Salen a las calles y carreteras trabajadores en paro del Poder Judicial para difundir su movimiento

*Reparten volantes a automovilistas y transeúntes al cumplirse 16 días de iniciada su lucha laboral. En Iguala, denuncian nepotismo y hacen pública una lista de 21 familiares de jueces y magistrados que cobran altos sueldos

Anarsis Pacheco Pólito, Alejandro Guerrero, Abel Salgado, Brenda Escobar , Beatriz García, Claudio Viveros e Israel Flores

Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilapa, Taxco y Coyuca de Catalán

Trabajadores agremiados al Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del estado de Guerrero (SISPPJE) de Chilpancingo y Acapulco repartieron volantes a automovilistas que circulaban en la Autopista del Sol, para difundir su paro laboral que cumple 16 días, mientras los trabajadores en Iguala dieron a conocer una lista de 21 familiares de jueces y magistrados que cobran altos sueldos con el consentimiento de la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín.
A 16 días de la toma del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, como parte del paro laboral, trabajadores hicieron pública una lista de 21 familiares de jueces y magistrados que cobran altos sueldos con el consentimiento de la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín y el ex presidente del Poder Judicial Jesús Martínez Garnelo.
Tras la denuncia de nepotismo, los trabajadores entregaron a El Sur, una lista de 21 familiares de jueces y magistrados que ingresaron al Poder Judicial por recomendaciones y cobrando altos sueldos.
En la lista a la que titularon “La familia judicial, el nepotismo a flor de piel”.
En la lista están los nombres de Antonia Casarrubias García, magistrada de la Tercera Sala Penal del Distrito Judicial de Hidalgo; Leticia Brito Patiño, primera secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil; Ricardo Javier Casiano Barrera, segundo secretario de acuerdos del Juzgado Primero; y Pablo Santos Escobar, encargado del comedor del Distrito Judicial de Hidalgo; todos ellos “compadres” y “recomendados” del magistrado presidente de la Tercera Sala Penal con sede en Iguala, Raymundo Casarrubias.
En esta lista también aparece una mujer que cobra en el Poder Judicial a la que identifican como “querida” de los magistrados.
Enlistan también a la familia Valentín, el juez de Acapulco, Silvano Martínez Valentín; la jueza de Teloloapan, Anastasia Barrueta de Valentín; el juez de Zihuatanejo y esposo de Anastasia Barrueta, Gregario Martínez Valentín; la responsable de juicios orales en el Distrito Judicial de Hidalgo, Laura Ramírez de Valentín; la Actuaria del juzgado de Teloloapan, Lucía Edén Martínez Valentín; la doctora del Distrito Hidalgo, Cristina Martínez Valentín; la encargada de la biblioteca de este mismo distrito, Silveria Martínez Valentín, y un hombre llamado Ulises, sobrino de esta familia, que se desempeña como secretario de acuerdos del Juzgado de Paz.
Los familiares de la magistrada de la Tercera Sala Penal, Antonia Casarrubias García, son Víctor Manuel Casarrubias, proyectista de la Tercera Sala Penal, y su esposa, de la que no se tiene el nombre, en el área de juicios orales.
Están también el oficial administrativo del Juzgado Primero Penal del Distrito de Hidalgo, Mario Casarrubias; el hijo de la magistrada Antonia Casarrubias, Alejandro Alarcón Casarrubias; la hijastra de esta magistrada, Viridiana García Brito, oficial administrativo del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, y Alejandro Arriera, yerno de la magistrada Antonia Casarrubias, quien cobra como oficial administrativo del Juzgado Primero Penal de este distrito judicial.
Del magistrado de la Tercera Sala Penal de Iguala, Félix Nava Solís, los trabajadores ubican a Ever Fernández Nava, Juez de juicios orales, Iván Fernández Nava, Oficial administrativo del Juzgado Penal, y Carlos Nava Tapia, oficial administrativo adscrito al Distrito Hidalgo
Los trabajadores informaron que la nómina se guarda con mucho hermetismo, pero saben que los de esta lista reciben sueldos de 20 a 50 mil pesos por mes.
Los trabajadores en paro denunciaron que fueron amenazados con averiguaciones previas en contra de los cerca de 800 trabajadores agremiados al SISPPJE.

En Chilpancingo y Acapulco reparten volantes en la Autopista del Sol

Al medio día de este miércoles, más de 20 trabajadoras del Poder Judicial se trasladaron a la Caseta de cobro de Palo Blanco donde repartieron volantes con información sobre su paro laboral.
Ante la movilización de las manifestantes, que en todo momento permanecieron en el estacionamiento de la zona de venta de comida rápida, la Policía Federal desplegó 18 patrullas.
Los oficiales exigieron a las trabajadoras que se retiraran del lugar, ya que por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto estaba determinantemente prohibido manifestarse ahí.
Las paristas se quedaron unos 45 minutos, y repartiendo volantes únicamente a los conductores que llegaban a estacionarse.
Simultáneamente, los trabajadores de Acapulco repartieron volantes en la caseta de La Venta, para dar a conocer su movimiento a la ciudadanía.
Ya en la caseta de peaje de la Autopista del Sol, la secretaria adjunta del SISPPJE, Josefina Suástegui se acercó a la oficina de Caminos y Puentes Federales, e informó a uno de los encargados sobre su intención, le dijo que no había inconveniente, siempre y cuando no bloquearan ni tomaran las casetas.
Minutos después, y cuando entregaban los volantes a automovilistas que salían de Acapulco, llegaron tres policías federales a pie; las trabajadoras les explicaron su actividad, y los agentes se retiraron después de pedirles no bajar de las banquetas, para evitar accidentes.

