Revelan paristas que el 20% del presupuesto del TSJ se emplea en beneficios para los magistrados

Perciben hasta 140 mil pesos mensuales, mientras que un administrativo recibe desde 6 mil 200 pesos hasta un máximo de 9 mil pesos, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) destina casi el 20 por ciento de su presupuesto al pago de salarios, bonos, aguinaldo y prestaciones de sus 20 magistrados, quienes además, se jubilan mediante un régimen distinto al que rige para los trabajadores.
El Congreso local aprobó para este año al TSJ un presupuesto de 609 millones 459 mil 200 pesos, que según la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín son insuficientes para autorizar el incremento del 35 por ciento que piden los trabajadores, que este miércoles cumplieron 22 días en paro laboral en los 17 distritos judiciales de Guerrero.
Sin embargo, según los trabajadores, lo que impide que los magistrados cumplan con la minuta firmada en octubre del año pasado, en la que se comprometieron a incrementar en un 35 por ciento sus salarios a partir de enero pasado, es la mala distribución del presupuesto y no la insuficiencia de los recursos.
Y es que, según documentos del Poder Judicial en poder de los propios trabajadores, casi el 20 por ciento del presupuesto total se va en el pago de salarios, bonos, aguinaldo, prestaciones y prebendas que reciben los 20 magistrados.
Los documentos evidencian que los magistrados perciben salarios que fluctúan entre los 120 y los 140 mil pesos mensuales, mientras que un juez gana 54 mil pesos al mes.
Las percepciones, sobre todo de los magistrados, contrastan con los 3 mil 100 pesos que gana a la quincena un capturista o un administrativo del mismo Poder Judicial. Aunque, según recibos mostrados por los empleados en paro, algunos llegan a ganar hasta 9 mil pesos al mes.
Pero los beneficios económicos para los magistrados no se quedan en el puro salario, también reciben bonos anuales de hasta 200 mil pesos, y aunque se establece para ellos un aguinaldo de 45 días, en una reunión interna la mañana de ayer los trabajadores revelaron que el año pasado se asignaron un millón 500 mil pesos, entre el aguinaldo y dos primas vacacionales.
Las cuentas de la dirigencia del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), que se mantiene en paro laboral en demanda del incremento del 35 por ciento salarial, también revelaron que el año pasado el 20 por ciento del presupuesto, que fue de 551 millones 760 mil pesos, se destinó para el pago del salario, bonos, aguinaldos y prestaciones de los 20 magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual consideraron como “muy oneroso” para el Poder Judicial.
Según la distribución del presupuesto de 2014, los magistrados se autorizaron una percepción anual para cada uno de ellos de 5 millones 880 mil pesos, que suman para los 20 que integran el pleno poco más de 117 millones de pesos, casi el 20 por ciento del presupuesto total.
De los 5 millones 880 mil pesos para cada magistrado, 140 mil pesos fueron para salario mensual, 200 mil pesos de un bono anual, 300 mil pesos de aguinaldo y dos bonos por concepto de vacaciones, que suman un millón y medio de pesos.

Hay opacidad y arbitrariedad en el manejo del presupuesto, se quejan los trabajadores

A diferencia de 2014, este año ya no hubo desglose del presupuesto, o al menos hay opacidad en su manejo; sin embargo, según los trabajadores, las percepciones que reciben los magistrados son similares.
Pero los beneficios para los magistrados no terminan allí. De acuerdo a la Ley Orgánica del TSJ, cuando se jubilan o se retiran se van con su salario íntegro, es decir, se jubilan con 140 mil pesos mensuales.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado determina las percepciones que reciben los magistrados, y está integrado por cinco miembros, de los cuales el presidente es también presidente del Tribunal Superior de Justicia, y tiene voto de calidad en caso de empate; dos consejeros son nombrados por el gobernador y aprobados por el Congreso del estado, y dos consejeros son designados por el pleno del Tribunal, uno de entre los magistrados y otro de entre los Jueces de Primera Instancia, según la Ley.
En el capitulo XXV del apartado, sobre la estructura Orgánica del Poder Judicial de las leyes y reglamentos secundarios, se establece que es el Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de establecer, con la aprobación del Pleno del Tribunal, los “términos, cuantía y condiciones del haber por retiro de los magistrados y jueces, con sujeción a lo dispuesto en el reglamento respectivo”.
También es esta instancia la que, en los hechos, decide como se gasta el presupuesto del Poder Judicial, que este año fue de 609 millones 459 mil 200 pesos.
Asimismo, para el otorgamiento de las prestaciones sociales, en el TSJ se aplican dos leyes, una para los magistrados y jueces, que es Ley Orgánica  del Poder Judicial del Estado número 129, y la de los servidores públicos de secretarios de acuerdo para abajo, que es la ley 912 del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
A diferencia de los magistrados y jueces, los servidores públicos deben cubrir a ese instituto, para el fondo global de pensiones y pagos únicos, un porcentaje de su sueldo básico de cotización, mismo que a partir de 2011 fue de un 6 por ciento; en 2012, de 7 por ciento; en 2013, del 8 por ciento; en 2014, del 9 por ciento; y a partir de 2015, es de un 10 por ciento; mientras que a partir de 2016 se fijará en un 11 por ciento.

