Quejas a Sedesol federal en comunidades serranas afectadas por el sismo de diciembre

Rosendo Betancourt Radilla

Azinyahualco / La Esperanza / Zoyatepec

No valió la pena esperar más de seis meses la visita del gobierno federal, dijeron habitantes de las comunidades de Azinyahualco, La Esperanza y Zoyatepec, de la sierra de Chilpancingo, que se vieron afectados por el sismo del 10 de diciembre pasado.
El jefe del Departamento de Unidad de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Aníbal Alemán Hernández pasó a las comunidades a decir a los habitantes que, ahora sí, están a punto de liberarse los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para reconstruir sus casas.
La visita del funcionario federal al lugar no fue nada grata, en cada lugar recibió quejas debido a que el padrón de afectados con que él cuenta, es mucho menor a lo registrado por los comisarios y el gobierno municipal.
Además, quien fungió como su anfitrión y enlace con las comunidades, el alcalde suplente de Chilpancingo, Tulio Pérez Calvo, no se cansó de recordarle, en cada ocasión que podía en un recorrido de ocho horas que hicieron juntos, que el gobierno federal era tardío e ineficiente para atender a la población afectada por desastres naturales.

La espera

El 10 de diciembre se registró un temblor de 6.5 grados en la escala de Richter que afectó viviendas en las comunidades antes mencionadas.
Para el 4 de enero, el entonces presidente municipal, Héctor Astudillo informó que el registro que hizo Protección Civil municipal de las casas afectadas era de 170, sin tomar en cuenta Zoyatepec porque no reportaron daños hasta que personal del Ayuntamiento acudió a hacer una inspección.
El sábado 2 de junio, en una visita a Azinyahualco, se pudo constatar que había, viviendo a la intemperie, al menos 16 familias porque sus casas fueron derrumbadas por el sismo. Para ese día ya se habían cumplido dos semanas de que comenzó a llover, informó el comisario Celso Anota Palacios.
Ayer, los damnificados cumplieron seis meses y nueve días de esperar la ayuda, aunque la mayoría decidió levantar casas de madera que por lo húmedo y frío de la región no son adecuadas pues “se pudren rápido y se mete el viento con lluvia”, explicó el comisario.

Las casas nuevas

El gobierno federal pagará 6 millones de pesos a la empresa Icapsa, Arquitectura y Planeación para   construcción o remodelación, según se requiriera, y al frente de este proyecto está Victorio Flores Castañeda, en toda la entidad.
El encargado informó que tiene un convenio que acredita que el gobierno federal liberará los recursos a la empresa para realizar los trabajos necesarios, en total, dice que llevarán a cabo “350 acciones”, es decir remodelaciones o construcciones en el estado.
Su presencia en el lugar, contestó, se debía a que está verificando que los reportes de casas dañadas existan y que sea el mismo número que le señaló en el contrato la Sedesol federal.
Para cada casa nueva, explicó, se invertirán 120 mil pesos y serán elaboradas con “materiales de la región, en este caso se harán de blocks de cemento con techos de fibrocemento” y en cuanto a las remodelaciones, los costos varían según el daño.
Del 10 de diciembre a la fecha, el lugar en el que la empresa lleva mayores avances, señaló, es en Azinyahualco que está en la fase de revisión de los daños.

Padrón incompleto

En el recorrido por Azinyahualco, el funcionario federal, Aníbal Alemán observó por unos cinco minutos una estructura de lo que fue una casa, ahora está sin techo, sin puertas y muestra cuarteaduras en cada una de sus cuatro paredes.
La imagen, comenta con el representante de la empresa constructora, le recordó el trabajo que realizó en el municipio de Ometepec que fue azotado por un temblor de 7.6 grados en la escala de Richter el 20 de marzo, “ahí llegabas y veías una casa con algunos daños, al siguiente día la casa ya no estaba”.
Mientras gesticula como si tomara un palo con ambas manos y golpeara algo, dice “la gente derrumbaba sus casas a garrotazos, como sabían que íbamos a ir, las tiraban para que les hiciéramos unas nuevas”.
El padrón oficial de casas afectadas en las comunidades de Azinyahualco, La Esperanza y Zoyatepec es de 126: En la primera comunidad suman 48, de las cuales 33 presentan daños menores, cuatro con daños parciales y 11 son de daño total.
En la segunda comunidad, 19 casas están registradas con daños menores y 9 con daño total, mientras que en la tercera comunidad hay 42 viviendas con daños menores y 8 con daño total.
La cifra no corresponde a la realidad, son “muchas más” le dicen en Azinyahualco y en La Esperanza, el problema estuvo en la forma en que el gobierno municipal reportó al estatal y este a su vez al federal, pues luego del temblor, las personas buscaron entre los escombros algunas pertenencias que pudiera rescatar y limpiaron el lugar donde antes estaba la casa.
Luego llegó Protección Civil Municipal (PCM) y recolectó la información, pero no pudo acreditar que había antes una casa en el espacio ya limpio.
Al sentir la acusación, el director municipal de protección civil, César Mayares Salvador dijo que él cuenta con los primero reportes que se hicieron y dio cuenta de cómo “los rasuró primero el gobierno del estado y después el gobierno federal, el primer reporte que teníamos en La Esperanza era de 150 casas afectadas y lo dejaron en 28”.
Azinyahualco cuenta con mil 900 habitantes, La Esperanza con mil 400 y Zoyatepec con 800.

