Él también hablaría con los jefes de la delincuencia para hallar a los normalistas, dice el gobernador

Afirma que fueron cuatro los muertos en el enfrentamiento entre el FUSDEG y la UPOEG e informa que promueve el diálogo entre ambas agrupaciones

Daniel Velázquez

El gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo que no fueron cuatro los muertos que dejó el enfrentamiento entre los policías ciudadanos de Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En declaraciones a reporteros después de colocar la primera piedra del condominio Torre Esmeralda, en Acapulco, el gobernador dijo que es “entendible” que los padres de los normalistas recurran a los grupos delincuenciales para buscar a sus hijos, porque es el amor paternal lo que los lleva a esas acciones, y que lo mismo acudirían con un brujo para buscar a sus hijos porque el gobierno federal sólo dice que están muertos pero no dónde están los cuerpos, y puso como ejemplo la lucha de Rosario Ibarra de Piedra, que ha buscado a su hijo durante más de 40 años.
A pregunta expresa sobre la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos al líder del grupo delictivo Los Rojos, Santiago Mazarí alias El Carrete, el gobernador dijo que se deben atender todas las rutas y líneas de investigación que propongan los padres de los normalistas, pero consideró que “con la delincuencia organizada es mejor tener distancia”.
“Siendo uno padre, imaginemos que pasa un día y otro y otro y otro y no sabemos nada de nuestros hijos, se genera una situación de desesperación, de incertidumbre”, dijo.
“Si a los padres les dicen que sus hijos están en el desierto de Sonora allá se van a buscarlos, y si ahí no los encuentran y alguien les dice que por qué no buscan a un brujo, a un mago o un adivino, van a buscarlos donde se encuentren”, agregó.
Expresó que “en su desesperación pidieron ayuda a un líder de un grupo de la delincuencia organizada, y yo qué puedo hacer, respetar esta decisión que hacen los padres. Ya lo he dicho, si a mí me dicen que yo vaya a buscar un encuentro, un diálogo con gente de la delincuencia organizada para que nos pidan un rescate y encontremos y nos devuelvan con vida a los muchachos, yo estoy dispuesto a hacerlo, entonces es entendible, afortunadamente los muchachos de Ayotzinapa no comparten esa posición y eso significa que hay opiniones diversas con respecto al tema, entonces hay que cuidar, yo creo que con la delincuencia organizada es mejor tener distancia, pero si esa fuera la ruta para encontrar a los muchachos con vida pues hay que darle satisfacción para que todas las rutas, todas las líneas de investigación que ellos (los padres de los normalistas desaparecidos) consideren convenientes y el estado con sus instituciones apoyarlos, acompañarlos y caminar con ellos”.
Sobre el hecho de que acuden a la delincuencia organizada porque no ven resultados en las investigaciones del gobierno, el gobernador dijo que es “un asunto muy complicado, ¿cómo convences a un padre o una madre de que su hijo esta muerto si no le presentas las pruebas contundentes de esa situación?, nunca una madre o un padre se va a resignar de que su hijo está muerto mientras no se les den las evidencias, ahí tenemos el caso de doña Rosario Ibarra de Piedra, más de 40 años buscando a Jesús (Piedra Ibarra, desaparecido en 1974) y le dicen ‘doña Rosario, su hijo esta muerto’, ¿cómo que está muerto?, si se lo llevaron vivo y si está muerto ¿díganme donde está su cadáver?, es complicado y es entendible, hay que ser solidario con los familiares y acompañarlos y ser coadyuvantes, hay una ruta larga y no importa qué tan larga sea, hay que ser solidarios con ellos”.

Busca acuerdos entre UPOEG y FUSDEG

Ortega Martínez dijo que se va a buscar el diálogo y el acuerdo entre el FUSDEG y la UPOEG para evitar que vuelvan a ocurrir enfrentamientos entre ambas organizaciones, e indicó que el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, está a cargo de los acercamientos con ambos grupos y que él está dispuesto a sumarse a las pláticas.
El lunes por la noche, policías ciudadanos del FUSDEG y de la UPOEG se enfrentaron a balazos en San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
Informó que el martes conversó con el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien le informó que producto del enfrentamiento entre el FUSDEG y la UPOEG murieron tres personas y uno herido murió después en el hospital.
El gobernador lamentó que se den enfrentamientos entre grupos ciudadanos que se organizaron para dar seguridad a sus comunidades y que ahora se disputan territorios; también lamentó la pérdida de vidas humanas por ese enfrentamiento.
El gobernador dijo que la Fiscalía General del Estado realizará la investigación de lo que sucedió el lunes en San Juan del Reparo para deslindar responsabilidades y aplicar la ley a los responsables de ese drama.
Del traslado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, de una cárcel federal al penal de La Unión, el gobernador dijo que la transferencia fue en atención al compromiso hecho con los vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El 3 de marzo, en una visita a la comunidad de Salsipuedes, el gobernador firmó el Convenio para la Reconciliación de Cacahuatepec, mediante el cual se comprometió a trasladar en un plazo de 15 días al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Dijo que el traslado de Suástegui Muñoz se hizo conforme a la ley y el derecho, y para ello dispuso del helicóptero y del avión que tiene el gobierno del estado.
Agregó que la llegada de Marco Antonio Suástegui ayuda a distender la crispación que hay en las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a demostrar que el gobierno cumple lo que ofrece.
Ortega Martínez recordó que desde su toma de posesión como gobernador sustituto se comprometió a que revisaría el caso de los luchadores sociales encarcelados e indicó que de acuerdo con una información que conoció anoche con líderes sociales, son “más de 50” los líderes sociales presos en cárceles del estado o en otras entidades del país.
Indicó que en el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado Rodríguez, su gobierno hizo lo que ofreció de pedir el desistimiento de la acción penal pero fue la Fiscalía la que negó ese recurso.
El gobernador se deslindó “absolutamente” del informe de inteligencia de la Fiscalía general del Estado que vincula a los maestros de la CETEG y organizaciones que integran el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) con grupos guerrilleros.
Ayer, el periódico El Universal publicó la filtración de un informe de la Fiscalía General del Estado en el que señala que el MPG, por medio de la CETEG, tiene vínculos con grupos subversivos ligados al Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
“En primer lugar no lo conozco, en segundo lugar no lo mandé a hacer, en tercer lugar ustedes saben que al fiscal no lo nombra el Ejecutivo, al fiscal lo nombra el Congreso, es autónomo”, dijo Ortega Martínez.
Dijo que “respeta lo que diga la fiscalía sobre ese tema” pero que no puede emitir opiniones de un informe que no conoce y no tiene información verídica sobre el mismo.
Descartó que esa filtración vaya a agudizar la crisis social que vive el estado por las acusaciones que hay contra las organizaciones que apoyan a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, porque él no tiene confrontación con esos grupos.
Agregó que sabe que hay grupos insurgentes y recordó que él los ha convocado a un diálogo público y constructivo.
Sobre la advertencia de los normalistas de ir a protestar a Taxco, el gobernador dijo que es un derecho a la manifestación y les pidió que no afecten el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
Por la mañana el gobernador se reunió con maestros de la sección 14 del SNTE; dijo que fue una reunión institucional para hablar sobre la conciliación de plazas con la Secretaría de Hacienda y para pedirles que no respalden a aviadores porque tienen mil 400 casos detectados, pero se hará una depuración muy fina “para no cometer una injusticia”.