Marchan mil trabajadores del TSJ en Acapulco para exigir aumento salarial y que cese el hostigamiento

Marchan mil trabajadores del Poder Judicial en Acapulco para exigir aumento salarial y que cese el hostigamiento

Participan manifestantes de todo el estado que están en paro laboral y los resguarda la Gendarmería. El líder del SISPPJE dijo que no cesará su lucha hasta conseguir la carrera judicial, el reconocimiento a su sindicato, prestaciones sociales y aumento de 35 por ciento a los salarios

Redacción / Anarsis Pacheco Pólito / Beatriz García

Acapulco / Chilpancingo / Chilapa

Cerca de mil trabajadores del Poder Judicial del Estado, respaldados por familiares y organizaciones, marcharon por la Costera de Acapulco para exigir solución a sus demandas laborales y el cese al hostigamiento de magistrados y consejeros.
La protesta, que partió a una cuadra de la glorieta de La Diana, por momentos paralizó el flujo vial de la avenida más importante de Acapulco, y en ella participaron trabajadores de todo el estado bajo la vigilancia de la Gendarmería.
La marcha inició cerca de las 5 y media de la tarde, y fue integrada por trabajadores del Tribunal Superior de Justica (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, además de organizaciones sociales en solidaridad con el paro laboral y la toma de instalaciones, que inició hace 22 días.
Acompañados por familiares, caminaron a paso lento con dirección al Zócalo; seguidos por policías de la Gendarmería, los manifestantes ocuparon dos de los tres carriles de la Costera.
Desde una camioneta que llevaba bocinas indicaban a los asistentes que la intención no era bloquear la avenida ni “hacer desmanes”.
Con la presencia de niños en carriolas y en brazos, avanzaban dos minutos a marcha lenta y paraban medio minuto, delimitaron los dos carriles que ocupaban con un lazo con banderillas rojas; a la retaguardia iban automóviles de los trabajadores, también escoltándolos.
De acuerdo con los organizadores de la marcha, asistieron 16 distritos judiciales de los 18 que comprende el estado. Los más numerosos fueron los distritos de Tabares (Acapulco) y Bravo (Chilpancingo), que reconocieron que era por la cercanía con Acapulco. Los otros distritos enviaron representantes.
Los distritos que faltaron en la protesta fueron Allende, que tiene su cabecera en Ayutla de los Libres, donde señalaron que por tres meses no dieron servicio, porque la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tomó las instalaciones, y desde que se abrió decidieron no retrasar el servicio.
Del distrito judicial de Galeana, con cabecera en Tecpan de Galeana, no asistieron representantes porque la magistrada presidenta, Lambertina Galeana, y los magistrados inauguraron la implementación de juicios orales.
Indicaron que, de Acapulco y Chilpancingo fue la mitad del personal de cada distrito, porque el resto se quedó para resguardar las instalaciones tomadas.
La marcha, que en los primeros minutos bloqueó el tercer carril por la falta de organización de los policías de la Gendarmería, logró retomar el flujo cuando la vanguardia de la marcha pasaba frente al hotel Crowne Plaza.
Los turistas que caminaban por la Costera se sorprendían de que en temporada vacacional se presentara una marcha, algunos alcanzaban a leer en las lonas que llevaban los marchistas “El Poder Judicial no es empresa familiar”, “consejeros corruptos, basta ya de abusos”, y “el fondo auxiliar no es patrimonio personal”. Un turista decían: “seguramente es contra el Presidente la protesta, aquí tampoco lo quieren”.
La marcha llamó la atención de los visitantes y de la población en general, porque fue encabezada por ua representación de la Dama de la Justicia. Con una balanza y espada, tres trabajadoras transformaron la clásica imagen de la Justica, maquilladas en sus brazos y caras con moretones, vendas semi transparentes y vestidos blancos manchados de sangre, dijeron que el sistema judicial en Guerrero sólo se podía entender de esa manera: “Así es la justicia en Guerrero, violada y golpeada”.
La movilización, que en todo momento fue pacífica, estuvo encabezada por el secretario general del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), Adalberto Valenzo Martínez.
Entre los cerca de mil asistentes hubo, además, representantes del Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, de Corriente Crítica de México, Movimiento Estudiantil Kiosco, Enfermeras del ISSSTE, de trabajadores del Instituto Estatal de Cancerología y el Colegio de Abogados Masones en el estado de Guerrero.
La marcha tenía como punto final el Asta Bandera, dio vuelta en el Parque Papagayo, y cerca de las 8:45 de la noche realizaron un mitin.
En su discurso, el líder del SISPPJE dijo que no cesará su lucha hasta conseguir la implementación de la carrera judicial, que desde hace 14 años no se expide, el reconocimiento a su sindicato, el derecho a prestaciones sociales y un aumento del 35 por ciento a su salario. También agradeció la participación de las organizaciones sociales.
Al finalizar el mitin, a Adalberto Valenzo se le preguntó si hubo un acercamiento con Lambertina Galeana, y dijo que la magistrada presidenta no se acercó a ellos, incluso después del diálogo con el secretario general de Gobierno, tampoco hubo acercamiento con David Cienfuegos Salgado.
Reiteró que sigue el rechazo al ofrecimiento del aumento de 10 por ciento al salario de los trabajadores y lamentó que no haya “contacto de la parte patronal, sino la intención del Ejecutivo como un intermediario”.
Se le preguntó si en la reunión con Cienfuegos Salgado abordaron el caso de las dos averiguaciones previas que se habían integrado contra él, los integrantes del comité ejecutivo del SISPPJE y los trabajadores del Poder Judicial, y dijo que el secretario general de Gobierno le expuso que ese asunto correspondía a la Fiscalía.
Dijo que la marcha no correspondía a una acción derivada del acercamiento del gobierno del estado, sino que era “una expresión de dignidad de los trabajadores”.

