“No nos dejen solos”, piden padres de Ayotzinapa; exigirán en el INE la cancelación de las elecciones

*Llaman a la Décima Acción Global por Ayotzinapa y por México el jueves en el DF. Votar es hacerlo a favor de narcopolíticos y la muerte de los ciudadanos, afirma Melitón Ortega. Antes de pedir el voto que se limpie a la clase política “de lo contrario estaremos viviendo lo mismo del 26 y 27 de septiembre en Iguala o mucho peor”, advierte

Lourdes Chávez

Chilpancingo

“No nos dejen solos” pidió una comisión de padres de los 43 alumnos de la Normal Rural desaparecidos en Iguala, e invitaron a la Décima Acción Global por Ayotzinapa y por México programada para este jueves en las oficinas estatales del Instituto Nacional Electoral (INE) y la sede del Distrito Federal, para exigir la cancelación de los comicios del 7 de junio.
En conferencia de prensa en la ciudad de México (que se transmitió por Internet) el representante de los padres, Melitón Ortega insistió en que las elecciones, particularmente en Guerrero, representan votar a favor de narcopolíticos y la muerte de los ciudadanos.
Antes de pedir el voto demandó que se limpie a la clase política “de lo contrario estaremos viviendo lo mismo del 26 y 27 de septiembre en Iguala -el ataque de policías a estudiantes-, o mucho peor”.
En la conferencia que se transmitió en línea desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los padres insistieron en que las elecciones en Guerrero representan mantener a la misma clase política en el poder, que defendió en el primer momento al alcalde de Iguala José Luis Abarca Velásquez tras los crímenes donde policías asesinaron a seis personas y desaparecieron a 43 normalistas, hace seis meses.
También se solidarizaron con la periodista Carmen Aristegui, despedida de la cadena de radio MVS, a quien le reconocieron la cobertura al movimiento de los padres y los normalistas.
Denunciaron que autoridades federales y estatales han enviado gente en diferentes momentos a ofrecer dinero y vivienda a los padres de los desaparecidos para dividirlos, pero cada caso se denunció en las asambleas internas “y eso nos fortalece”.
Melitón Ortega expuso que en seis meses “de lucha incansable” mantienen sus demandas: la presentación con vida de los estudiantes, castigo de los crímenes de Iguala y nuevas líneas de investigación porque la Procuraduría General de la República sólo tiene una, la del crimen organizado.
Confió en que las primeras recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permita avances importantes.
Destacó que la primera petición de los integrantes del GIEI es que el caso se investigue bajo la modalidad de desaparición forzada, porque los señalados son funcionarios públicos, policías municipales, un alcalde electo y su esposa, señalada de ser la líder de la banda Guerreros Unidos, a quien los municipales presuntamente entregaron a los 43 estudiantes desaparecidos.
Pidió que este jueves en las protestas programadas en las oficinas del INE en la mañana y en una marcha del Ángel de la Independencia al monumento de la Revolución en la tarde “no nos dejen solos, sigan con nosotros, participando en esta lucha”, contra la impunidad y la corrupción en las diferentes esferas de gobierno.
Agregó que más adelante van a fijar una postura respecto a la renovación de los poderes en Guerrero, sin una elección. En la Asamblea Popular Nacional que sesiona en Ayotzinapa, sólo se ha mencionado la conformación de Consejos Municipales para sustituir a las autoridades de los ayuntamientos.
La abuela del normalista desaparecido Martín Getsemaní Sanchez, Joaquina García Velázquez demandó a la prensa nacional que diga la verdad respecto al caso Aytozinapa, que representa “una herida lacerante. Tendría que dejar de ser madre para dejar de pedir por el paradero de mi hijo, porque a seis meses no hay seriedad en las autoridades ni resultados concretos”.
Al presidente Enrique Peña Nieto y al expresidente Vicente Fox, que en diferentes momentos pidieron a los padres que superen la tragedia de Iguala, dijo “tal vez se atrevan a decir eso porque alguno de ellos no tiene madre, (pero) para un padre ni para una madre hay tranquilidad mientras no conozca el paradero de sus hijos”.
Un normalista aclaró que las acciones globales no son una rebelión ni un movimiento estudiantil, “es una exigencia ciudadana que nos afecta a todos como sociedad porque si tuvieron el poder de desaparecer de 43 estudiantes, pueden desaparecer a quien ellos quieran”.
El abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar aseguró que en México hay más agravios de los denunciados por desaparición forzada, porque las cifras oficiales mencionan alrededor de 26 personas de las que no se sabe su paradero.
En este escenarios las elecciones implican refrendar y votar por el contubernio de políticos y delincuentes, unidos por complicidad u omisión, afirmó, y Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca viven el mismo dolor.
Melitón Ortega agregó que mientras en Guerrero haya narcopolíticos “no es posible que se hable de una fiesta cívica, no podemos darnos ese lujo de salir a votar, sería llevar las cosas en las mismas condiciones (de Iguala) o peor tantito”.
En otro tema, informó que no tienen interés en reunirse con la nueva procuradora Arely Gómez, como hicieron con su antecesor Jesús Murillo Karam, sólo le pidieron que otorgue todas las facilidades a los peritos argentinos y a los integrantes del GIEI para que realicen su trabajo.
Sobre una de las primeras recomendaciones del GIEI al gobierno de méxico para que reanude la búsqueda de los normalistas desaparecidos, aclaró que se suspendieron el 26 de enero, luego de que Murillo Karam dio a conocer la “verdad histórica”, que no convenció a los padres de familia ni a expertos que se han involucrado en el caso.
Indicó que desde entonces se rompió el diálogo y no han tenido más contacto con la Policía Federal, corporación a la que tampoco le tienen confianza porque su trabajo no respondió a la forma en que los padres exigieron que buscaran.
Aclaró que van a insistir en la demanda de abrir los cuarteles militares para buscar a los desaparecidos, comenzando en el campo militar número 1, pese a la negativa rotunda del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.