Piden diputados defender a los jornaleros tras ventilarse casos de explotación

*Demandan que se incrementen las medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales y servicios bajo las cuales viven y son contratados, a fin de generarles entornos dignos de trabajo, salud, educación y vivienda

Agencia Proceso

Ciudad de México

El Pleno de la Cámara de Diputados pidió a diversas dependencias federales y organismos que garanticen los derechos de los jornaleros agrícolas del país, luego de los casos de explotación laboral que se han presentado en días pasados.
Los legisladores refirieron a los casos del rancho El Cerezo, en Comondú, Baja California Sur, donde se encontraron a 200 campesinos indígenas que eran víctimas de explotación laboral.
El 17 de marzo, cerca de 50 mil jornaleros de Vicente Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, en Baja California, se fueron a huelga para obtener mejores salarios y condiciones laborales.
“La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus competencias, revisen e incrementen las medidas de control y supervisión de las condiciones laborales bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas a nivel nacional”, se indica en el punto de acuerdo.
También se exhortó a dichos organismos, al Ayuntamiento de Ensenada y al Gobierno de Baja California, a que investiguen, atiendan y resuelvan mediante el diálogo y la concertación los conflictos generados en la zona sur del Municipio, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas.
Los diputados demandan que se incrementen las medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales y servicios bajo las cuales viven y son contratados, a fin de generarles entornos dignos de trabajo, salud, educación y vivienda.
En el mismo punto de acuerdo, los diputados piden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur que investiguen y, en su caso, se apliquen las sanciones pertinentes a los responsables de la violación de los derechos humanos de los 200 indígenas que laboraban en condiciones de explotación en el Municipio de Comondú.
El diputado del PRD Abraham Correa Acevedo indicó que los casos registrados deben ser un precedente para que no se repita tal situación.
Advirtió que en Baja California se debe revisar si no hay un conflicto de interés, porque los funcionarios estatales son hoy empleadores de los jornaleros agrícolas y son de quienes se quejan los trabajadores.
“A parte de empleadores, son los encargados de diseñar y de establecer las políticas en materia de respeto a los derechos de los trabajadores y de impulso a las relaciones laborales.
“Particularmente en Baja California el Secretario de Fomento Agropecuario del Gobierno anterior, es del Valle de San Quintín, y es empresario de una de las principales empresas productoras de hortalizas”, dijo.
Agregó que en el caso del actual Gobierno estatal, el Secretario de Planeación y Finanzas es también parte de una de las principales empresas que hoy están paradas.
El Secretario de Fomento Agropecuario, que es de la misma familia del Secretario de Planeación y Finanzas, también es de otras de las empresas señaladas, advirtió.
Citó también al delegado municipal de Camalú, una de las zonas que están paradas, como ligado a una de las principales empresas de ese Municipio.