Organizan comités de vigilancia en Chilpancingo

Durante la mañana de este miércoles, en Chilpancingo, trabajadores del Poder Judicial que mantienen tomadas las instalaciones de Ciudad Judicial se organizaron en comités de vigilancia, para no desatender su plantón.
Ante la actividad programada para las 5 de la tarde en Acapulco, los trabajadores decidieron que las personas que pudieran ir a la marcha no se presentaran en el plantón, para distribuir el trabajo y la participación de los paristas.
En sus instalaciones improvisadas, hicieron limpieza, remplazaron algunos carteles desgastados por los fuertes rayos del sol y acomodaron sus sillas.
Uno de los trabajadores relató que la situación continua similar al inicio de la movilización, el único cambió fue la “oferta” del gobierno del estado, la cual califican como una “falta de respeto” para los trabajadores que llevan más de 15 años en los juzgados.

Vigilan ocho trabajadores
el plantón en Chilapa

Ocho trabajadores del juzgado acudieron a Acapulco a la movilización, mientras que los otros cuatro se quedaron a cubrir el plantón.
Los trabajadores adheridos al SISPPJE, contaron que esta quincena sí les pagaron, y que en su pago les incluyeron 220 pesos.
Sin embargo, dijeron que se les hizo raro porque sólo a los sindicalizados se les depositó, y sospechan que es una acción de los magistrados para desconocer al sindicato.
Explicaron que desde la primera quincena de diciembre, ellos estaban cotizando al sindicato, y que les estaban descontando aproximadamente 50 pesos, “eso significa que estaban reconociendo al sindicato”, argumentaron.
Después de este depósito, está el rumor de que probablemente les están regresando el dinero que cotizaron, aunque aclararon que es una cantidad que no coincide, si existiera la certeza de que así es, entonces consideraron que es un signo de desconocimiento del sindicato por los magistrados.

Revelan paristas que el 20% del presupuesto del
TSJ se emplea en beneficios para los magistrados

