Eduardo Pérez Haro

Carmen Aristegui

Para Daniel Lizárraga e Irving Huerta.

La periodista Carmen Aristegui ha sido objeto de una escalada autoritaria que no puede entenderse de otra manera que como un acto de represión política en contra de quienes, como ella y su equipo de trabajo, vienen revelando actos de corrupción y abusos del poder gubernamental, como son Tlatlaya, el asesinato sin juicio de más de 20 presumibles integrantes del crimen organizado ejecutado por elementos del Ejército en esa localidad del Estado de México; la prostitución de trabajadoras puestas al servicio del líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez; la evidencia de la Casa Blanca, una mansión obtenida en condiciones preferenciales por medio del Grupo Higa, del empresario Hinojosa Cantú, conocido como “el duque de los privilegios” debido a que ha sido casualmente ganador de megacontratos de infraestructura de los gobiernos del Estado de México y del gobierno Federal en más de una década; etcétera; puestos en evidencia mediante un periodismo de investigación que ha documentado las tropelías del régimen y que le han significado su desprestigio internacional.
MVS, la empresa de Joaquín Vargas, a su vez dueño de otros negocios como el de la conocidas restauranterías de Wings, Chili’s y Los Almendros, arremetió contra la propia periodista después de haber despedido a Daniel Lizárraga e Irving Huerta tras aducir que éstos incurrían en “abuso de confianza” al integrarse desde MVS Noticias al proyecto de MexicoLeaks que se convertiría en un mecanismo análogo a WikiLeaks (que Wikipedia puntualiza, del inglés leak, “fuga”, “goteo”, “filtración [de información]”, y la define como una organización mediática internacional sin fines de lucro, que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenidos de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes”), un proyecto para transparentar información que, en este caso, terminó por colmar la paciencia del régimen.
Tal como fue planteado desde un inicio por la misma Aristegui, so pretexto de esta circunstancia se configuró una discusión artificial que permitiría montar un aparente conflicto entre la periodista y la empresa MVS, para así poderla separar bajo el ardid de un conflicto laboral entre privados. El 12 de marzo, Carmen Aristegui expresó desde los micrófonos de MVS Noticias que para mantener el curso del noticiero más escuchado de la radio en México era condición la reinstalación de los periodistas cuestionados. La respuesta de MVS fue la de apartar a Carmen Aristegui, la estratagema del pleito laboral ayudaba a asestar el golpe, y de tras de ella vendrían las renuncias de Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer.
El 15 de marzo, Jorge Zepeda Paterson desde el periódico digital Sin Embargo lanza una pregunta que a su vez responde “¿Qué tienen en común el nombramiento de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte y las presiones contra Carmen Aristegui para que renuncie a su espacio de radio en MVS? Que ambas obedecen a la necesidad que tiene el poder presidencial de neutralizar espacios incomodos y fuera de control”.
El 17 de marzo, Katia D’Artigues, igual que otros periodistas, señala que “la salida de Carmen Aristegui y su equipo es un golpe duro para el gobierno de Enrique Peña Nieto”. Reporta que este despido dio la vuelta al mundo y se adjudica al reportaje sobre la Casa Blanca, lo que pone en entredicho, a nivel internacional, al actual presidente. Y en efecto, tenemos en el escenario que la agencia Reuters “vinculó el despido con los últimos trabajos de la periodista”, especialmente con el reportaje sobre Casa Blanca, opinión que comparten la Agencia AP y la cadena de televisión árabe Al Jazeera.
The Financial Times destaca que “Carmen Aristegui ha tallado una carrera como la más provocativa periodista de televisión, irrumpiendo con historias acerca de conflicto de interés que involucran casas lujosas y redes de prostitución entre los jefes de partidos. Sus crónicas sobre corrupción en México volvieron su programa matutino de radio el más popular de México”. No son los únicos, “desde los diarios españoles El País y El Mundo, hasta los medios norteamericanos The Wall Street Journal, The New York Times y Los Angeles Times han consignado la salida de la periodista de la estación de radio”. Así se expresa en la crónica del diario digital Sin Embargo, pero la lista de personajes y medios en México y en el mundo no alcanza a enlistarse en este espacio.
La Secretaría de Gobernación emitió un breve comunicado en el que manifiesta “deseable que este conflicto entre particulares se resuelva, para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana. El Gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país”. Éste es el enfoque con el que se cierra el círculo de la artimaña y con la que algunos panegiristas se han alineado en protección de sus canonjías.
Se construye un conflicto privado y sin incumbencia aparente, el gobierno se inmiscuye para lavarse las manos y proclamar su más sentido compromiso con la crítica, el periodismo, la pluralidad y la democracia, un encadenamiento de términos que incluso les cuesta trabajo pronunciar, pero que se practica para construir verdades propagandísticas que, como quiera, entre algunos segmentos de población a desviar la atención y esquivar responsabilidades; pero no entre la población informada que bien sabe quién es Carmen Aristegui y que la reconoce, no como la única pero sí como la expresión más amplia del periodismo de investigación que ha sabido identificar las fechorías y someterlas al conocimiento de la población abierta, sin importar el cargo, nivel o nombre de los implicados. Dice el periodista Jorge Ramos que “cuando el poder abusa, el periodismo tiene que ser el contrapoder”, y Aristegui ha estado ahí.
Como señala el abogado Juan Romero en su carta de defensa de Aristegui, “MVS explota una concesión de un bien público conforme al Artículo 27 de la Constitución mexicana, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, el derecho de las audiencias y de libertad de prensa como lo consignan los Artículos primero, sexto y séptimo de la Constitución, así como los artículos 216 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Desde el amparo institucional a las audiencias, se vuelve a decir que para los ciudadanos y periodistas se está perpetrando una acción de golpeo que no puede ser soslayada
Aristegui somos todos, ella apunta a una controversia jurídica por violación a los términos de su contrato y exige la reinstalación en el marco de su defensa legal. En la calle y en los medios de comunicación, en México y en el mundo se reclama su reinstalación como una demanda política frente a un hecho que no se reconoce más que como un acto de represión política en el que, paradójicamente Carmen no pierde su audiencia; viene en aumento porque quienes no se despertaban a escucharla o simplemente no la sintonizaban, ahora están atentos por lo que les representa esta discusión como un diferendo más entre el gobierno y los ciudadanos que son afectados por decisiones de Estado no consultadas y no compartidas.
Nadie se ha olvidado de los 25 mil desaparecidos ni de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y ante la proximidad del día 26 de marzo cuando se cumplen seis meses de la tragedia de Iguala, ahora se suma la protesta por el golpe a la libertad de prensa y el derecho a la información, no cabe duda que como destaca el periodista Jorge Zepeda en su artículo del periódico español El País (19/03/15), “No sólo es que México se ha deslizado dando de tumbos de un escándalo a otro en los últimos meses: se convierte en un problema de gobernabilidad porque todos los golpes remiten al presidente Enrique Peña Nieto”.

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