En el conflicto entre transportistas el gobierno intervendrá después del MP, dice Cienfuegos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado reconoció este viernes que las confrontaciones violentas que se están dando en esta capital por la disputa de las rutas entre los agremiados a la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (CETIG) y de la Coalición de Servidores del Transporte del Estado de Guerrero (Costeg), son “graves” porque están generando una percepción de “descontrol” en la ciudadanía.
Sin embargo, declaró que el gobierno estatal no puede determinar su intervención mientras no haya primero la intervención de las autoridades ministeriales para que señalen claramente qué fue lo que pasó y se deslinden responsabilidades respecto a la combi de la ruta El Mirador-colonia Galana que fue incendiada el medio día del jueves, lo que derivó en las retenciones de otras unidades y choferes de ambas organizaciones.
Por otra parte, el funcionario estatal informó que en el caso del conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y Analco, que amenaza con reavivarse, según la denuncia de los comuneros de San Agustín Oapan, debido a que el gobierno del estado incumplió con la minuta de acuerdos por medio de la cual se iba solucionando el conflicto, explicó que mientras no participen  las autoridades federales, especialmente el Tribunal Agrario, lo que hagan los gobiernos estatal y municipal carecerá de validez, por lo que anunció que el gobierno estatal ya envió un oficio al TUA para que se incorpore a los trabajos del “encaminamiento”.
En otro tema Cienfuegos Salgado informó que en el caso de la seguridad para los candidatos a gobernador, el gobierno del estado está trabajando en un mecanismo de seguridad con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), “sobre todo para que no haya una alteración del principio de equidad que debe privar en las elecciones”.
El secretario de Gobierno informó, asimismo, que el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), sigue con el proceso de revisión de la planilla de los trabajadores de la educación y que se está realizando un estudio que permita detectar a todas las personas que no se encuentran frente a grupo para regular su situación.
Cienfuegos Salgado fue entrevistado durante la Presentación de Avances del Sistema Estatal de Protección Civil y el Banderazo de Inicio del Operativo de Semana Santa.
El secretario encabezó el acto al que se había confirmado la asistencia del gobernador Rogelio Ortega Martínez, quien de última hora canceló su asistencia, según se informó “porque tuvo actividades privadas”.
Entrevistado al final de ese acto, el secretario de Gobierno declaró que en el conflicto entre los transportistas de la CETIG y de la Costeg, que ha derivado en el incendio de una combi del servicio público de la primera organización y la retención de unidades y 7 choferes que continuó todavía ayer, estos casos son “graves” porque están generando una percepción de “descontrol” en la ciudadanía.
Sin embargo, expresó que mientras no haya la intervención de las autoridades ministeriales que señalen claramente qué fue lo que pasó y se deslinden responsabilidades respecto a la combi incendiada “no se pueden hacer otro tipo de señalamientos” y el gobierno no puede determinar su intervención.
Explicó que el gobierno del estado no intervino en un principio porque recibieron el reporte de que (la combi incendiada) había sido por una falla mecánica, “y mientras no haya ningún elemento que evidencie que se trató de una acción diferente, la primera impresión es esa”.
Al medio día de ayer, cuando fue entrevistado, el secretario de Gobierno declaró que aún no tenía el peritaje para confirmar si se trató de una falla mecánica y que sólo supo por  las declaraciones del  Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que se trató de un acto de la delincuencia organizada.
El secretario, de quien depende el director estatal de Transportes, Juan Larequi Radilla, manifestó que el medio día de ayer no sabía tampoco de los acuerdos a los que habían llegado los dirigentes de las dos organizaciones de transportistas en pugna con el director de Transportes.
En el conflicto agrario, dijo que “la labor que ha hecho la secretaría General de Gobierno con la Comisión de Derechos Humanos, no debe notarse como un arreglo. Esto deriva de una sentencia de un Tribunal y lo que se tiene que hacer es dar cumplimiento a esa sentencia, y dentro de esa sentencia hay un proceso conocido como encaminamiento, donde se señalan de manera clara los linderos entre las localidades, por un lado San Miguel Tecuicipan y por el otro Analco, que pertenece a San Agustín Oapan”, explicó.
Por eso expresó que aquí “lo que importa es que las autoridades federales, especialmente el Tribunal Agrario participe porque de otra manera lo que se haga carece de validez”.
Los comuneros de San Agustín Oapan denunciaron el jueves que el representante del gobierno estatal Jorge Peto Calderón y los representantes de la Codehum ya no regresaron el miércoles 24 de marzo, después de que Analco liberó a los últimos 8 detenidos para dar seguimiento al “encaminamiento” y para cumplir al 100 por ciento la minuta de 7 puntos que firmaron el 21 de marzo, por lo que advirtieron que el conflicto seguía latente y amenazaron con llamar a no votar a los habitantes de los demás pueblos.
El funcionario estatal informó por otra parte que siguen las pláticas con la CETEG para la resolver el problema de las incidencias.
“Hay un proceso de revisión del personal de la SEG y ahorita se está viendo lo de las incidencias”, dijo, y agregó que con este proceso la mayoría de las plazas han sido incorporadas a la nómina federal, “y hay algunas que ya se están reconociendo como parte de la nomina estatal, esta diferenciación arroja alguna problemática que se está trabajando en mesas en donde cada uno de los trabajadores están presentando sus casos específicos”, explicó.
Detalló que en este proceso de revisión se está generando un estudio que permita detectar a  personas que no se encuentran frente a grupo para regular su situación.
En cuanto a la postura de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que piden que no se realicen las elecciones porque no hay condiciones, el funcionario dijo que la mayoría de los ciudadanos está a favor de las elecciones, y que los que dicen que no “se trata de posicionamientos políticos que tendrán que verse con el paso del tiempo, rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio”.
Aseguró que los organismos electorales trabajan aunque en algunos casos no en sus instalaciones; “el INE y los organismos estatales desarrollan labores no solamente dentro de sus instalaciones, sino especialmente buscando a la gente, capacitándolos y convenciéndolos para la integración de las mesas directivas de casillas, o buscando los lugares en donde se van a instalar”.