Perciben hasta 140 mil pesos mensuales, mientras que un administrativo recibe desde 6 mil 200 pesos hasta un máximo de 9 mil pesos, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) destina casi el 20 por ciento de su presupuesto al pago de salarios, bonos, aguinaldo y prestaciones de sus 20 magistrados, quienes además, se jubilan mediante un régimen distinto al que rige para los trabajadores.
El Congreso local aprobó para este año al TSJ un presupuesto de 609 millones 459 mil 200 pesos, que según la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín son insuficientes para autorizar el incremento del 35 por ciento que piden los trabajadores, que este miércoles cumplieron 22 días en paro laboral en los 17 distritos judiciales de Guerrero.
Sin embargo, según los trabajadores, lo que impide que los magistrados cumplan con la minuta firmada en octubre del año pasado, en la que se comprometieron a incrementar en un 35 por ciento sus salarios a partir de enero pasado, es la mala distribución del presupuesto y no la insuficiencia de los recursos.
Y es que, según documentos del Poder Judicial en poder de los propios trabajadores, casi el 20 por ciento del presupuesto total se va en el pago de salarios, bonos, aguinaldo, prestaciones y prebendas que reciben los 20 magistrados.
Los documentos evidencian que los magistrados perciben salarios que fluctúan entre los 120 y los 140 mil pesos mensuales, mientras que un juez gana 54 mil pesos al mes.
Las percepciones, sobre todo de los magistrados, contrastan con los 3 mil 100 pesos que gana a la quincena un capturista o un administrativo del mismo Poder Judicial. Aunque, según recibos mostrados por los empleados en paro, algunos llegan a ganar hasta 9 mil pesos al mes.
Pero los beneficios económicos para los magistrados no se quedan en el puro salario, también reciben bonos anuales de hasta 200 mil pesos, y aunque se establece para ellos un aguinaldo de 45 días, en una reunión interna la mañana de ayer los trabajadores revelaron que el año pasado se asignaron un millón 500 mil pesos, entre el aguinaldo y dos primas vacacionales.
Las cuentas de la dirigencia del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), que se mantiene en paro laboral en demanda del incremento del 35 por ciento salarial, también revelaron que el año pasado el 20 por ciento del presupuesto, que fue de 551 millones 760 mil pesos, se destinó para el pago del salario, bonos, aguinaldos y prestaciones de los 20 magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual consideraron como “muy oneroso” para el Poder Judicial.
Según la distribución del presupuesto de 2014, los magistrados se autorizaron una percepción anual para cada uno de ellos de 5 millones 880 mil pesos, que suman para los 20 que integran el pleno poco más de 117 millones de pesos, casi el 20 por ciento del presupuesto total.
De los 5 millones 880 mil pesos para cada magistrado, 140 mil pesos fueron para salario mensual, 200 mil pesos de un bono anual, 300 mil pesos de aguinaldo y dos bonos por concepto de vacaciones, que suman un millón y medio de pesos.

Hay opacidad y arbitrariedad en el manejo del presupuesto, se quejan los trabajadores

A diferencia de 2014, este año ya no hubo desglose del presupuesto, o al menos hay opacidad en su manejo; sin embargo, según los trabajadores, las percepciones que reciben los magistrados son similares.
Pero los beneficios para los magistrados no terminan allí. De acuerdo a la Ley Orgánica del TSJ, cuando se jubilan o se retiran se van con su salario íntegro, es decir, se jubilan con 140 mil pesos mensuales.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado determina las percepciones que reciben los magistrados, y está integrado por cinco miembros, de los cuales el presidente es también presidente del Tribunal Superior de Justicia, y tiene voto de calidad en caso de empate; dos consejeros son nombrados por el gobernador y aprobados por el Congreso del estado, y dos consejeros son designados por el pleno del Tribunal, uno de entre los magistrados y otro de entre los Jueces de Primera Instancia, según la Ley.
En el capitulo XXV del apartado, sobre la estructura Orgánica del Poder Judicial de las leyes y reglamentos secundarios, se establece que es el Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de establecer, con la aprobación del Pleno del Tribunal, los “términos, cuantía y condiciones del haber por retiro de los magistrados y jueces, con sujeción a lo dispuesto en el reglamento respectivo”.
También es esta instancia la que, en los hechos, decide como se gasta el presupuesto del Poder Judicial, que este año fue de 609 millones 459 mil 200 pesos.
Asimismo, para el otorgamiento de las prestaciones sociales, en el TSJ se aplican dos leyes, una para los magistrados y jueces, que es Ley Orgánica  del Poder Judicial del Estado número 129, y la de los servidores públicos de secretarios de acuerdo para abajo, que es la ley 912 del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
A diferencia de los magistrados y jueces, los servidores públicos deben cubrir a ese instituto, para el fondo global de pensiones y pagos únicos, un porcentaje de su sueldo básico de cotización, mismo que a partir de 2011 fue de un 6 por ciento; en 2012, de 7 por ciento; en 2013, del 8 por ciento; en 2014, del 9 por ciento; y a partir de 2015, es de un 10 por ciento; mientras que a partir de 2016 se fijará en un 11 por ciento.

