comprometieron a resolver sus demandas salariales y laborales. Y el 20 de octubre, la magistrada presidenta, Lambertina Galeana, en nombre del TSJ y el Consejo de la Judicatura reconoció ante notario público al Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE) y se comprometió a gestionar el aumento salarial para este año, entre otras exigencias.
En la sesión mensual del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero Román Ocampo y los consejeros de la Judicatura, Ricardo Salinas Sandoval y Francisco Espinoza Grado desconocieron la representatividad SISPPJE, al que están afiliados los más de mil trabajadores del Tribunal Superior de Justicia que cumplieron ya 12 días en suspensión de labores para exigir aumento salarial de 35 por ciento y diversas prestaciones laborales y de seguridad social.
Los integrantes del Colegio de Abogados, preguntaron a los representantes del Poder Judicial sobre el cierre de la mayoría de los juzgados en el estado.
En su intervención, el juez penal y consejero de la judicatura Ricardo Salinas dijo que los trabajadores “legalmente no están constituidos” porque “al ser trabajadores de confianza, no pueden ser sindicalizados”.
Román Ocampo, quien fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por ese partido fue síndica del ayumntamiento de Acapiulco, asistió en representación de la magistrada presidenta Lambertina Galeana, y dijo que el movimiento de los trabajadores “puede ser muy legítimo en su reclamo salarial”, pero “legalmente no están constituidos como sindicato”, señaló que no se realizó un “emplazamiento jurídico adecuado” ni se ha reconocido el paro por el “tribunal de arbitraje”.
Sobre la versión de que el TSJ interpuso demanda penal contra los lídres, Román Ocampo dijo que n o tenía conocimiento de ello o “tal vez” fue el Consejo de la Judicatura el que puso la denuncia.
Por su parte, el consejero de la Judicatura, Francisco Espinoza Grado dijo que los trabajadores incurren en “delitos contra la administración de justicia” y motín, reconoció que se inició averiguación previa por parte de “un departamento jurídico” porque “todo mundo sabe” que se están realizando las averiguaciones previas y enfatizó que “no hay que confundir” la aplicación del estado de derecho con la solicitud de medidas cautelares que hicieron los paristas a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), porque el TSJ “ha respetado la integridad física y derechos fundamentales de los trabajadores “
Adela Román Ocampo negó que haya una conducta omisa de la presidenta Lambertina Galeana ante el conflicto y destacó que la magistrada presentó “una oferta” a los trabajadores “humana y económicamente posible”, pero los líderes del movimiento están en una actitud de “cerrazón que tiene otro fondo” y que no “vela por los intereses de los trabajadores”
Reveló que después de “la tragedia de Ayotzinapa” y ante los rumores de la “desaparición de poderes” los trabajadores se manifestaron y en ese momento “arrinconan a la presidenta” por lo que “había resolverlo” y firmaron la minuta en el mes de octubre donde reconocían al sindicato independiente y se comprometían a un aumento salarial.
El consejero Francisco Espinoza soltó que “se vieron obligados a firmar el convenio” mientras que su colega y juez penal, Ricardo Salinas dijo que el acuerdo que se firmó ante notario para el reconocimiento del SISPPJE “estuvo viciado y coaccionado por los trabajadores”.
Pero acotó que “en ningún moneto” hubo el compromiso de otorgar un incremento salarial de 35 por ciento.
Adela Román dijo que hay acercamiento con el gobierno del estado con el que se trabaja para una “ampliación” del presupuesto y en el transcurso de la semana se dará a conocer a los trabajadores la noticia. Negó que haya privilegiados en el tribunal, como lo señalan los paristas, pero subrayó que es “obvio” que un magistrado o juez gane más que un administrativo.
Luego dijo que cada semestre jueces y proyectistas reciben bonos “especiales” y destacó que en cuestión salarial, como poder judicial están “por encima del legislativo y ejecutivo”, pero “no hay autonomía presupuestaria”. Es decir, que el presupuesto no se elabora en el poder Judicial sino en el Ejecutivo. (Redacción).