Se rompe acuerdo internacional si no se investiga como desaparición forzada el caso: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró un obstáculo de las autoridades mexicanas someter a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que brinda asesora técnica en el caso de Ayotzinapa.
En consulta desde Washington, el defensor se refirió a la declaración del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, de que la recomendación para juzgar el caso Iguala bajo el tipo penal de desaparición forzada, será dirigida al Poder Judicial.
Por lo tanto, la decisión de juzgar el caso por homicidio, como estableció la Procuraduría General de la República (PGR), o desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, como plantean los expertos, dependerá de la interpretación del Poder Judicial.
Vía telefónica, Rosales Sierra consideró lamentable esa posición, porque hay un compromiso del Estado de acatar las recomendaciones del GIEI, y esto implica desdecirse de los acuerdos.
Explicó que hay un acuerdo de cooperación de la CIDH y el gobierno mexicano, y uno de los puntos es que el Ministerio Público iba a aceptar las recomendaciones del grupo de expertos, no que las iban a enviar a la SCJN.
Indicó que el caso sigue en la fase de investigación, y el MP tiene facultades exclusivas para “enderezar” el proceso.
Sin embargo, señaló que falta voluntad política y congruencia con la Convención Americana de Derechos Humanos que México firmó, que establece la obligatoriedad de acatar las disposiciones de un acuerdo de cooperación con organismos internacionales en la materia.
Denunció que el gobierno es reticente a cumplir con las recomendaciones del GIEI, y este es un obstáculo de los que empieza a poner, de tipo legales, para justificar incumplimientos, “nos parece muy grave, que la cancillería asuma esa posición”.
Argumentó que el GIEI se integró como pate de las medidas cautelares que dictó la CIDH, que representan una resolución “cuasi judicial”, y en el el marco de esas medidas nació el acuerdo de cooperación de asistencia técnica a través de sus expertos.
Por lo tanto, los tres poderes a que les resulte obligatoriedad –en este caso el Ejecutivo y Judicial–, deben acatar esas recomendaciones, porque es un órgano internacional el que dictó, el que recomienda, “independiente que cada Poder tenga su independencia”.