Más que falta de recursos, hay “falta de voluntad”, precisan

Es precisamente en la diferencia de salarios y prestaciones donde radica la inconformidad de los paristas. Uno de ellos Filiberto Martínez, entrevistado en un restaurante de esta capital, explicó que la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín ha declarado a algunos medios de comunicación que el presupuesto que recibió este año el Poder Judicial es insuficiente para autorizar el 35 por ciento de incremento salarial que piden los trabajadores.
“Yo veo que más que falta de recursos, es falta de voluntad. Si hubiera disposición de los magistrados, con una redistribución del presupuesto se resolvería el problema”, dijo.
En una de las protestas de los trabajadores inconformes, otra trabajadora, la mecanógrafa Erika Liliana Reyes Palma dijo que lleva 11 años trabajando, y que ahora se da cuenta de que se encuentra en la “indefensión laboral”, pues sólo tiene atención médica en el ISSSTE  y una póliza por fallecimiento de 250 mil pesos, por lo que pidió el respeto a la carrera judicial y las prestaciones sociales que “por ley debemos tener”.
La inconformidad de los mil 500 trabajadores administrativos del Poder Judicial del estado por los bajos salarios que perciben comenzó a finales de 2013, después de que el entonces presidente Jesús Martínez Garnelo solicitó licencia al ser designado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, como secretario de Gobierno.
Pero las acciones de protesta comenzaron a principios de 2014, cuando los trabajadores denunciaron que los recursos autorizados para el incremento salarial fueron desviados por el presidente del TSJ con licencia, quien en una reunión interna, ya como secretario de Gobierno, les confirmó que una partida para salarios había sido destinada a las obras de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, lo que aumentó la irritación de los empleados.
Después, los trabajadores lograron la firma de una minuta de acuerdos en octubre del año pasado, cuando se estableció el compromiso de la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín, de que en enero de 2015 habría un incremento del 35 por ciento.
Además, se acordó que se pondría en marcha la carrera judicial para que los trabajadores que tuvieran el perfil pudieran concursar en la promoción para jueces; sin embargo, esa minuta no se ha cumplido, y a partir del 11 de octubre los trabajadores del Poder Judicial comenzaron su paro laboral por tiempo indefinido.

También los jueces comienzan a inconformarse ante su situación laboral

Asimismo, otro sector que ha comenzado a inconformarse es el de los jueces.
La semana pasada, el juez Leoncio Molina Mercado denunció que, presuntamente por la falta de recursos económicos, 28 jueces del TSJE no han podido jubilarse. Algunos de ellos han solicitado retirarse por que han cumplido los años de servicio, y otros por temor a la violencia y ante amenazas que han recibido.
Molina Mercado informó que él es uno de los que han solicitado su jubilación a los magistrados del TSJ, pero que el argumento que le han dado es que “no hay recursos económicos”.
Aseguró que el TSJ les ha negado la jubilación incluso a algunos de sus compañeros que llevan 20 años en el servicio judicial como jueces y que están enfermos de diabetes o de la columna, “y eso es sumamente grave”, sentenció.
“Muchos compañeros quieren que se les otorgue la jubilación porque ya cumplieron los 20 de servicio y tienen el derecho de retirarse con un 100 por ciento de salario”, agregó.
También comentó que a otros jueces les urge retirarse por la inseguridad que prevalece en las zonas donde laboran, y además no se descarta que hayan recibido amenazas de la delincuencia.
Recordó que en enero de este año, el juez civil de Coyuca de Catalán, Jesús Sales Vargas fue ejecutado a tiros en su casa. Después, la Fiscalía General del Estado descubrió que una de las partes en un juicio que se ventilaba en ese juzgado fue el que mandó matar al juez. También, hace tres años, en Acapulco, fue asesinado un juez penal.
Molina Mercado señaló que desde hace tres años, muchos jueces enviaron su solicitud de jubilación al Poder Judicial, pero que no se las han autorizado, supuestamente porque no hay dinero, por lo que demandó que los magistrados le pidan al gobernador Rogelio Ortega, una partida presupuestal extra para su jubilación.
Mientras tanto, el TSJ subió a su página de Internet una entrevista de la magistrada presidenta que autorizó a una estación de radio de esta capital, en la que fija su postura en cuanto al movimiento de los trabajadores.
En ella, dice que el TSJ no cuenta con recursos para autorizar un incremento del 35 por ciento que piden los trabajadores, que el Tribunal ya les hizo un ofrecimiento (no dice cuanto) pero que lo consideraron una burla.
“Si les ofrecemos más les estaríamos mintiendo, no podemos ofrecer lo que no tenemos”, dijo.
Aseguró que el Tribunal ha estado al corriente con los incrementos a los trabajadores; que en 2011 les aumentó un 10 por ciento, en 2012 otro 10 por ciento, en 2013 no hubo incremento, pero en 2014 recibieron un aumento del 24 por ciento, para “compensar” el de 2013.
También dijo que los trabajadores sí cuentan con seguridad social, puesto que están afiliados al ISSSTE y al ISSSPEG, además de que tienen un seguro de vida de 250 mil pesos, y que a partir de este abril será de 275 mil.
Galeana Marín informó que los magistrados están gestionando recursos extraordinarios al gobierno del estado para dar un incremento salarial de los trabajadores, pero que no será de 35 por ciento.
En cuanto a los cuestionamientos de la falta de transparencia, dijo que en la Cuenta Pública que el TSJ entregó a la Auditoría General del Estado (AGE) está toda la información, y que a través de esa instancia se puede consultar.