Arturo Solís Heredia

Canal Privado

*Lo bueno, lo malo y lo peor

Lo bueno, lo malo y lo peor del proceso electoral hasta el momento, asegún su seguro escribidor, sin orden ni jerarquía de ningún tipo.
Lo bueno es que el candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo Flores, prometió que “no gobernaré con mis familiares, ni con amigos, sino con quienes verdaderamente quieran a Guerrero y quieran que nuestro estado salga adelante”; lo bueno es que su par de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros presentó una iniciativa al respecto, antes incluso del arranque formal de las campañas.
Bueno, porque el priista y el morenista recogen una demanda obvia del respetable electoral, particularmente estridente durante el gobierno de Ángel Aguirre.
Lo malo es que Astudillo, y menos sus mencionados pares, no ha enriquecido su promesa con propuestas de reformas legales y administrativas que garanticen mayor transparencia, menor impunidad y castigos más severos para los corruptos; lo peor es que, a pesar de la obviedad, los pares de los ya citados no han prometido lo mismo, como si la estridencia ciudadana sólo se debiera a los probados y presuntos excesos del gobierno anterior, y no a sexenios y trienios de corruptelas sistemáticas e impunes; y como si la del PRD, Beatriz Mojica, no estuviera particularmente obligada, por igual de obvias razones.
Lo bueno es que el panista Jorge Camacho exhortó a sus pares a firmar un pacto de civilidad en el que se comprometan a defender el proceso electoral.
Lo malo es que, hasta ayer, ninguno de los aludidos había respondido públicamente y que, aunque se reconoce la iniciativa de Camacho, civilidad electoral es lo menos que cualquier ciudadano de cualquier democracia respetable espera de los contendientes; tanto, que la necesidad de firmar un pacto que la garantice parecería ociosa y preocupante.
Quizá por eso, la iniciativa del panista no parece tan ociosa, porque la neta, aunque duela, es que nuestra democracia no tiene fama de muy respetable entre propios ni entre extraños; quizá por eso, la iniciativa del panista preocupa mucho, porque ni él ni los otros candidatos a gobernador parecen reconocer, y ni siquiera entender, la necesidad de pactar acuerdos y compromisos políticos más relevantes, pertinentes y urgentes (valga la cacofonía), que la civilidad electoral.
Pero digo que no parecen, porque de algunos me consta y de los otros apuesto que lo entienden. De ser así, lo peor es que no quieren reconocer públicamente las realidades evidentes en la sociedad que pretenden gobernar: que los ciudadanos no sólo dudan de la honradez, sinceridad y buenas intenciones de los políticos en general, sino que a menudo y no pocos creen firmemente las peores historias y los rumores más perversos (ciertos o no), para descubrir los motivos y propósitos detrás de sus dichos y hechos; que los ciudadanos no sólo desconfían de los políticos, a menudo y no pocos desconfían también de líderes sindicales, comunitarios, universitarios y empresariales; que la tragedia de Iguala pudo suceder en al menos 20 municipios en donde existen condiciones y circunstancias similares; que la violencia y la protesta social no se limitan a una coyuntura, sino que forman parte de un fenómeno estructural; que los problemas del crimen organizado, la disidencia magisterial, los padres de los normalistas desaparecidos, los alzamientos armados de autodefensa comunitaria y la inseguridad pública, por mencionar los más evidentes, no menguarán ni se resolverán sólo por la llegada de un nuevo gobierno; que antes de convocar a la unidad de los ciudadanos, de buscar acuerdos colectivos y de proponer metas comunes, los candidatos a gobernador primero necesitan demostrar que son capaces de negociar, acordar y unirse en una causa común, buscando el bien de la mayoría.
Si lo entienden y reconocen ya, comenzarán a redimirse ante la sociedad, y a reivindicar a la política como la mejor herramienta para resolver los problemas que plantea la convivencia colectiva.
Lo bueno es que el domingo el gobierno de Rogelio Ortega convocó “a la Comisión Política de la CETEG, al Movimiento Popular Guerrerense, a todas y todos los líderes sociales, a las y los dirigentes de los partidos políticos, y a las candidatas y candidatos a puestos de elección popular, a un diálogo público en foros y mesas temáticas, para trabajar de manera conjunta en la construcción de las rutas que nos conduzcan a la reconstrucción del tejido social, la búsqueda de la armonía, la paz democrática y la solución de las exigencias sociales”.
Lo malo es que, hasta ayer, de los nueve candidatos a gobernador sólo Beatriz Mojica, Héctor Astudillo, Luis Walton y Alberto López Rosas habían aceptado la convocatoria del gobierno estatal.
Lo peor es que el magisterio disidente se molestó al saber la intención del gobernador Rogelio Ortega de “sentarnos a dialogar con candidatos y políticos, cuando el señor gobernador conoce perfectamente nuestra postura de no permitir el proceso electoral”.

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