Piden desalojados de Ceja Blanca en Iguala audiencia con el alcalde y nadie los recibe

Fernando Hernández

Iguala

Un grupo de invasores de un predio de la comunidad de Ceja Blanca, de la que fueron desalojados, intentaron sin éxito entrevistarse con el alcalde priista, Raúl Tovar Tavera.
La tarde del pasado jueves al menos 20 policías municipales y alrededor de 10 trabajadores del Ayuntamiento participaron en el desalojo de las familias que hace 15 días se posesionaron del terreno.
La mañana de este lunes buscaron una entrevista con el alcalde, para informarle sobre presuntos abusos por parte de la Policía Municipal, que fueron cometidos durante el desalojo.
Los precaristas no dieron entrevistas a los medios informativos porque su abogado, Raúl Flores Quinto, se los prohibió.
Flores Quinto solicitó a los representantes de los medios que acudieron a la antesala del despacho principal del alcalde, que se identificaran mostrando “sus credenciales”.
Minutos antes de las 12 de la tarde, los manifestantes abandonaron la antesala de la oficina de Tovar Tavera.
En el pasillo de la segunda planta del Palacio Municipal, los ocupantes se encontraron con el director del Departamento Jurídico, Nemesio Álvarez.
Álvarez se entrevistó por unos minutos con el abogado de los precaristas y les dijo que el área a su cargo no había autorizado ninguna orden para desalojar a quienes se posesionaron de las tierras.
En tanto que un funcionario de la Dirección de Gobernación municipal –quien pidió se conservará su nombre bajo anonimato, porque a los altos mandos les han prohibido hacer declaraciones– confirmó que el Ayuntamiento actuó en el desalojo sin tener la autorización de un juzgado.
Pero, “la policía actuó conforme al Artículo 115 constitucional, o sea, actuó en flagrancia de los hechos”.
La fuente consultada precisó que el pasado jueves, “se le entregó posesión a los dueños, bueno al dueño del terreno, porque se trata de una propiedad privada”.
En tanto que los precaristas, junto con su abogado, después de que fueron informados de que la administración municipal actuó el pasado jueves sin el aval de un juzgado, se trasladó a la Coordinación Regional de los Derechos Humanos (Codehum) a levantar una queja.