“Vimos que se caían las casas”

En las tres comunidades se utilizó la misma dinámica de intervención: abrió el discurso el comisario, siguió el jefe de unidad de vivienda de Sedesol y terminó el presidente municipal.
La primera parada fue en Azinyahualco, el comisario Celso Anota les pidió disculpas porque les iba a decir cosas “que a lo mejor no quieren escuchar”.
“Muchos de nosotros perdimos todo nuestro patrimonio, vimos cómo se caían nuestras casas y como ustedes no vienen a apoyarnos nos tenemos que ayudar unos a otros, nos enseñan su padrón y vemos que no entraron tres familias que tienen daño total, ¿pues cómo le están haciendo?”.
“Yo estoy muy inconforme con ustedes porque el jueves pasado vinieron a decirnos que le van a echar un aplanado a las casas y que las van a enredar con unas mallas (de metal) y todos sabemos que eso no va a servir de nada porque tenemos casas con las paredes vencidas y ustedes las reportan con daños menores”.
“Tienen que cambiar esto, por favor, les pregunto ¿por qué nos tratan así? y me dicen que porque somos una comunidad pequeña, pues quiero decirles que valemos igual que una comunidad grande”.
El funcionario federal explicó a unas 100 personas que se reunieron en la cancha, que los trámites para liberar los recursos del Fonden son extensos pues se verifican los daños reportados, se hace una licitación, se contrata la empresa y se cuadran las estadísticas con la realidad.
A esto, justificó la tardanza, se le sumó el temblor del 20 de marzo “lo que provocó que esto se tardara todavía más”.

Las promesas: el paliativo

Como lo hizo con el de Azinyahualco, Tulio Pérez Calvo entregó un vale por 10 toneladas de cemento al comisario de La Esperanza, Teodoro Ortiz Pólito y le repitió la dosis de acusaciones al funcionario federal que lo acompañaba con frases como “en (la ciudad de) México no nos creen nuestros padrones, tienen una actitud muy insensible frente a los damnificados” o “nosotros hicimos la gestión, es la Sedesol la que no se apura”.
“El Fonden es muy lento, al encauzamiento del río Huacapa le están metiendo recursos apenas cuando tuvo afectaciones por las lluvias atípicas del 2009 y ahorita estamos en las lluvias del 2012, ahora nosotros ya les cumplimos, le toca a Sedesol y esperamos que revise y amplíe el padrón de beneficiarios”, dijo ante unas 100 personas en la cancha de La Esperanza.
Ahí la gente se arremolinó alrededor del funcionario y empezó a dar sus quejas, una a una, por ejemplo, Martín de Jesús López le soltó “ustedes están en un error, mi casa se cayó y aparece como daño mínimo, vengan y hagan otro recorrido, o qué ¿están ayudando según el Partido Político de cada uno?”.
El funcionario de Sedesol tuvo que comprometerse “a realizar las gestiones necesarias para que se les integre en el programa de vivienda rural o llevar sus casos al Invisur (Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero), vamos a revisar todos los casos, hay más opciones (además del Fonden)”.
En Zoyatepec la gente escuchó el discurso protocolario y se retiró, veloz, como se juntó.
Al final, una mujer se acercó a Tulio Pérez y le pidió ayuda porque, explicó, es viuda y tiene que mantener a cuatro hijos menores de edad y ahora su casa corre el riesgo de caerse “como he podido he conseguido para ponerle el techo”. El alcalde prometió que se le ayudaría, dijo.