Insta la Codehum a no denunciar penalmente por las protestas, para evitar “un estado convulsionado”

El ombudsman estatal entrega su primer informe de labores al Congreso . “No podemos meter a la cárcel a todos los que protesten… a los que piden agua, a los que están contra los parquímetros, los que se plantan en la calle”, dice

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno instó a las instituciones a evitar denuncias penales por las protestas o manifestaciones, porque si cada movimiento termina en los juzgados o en prisión habrá un estado convulsionado.
Ayer, el presidente interino del organismo entregó su primero informe de labores en la oficialía de partes del Congreso del estado, y dijo que aguarda a que los diputados locales lo revisen para saber si lo llaman a aclarar dudas, pues en proceso electoral todos los funcionarios están impedidos a hacer actividades de difusión.
En el mensaje de presentación, se refirió a los crímenes de Iguala contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y al conflicto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que tiene parado hace dos semanas al Poder Judicial.
En entrevista, señaló que las protestas en Guerrero cada vez son más radicales, “eso no hay que perderlo de vista, desde las instituciones, no podemos meter a la cárcel a todos los que protesten de esa manera, a los que piden agua, a los que están contra los parquímetros, los que se plantan en la calle, los maestros que hacen lo que hemos vistos”.
Aunó a los anteriores, el paro de trabajadores del Poder Judicial que tienen tomadas las instalaciones desde el 11 de marzo, “esa lógica (de represión) nos lleva a un estado convulsionado, donde si cada trabajador, cada estudiante tuviera que ir a la cárcel, sería lamentable. Si esa fuera la dinámica en el estado, quedarían pocos libres”.
La semana pasada, los trabajadores del Poder Judicial denunciaron que existen demandas penales contra todos los sindicalizados en paro de labores.
Navarrete Magdaleno opinó que, aun cuando no apoyan las protestas fuera de la Ley, pueden entender las demandas, así que respetando la autonomía del Poder Judicial, pidió a los magistrados que eviten un conflicto mayor, “no necesitamos más problemas en el estado”.
También informó que ayer le notificaron por escrito que no proceden las garantías cautelares que la Codehum solicitó para los trabajadores en paro, porque el mismo TSJ, consideró que no hay amenazas de daño.
Navarrete Magdaleno añadió que, además de preservar la seguridad, las medidas cautelares pedían sentar a las partes a dialogar, y recomendó que ambos cedan en las pretensiones que han planteado, “sabemos que, en las demandas, desde luego que los trabajadores estiran su petición lo mas alto, y la parte patronal lo reduce a lo menor”.
“Nosotros somos conscientes la economía del estado es difícil, y repercute en los presupuestos, pero sí es importante establecer mesas de negociación, y reconocer que los trabajadores sostienen a las instituciones”, matizó.
Aclaró que el expediente de los trabajadores del Poder Judicial sigue abierto en la Codehum, para la recopilación de las pruebas que las partes puedan ofrecer, y al final van a emitir un pronunciamiento, una opinión o una recomendación, según sea el caso.
Insistió en que nada ayuda mantener los canales de diálogo cerrados, y pidió al Poder Judicial que dé muestras de sensibilidad y entendimiento con la clase trabajadora.
En el informe, denunció que pese a que las autoridades hablan de respeto a los derechos humanos, en los hechos no hay una estrategia ni un plan un programa que demuestre esa intensión.
Detalló que el organismo seguirá siendo factor de unidad, y de encuentro para la paz, pero “la dignidad y la vergüenza por lo sucedido en Iguala (los ataques de policías municipales a estudiantes del 26 y 27 de septiembre pasados) parece no preocupar a algunos desde el sector público”.
Pidió que nunca se repita otro Iguala, donde 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos, tres fueron asesinados, y se registraron tres víctimas colaterales más, un adolescente futbolista de los Avispones, el chofer del transporte público en que viajaba, y una ama de casa, “revictimizados por la falta de justicia a seis meses de los lamentables hechos”.

La SEG es la institución de la que reciben más se quejas

En el informe, detalló que los servidores públicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) tienen el mayor número de quejas. De 972, 150 son contra esta dependencia.
Le siguen en cantidad, los policías ministeriales, con 99 quejas el último año; lo policías municipales recibieron 95 quejas, y 79 los agentes de Ministerio Público. Las quejas contra la Secretaría de Salud ascendieron a 56, hubo 54 contra alcaldes, 40 contra la Policía Federal y 19 contra el Ejército mexicano.
En general, señaló que de 973 quejas, 815 fueron concluidas, siguen en trámite 158 de incio reciente; se han emitido 58 recomendaciones y 137 opiniones y respuestas.
De las recomendaciones, se han cumplido 33, 12 están en proceso de aceptación y 13 fueron rechazadas.
Indicó que, para insistir en que “funcionarios omisos” acepten las recomendaciones, solicitaron la intervención del Congreso local.