Militares de Iguala respaldan a Guerreros Unidos, dicen tres comisarios en una carta a Peña Nieto

Han hecho denuncias en dependencias estatales y federales sin resultados, se quejan autoridades de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla. Solicitan que les permitan formar su Policía Rural para protegerse “los 365 días del año”. Los delincuentes se refugian desde el 21 de octubre en Iguala, afirman

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En una carta al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Rogelio Ortega Martínez los comisarios municipales de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), aclararon que son integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y no de Los Rojos los que han entrado y matado a gente de esos pueblos, y que tienen el apoyo de vecinos de la primera comunidad.
Demandaron que ante la falta de atención a las denuncias que han hecho ante diferentes dependencias del gobierno federal y del estatal, se les autorice la creación de la Policía Rural en esos tres pueblos, para que se encargue de la seguridad todo el año.
El documento, del que se envió copia a algunos medios de comunicación, también fue enviado al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Además reclamaron a los dos mandatarios que no han atendido oportunamente “todas las acusaciones que hemos hecho en diversas dependencias del gobierno federal y estatal”, en contra de los integrantes de esa banda, “que se hacen respaldar por el 27 Batallón de Infantería de Iguala”.
El escrito fechado ayer 30 de marzo deriva de la irrupción de un grupo de pistoleros la madrugada del 27 de marzo en Carrizalillo, que allanó las tiendas de abarrotes de Álvaro Bautista López y de Miguela Barrios Ojeda, en donde mataron a Fabián Adame Durán, Bertha Santos Peña y a Miguela Barrios Ojeda. También dejaron herida a la esposa de Fabián, Jesenia Villalba Montiel.
“Nos dirigimos a usted con el debido respeto que se merece para solicitarle atienda pronto nuestra petición, derivado de todos los acontecimientos sangrientos que hemos padecido seguidamente, derivado de que todas las acusaciones que hemos hecho en diversas dependencias del gobierno federal y estatal, no han sido atendidas oportunamente”, se lee.
Los comisarios de las tres comunidades denunciaron que la falta de intervención de los gobiernos es la causa de que sigan pasando “estos hechos lamentables, y el más reciente el día 27 de marzo”.
Ese día aproximadamente a las 2 de la madrugada “irrumpieron con lujo de violencia en los hogares de Álvaro Bautista López y Miguela Barrios Ojeda en donde lamentablemente les quitaron la vida a tres personas, dos del sexo femenino, quienes nunca demostraron problema alguno con nadie”.
Responsabilizan de esos ataques a “el grupo delictivo Guerreros Unidos comandado por el C. Onofre Peña Celso, Valeriano Celso Solís, Israel Peña López y Víctor Peña López, quienes se hacen respaldar por el 27 Batallón de Infantería de Iguala”.
Agregaron que debido al respaldo militar, los delincuentes “entran y salen armados sin que las autoridades federales logren detenerlos por portación de armas de alto poder de uso del Ejército”.
En su escrito explican que “este grupo delincuencial confunde a las autoridades con los señalamientos que hace al cargar estos hechos sangrientos a otro grupo delictivo, razón que no es cierta”.
“Le precisamos –dicen al presidente Peña Nieto- que los ciudadanos antes mencionados son originarios de la comunidad que más daño ha sufrido y que es Carrizalillo, este grupo delincuencial cada vez que sufren bajas de sus sicarios responsabilizan a las autoridades ejidatarias de Carrizalillo y su venganza es matar gente inocente que es indefensa”, exponen.
“Carrizalillo es una localidad donde se ubica la minera Goldcorp y genera muchas fuentes de empleo, además los referidos se refugian desde el día 21 de octubre del 2014 en la ciudad de Iguala, desde donde hacen sus operaciones ilícitas y a través de llamadas telefónicas extorsionan”, se lee.
Detallan que lo peligroso para los habitantes de Carrizalillo es que “con sus empleados que se denominan halcones ubican a los ciudadanos que se trasladan a esa ciudad y ahí cometen los secuestros cobrando altas cantidades de dinero. Esta es la zozobra que padecemos día con día”.
Demandan al presidente Enrique Peña Nieto que instruya a quien corresponda “para que seamos favorecidos e integremos nosotros los habitantes de estas comunidades la Policía Rural, que vigilará las 24 horas del día los 365 días del año a nuestros ciudadanos”.
El 27 de marzo fuentes policiacas y del Ejército informaron que los integrantes del grupo armado que irrumpió en la madrugada en Carrizalillo y que asesinaron a dos mujeres y a un hombre y dejaron herida a otra mujer eran del grupo delincuencial Los Rojos.
Fuentes del pueblo revelaron que la banda de Los Rojos está al mando de Margarito Bahena Álvarez, El Márgaro, y que el ataque y los asesinatos fueron una advertencia a los pobladores para que les paguen las extorsiones de 40 mil pesos que piden a los 800 trabajadores de la mina, y de 100 mil a los 172 ejidatarios que el próximo 5 de abril recibirán el pago anual de utilidades de la empresa canadiense GoldCorp.
Un habitante informó que los pistoleros, a los cuales identifica con la banda de Los Rojos, bajan de la sierra de Tlacotepec al mando de El Márgaro, y que ese día llevaron el mensaje de advertencia a los pobladores, para que paguen el dinero que les piden.
El ataque del 27 de marzo en Carrizalillo  ocurrió a 14 días de que fueron encontrados asesinados y con huellas de tortura los cuerpos de los mineros Juan Carlos Peña Celso, Mauro Galicia Peña y José Elí Merino González, en el paraje Los Mangos de la comunidad Mazapa, a un kilómetro de Carrizalillo. Ellos fueron levantados el 5 de marzo cuando salieron del trabajo y se dirigían a sus viviendas en un vehículo particular.