Se retiraron a las 2 y media de la tarde, cuando terminaron de entregar 500 volantes.

En Acapulco, señalan la necesidad de exigir seguridad social entre sus demandas
El secretario de organización del SISPPJE, Miguel Ángel Moyado Escutia dijo que no hay respuesta de la magistrada Lambertina Galeana ni del gobierno del estado para resolver sus demandas.
Recordó el caso de María Guadalupe Palacios, esposa del juez Jesús Sales, de Coyuca de Catalán, quien hace un mes fue asesinado al llegar a su casa.
Este caso que estremeció a los trabajadores, “hizo notorio la carencia de la seguridad social”, aseveró el secretario de Organización del SISPPJE, quien indicó que a la muerte del juez dejó a dos hijos y una esposa que no recibe pensión por viudez o “algún recurso para la manutención de la familia”, sólo una póliza que alcanzará a cubrir sus necesidades “por unos dos años”.
Moyado Escutia dijo que el juez de Tierra Caliente tenía 25 años de servicio y calificó como “inaudito” que trabajadores como él, a su muerte no reciban “al menos” una pensión de viudez a sus cónyuges.
Los trabajadores insistieron en exigir seguridad social en de su pliego petitorio, ya que la ley orgánica del Poder Judicial del estado no contempla estos derechos.
Cerca de las 11:30 de la mañana, los trabajadores se empezaron a entregar volantes informativos e la caseta de La Venta.

Llevarán a cabo otras acciones los paristas en Zihuatanejo a partir de hoy, advierten

En Zihuatanejo los trabajadores se reunieron para determinar las nuevas acciones para exigir que sus demandas sean atendidas ante la postura “cerrada” de la presidenta del TSJ Lambertina Galeana Marín.
Informaron que, a partir de este jueves llevarán a cabo otras actividades además del plantón que mantienen en el Palacio de Justicia.
A pregunta expresa, una trabajadora aseguró que “la postura de todos los compañeros es que vamos a seguir en la lucha, si los demás compañeros de otras partes del estado están en pie de lucha… lo único que demandamos es una situación laboral justa, sí, seguimos en la lucha”.

También en Coyuca de Catalán hacen difusión
Este miércoles salieron a las calles los empleados del Poder Judicial en Coyuca de Catalán para informar mediante volantes en las calles de los motivos de su paro, entre otros, una auditoria al manejo de los recursos y el cese de la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín.
Cuatro horas estuvieron junto al puente Miguel Alemán, junto a las instalaciones del Ministerio Público, a donde llegan también varios abogados y personas que tienen trámites jurídicos atorados por el movimiento de los empleados de los juzgados.
Los trabajadores se tomaron tiempo para explicar que “no están tratando de afectar a nadie sino que intentan mejorar las condiciones laborables y al mismo tiempo transparentar el uso de los recursos que ahí se aplican”.
Son más de 15 empleados que se mantienen en el paro, y que llevan más de una semana con el juzgado del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán.

En Chilapa reprochan que trabajadores que no luchan también se beneficiarán

Siguen en plantón los trabajadores del Juzgado de Primera Instancia del ramo Civil y Familiar, exigiendo el cumplimiento de sus demandas laborales, como el aumento salarial, acuerdo que firmaron magistrados en abril pasado, cuando les prometieron “un buen aumento” para este año.
Trabajadores del Juzgado de Paz, ubicado en las mismas instalaciones, no acudieron al plantón, aunque dicen apoyar el paro, denunciaron los trabajadores.
Dijeron que, tanto la jueza como el secretario de acuerdos y la oficial administrativa del Juzgado de Paz, no acuden al plantón, a pesar de que el beneficio que logren con la protesta también será para ellos.
En el juzgado de Primera Instancia del ramo Civil y Familiar trabajan ocho administrativos y cuatro jurisdiccionales, que expusieron que uno de los motivos por el que no se han resuelto sus demandas es que los magistrados no reconocen al SISPPJE.
Recordaron en abril de 2014, cuando tomaron las instalaciones y demandaron aumento salarial, los magistrados firmaron un acuerdo, pero no se pudo hacer efectivo porque ya habían liberado presupuestos.
Además les prometieron que habría mesas de diálogo para respetar la carrera judicial, pero esto no se ha realizado, y los únicos que han ascendido son los funcionarios que los mismos magistrados ponen, aun cuando no cumplen con perfil laboral.