Critica las declaraciones del gobernador sobre las “200 personas”

Señor director:

He de agradecer la publicación de esta carta en su prestigiado diario.
El gobernador interino Rogelio Ortega Martínez en su declaración ante reporteros, el sábado 28 de marzo señaló peyorativamente que “200 personas no pueden impedir las elecciones en Guerrero”, lo que demuestra un desprecio hacía decenas de miles de guerrerenses que compartimos la idea de que los candidatos y sus partidos no resolverán los problemas de descomposición social y de crisis de credibilidad en las autoridades, cuando son los mismos políticos corruptos los que quieren gobernarnos.
Un Zeferino Torreblanca, un López Rosas, un Sebastián de la Rosa, un regreso del PRI con Héctor Astudillo ¿pondrán fin a la corrupción, impunidad y a la falta de de justicia y seguridad?
Rogelio Ortega presume en sus declaraciones que el movimiento de Ayotzinapa ha perdido poder de convocatoria y al igual que Peña Nieto le apuesta al desgaste y al cansancio. No cabe duda que esta postura política obedece a su subordinación al ejecutivo federal.
Las promesas hechas en los primeros días de su toma de posición y sus vaivenes hacia el movimiento Ayotzinapa y hacia la CETEG han diluido la esperanza que teníamos varios guerrerenses cuando Rogelio llegó como mandatario estatal.
Prometió resolver el problema de los presos políticos y no ha cumplido.
Descalifica y vandaliza al movimiento social de Ayotzinapa y a Tlachinollan y después los llama al diálogo y negociación.
Es acusado por los trabajadores del TSJ que llevan 21 días de paro de labores por demandas justas, de cómplice  y de solapamiento hacía los magistrados que han amenazado y perseguido a los paristas, lejos de establecer un diálogo responsable.
No ha sido capaz de disminuir la inseguridad en Guerrero; diariamente son asesinadas personas en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Zumpango, etc., a pesar de más de 12 mil agentes de la Policía Federal, del Ejército y la Marina que “resguardan” la seguridad de los ciudadanos.
Con el solapamiento del rector de UAG, permitió que varios de sus funcionarios estatales cobraran durante meses sus salarios en ambas partes argumentando que lo desconocía y que ahora habrá un cruce de nóminas para corregir esta anomalía; cuando este proceso lo inició la universidad desde el gobierno de Zeferino Torreblanca. Si ambos personajes tuvieran un manejo ético del patrimonio universitario deberían obligar a esos funcionarios a devolver a la UAG el dinero que cobraron indebidamente.
Miles de ciudadanos nos preguntamos ¿qué ha hecho el gobernador sobre las denuncias que pesan sobre Zeferino Torreblanca Galindo, desviación de más de mil millones de pesos en la Secretaría de Salud y la acusación ante la fiscalía local, por el crimen de Armando Chavarría?
¿Qué ha hecho como gobernador ante la acusación que hizo la PGR sobre el desvío de cientos de millones de pesos hacia Ángel Aguirre Rivero?
¿Ha pedido castigo para todos los responsables del caso Ayotzinapa, por omisión o por participación? ¿Ha pedido investigación y castigo para los asesinos del profesor Claudio Castillo Peña?
Señor gobernador: no lo olvide.  La historia y el pueblo de Guerrero lo juzgarán.

Atentamente

Arnulfo Cuenca Adame