Bachelet dice que en Chile hay igualdad ante la ley frente a casos de corrupción

EFE

Santiago de Chile

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró ayer que su gobierno está comprometido con la transparencia en los casos de corrupción que han sacudido al país en estos últimos meses y subrayó que todos los ciudadanos son iguales ante la justicia.
“Aquí no hay ciudadanos de primera o segunda, frente a la justicia somos todos iguales”, sostuvo Bachelet durante una ceremonia de entrega de nuevos carros a bomberos.
“Quiero ser muy clara al decirles que mi gobierno tiene un compromiso profundo con la transparencia frente a los hechos que hemos conocido”, agregó la mandataria.
Bachelet se refería al llamado caso Penta, un proceso por delitos tributarios y soborno en el que están involucrados empresarios y políticos, y al polémico negocio inmobiliario en el que participaron el hijo mayor de la gobernante, Sebastián Dávalos, y su nuera.
Este último episodio ha golpeado con fuerza la popularidad de la presidenta chilena, cuya aprobación cayó hasta el 30 por ciento y el rechazo a su gestión aumentó al 60 por ciento, según una encuesta de la consultora Plaza Pública Cadem difundida este lunes.
Bachelet sostuvo ayer que en estos casos “no hay dos miradas” y que el Ejecutivo colaborará “en todo lo que se necesite sea investigado, aclarado y sancionado por los organismos competentes”.
El caso Penta comenzó con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20 mil millones de dólares, y actualmente hay diez imputados formalmente, de los que cuatro están en prisión preventiva.
Quienes están en prisión preventiva son Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los dueños de Penta; Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014); e Iván Álvarez, un ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos.
Por otro lado, políticos, artistas, sindicatos y estudiantes se reunieron ayer en la Plaza de la Constitución, frente a la sede presidencial chilena, para pedir un plebiscito que impulse una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.