Más que falta de recursos, hay “falta de voluntad”, precisan

Es precisamente en la diferencia de salarios y prestaciones donde radica la inconformidad de los paristas. Uno de ellos Filiberto Martínez, entrevistado en un restaurante de esta capital, explicó que la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín ha declarado a algunos medios de comunicación que el presupuesto que recibió este año el Poder Judicial es insuficiente para autorizar el 35 por ciento de incremento salarial que piden los trabajadores.
“Yo veo que más que falta de recursos, es falta de voluntad. Si hubiera disposición de los magistrados, con una redistribución del presupuesto se resolvería el problema”, dijo.
En una de las protestas de los trabajadores inconformes, otra trabajadora, la mecanógrafa Erika Liliana Reyes Palma dijo que lleva 11 años trabajando, y que ahora se da cuenta de que se encuentra en la “indefensión laboral”, pues sólo tiene atención médica en el ISSSTE  y una póliza por fallecimiento de 250 mil pesos, por lo que pidió el respeto a la carrera judicial y las prestaciones sociales que “por ley debemos tener”.
La inconformidad de los mil 500 trabajadores administrativos del Poder Judicial del estado por los bajos salarios que perciben comenzó a finales de 2013, después de que el entonces presidente Jesús Martínez Garnelo solicitó licencia al ser designado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, como secretario de Gobierno.
Pero las acciones de protesta comenzaron a principios de 2014, cuando los trabajadores denunciaron que los recursos autorizados para el incremento salarial fueron desviados por el presidente del TSJ con licencia, quien en una reunión interna, ya como secretario de Gobierno, les confirmó que una partida para salarios había sido destinada a las obras de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, lo que aumentó la irritación de los empleados.
Después, los trabajadores lograron la firma de una minuta de acuerdos en octubre del año pasado, cuando se estableció el compromiso de la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín, de que en enero de 2015 habría un incremento del 35 por ciento.
Además, se acordó que se pondría en marcha la carrera judicial para que los trabajadores que tuvieran el perfil pudieran concursar en la promoción para jueces; sin embargo, esa minuta no se ha cumplido, y a partir del 11 de octubre los trabajadores del Poder Judicial comenzaron su paro laboral por tiempo indefinido.

También los jueces comienzan a inconformarse ante su situación laboral

Asimismo, otro sector que ha comenzado a inconformarse es el de los jueces.
La semana pasada, el juez Leoncio Molina Mercado denunció que, presuntamente por la falta de recursos económicos, 28 jueces del TSJE no han podido jubilarse. Algunos de ellos han solicitado retirarse por que han cumplido los años de servicio, y otros por temor a la violencia y ante amenazas que han recibido.
Molina Mercado informó que él es uno de los que han solicitado su jubilación a los magistrados del TSJ, pero que el argumento que le han dado es que “no hay recursos económicos”.
Aseguró que el TSJ les ha negado la jubilación incluso a algunos de sus compañeros que llevan 20 años en el servicio judicial como jueces y que están enfermos de diabetes o de la columna, “y eso es sumamente grave”, sentenció.
“Muchos compañeros quieren que se les otorgue la jubilación porque ya cumplieron los 20 de servicio y tienen el derecho de retirarse con un 100 por ciento de salario”, agregó.
También comentó que a otros jueces les urge retirarse por la inseguridad que prevalece en las zonas donde laboran, y además no se descarta que hayan recibido amenazas de la delincuencia.
Recordó que en enero de este año, el juez civil de Coyuca de Catalán, Jesús Sales Vargas fue ejecutado a tiros en su casa. Después, la Fiscalía General del Estado descubrió que una de las partes en un juicio que se ventilaba en ese juzgado fue el que mandó matar al juez. También, hace tres años, en Acapulco, fue asesinado un juez penal.
Molina Mercado señaló que desde hace tres años, muchos jueces enviaron su solicitud de jubilación al Poder Judicial, pero que no se las han autorizado, supuestamente porque no hay dinero, por lo que demandó que los magistrados le pidan al gobernador Rogelio Ortega, una partida presupuestal extra para su jubilación.
Mientras tanto, el TSJ subió a su página de Internet una entrevista de la magistrada presidenta que autorizó a una estación de radio de esta capital, en la que fija su postura en cuanto al movimiento de los trabajadores.
En ella, dice que el TSJ no cuenta con recursos para autorizar un incremento del 35 por ciento que piden los trabajadores, que el Tribunal ya les hizo un ofrecimiento (no dice cuanto) pero que lo consideraron una burla.
“Si les ofrecemos más les estaríamos mintiendo, no podemos ofrecer lo que no tenemos”, dijo.
Aseguró que el Tribunal ha estado al corriente con los incrementos a los trabajadores; que en 2011 les aumentó un 10 por ciento, en 2012 otro 10 por ciento, en 2013 no hubo incremento, pero en 2014 recibieron un aumento del 24 por ciento, para “compensar” el de 2013.
También dijo que los trabajadores sí cuentan con seguridad social, puesto que están afiliados al ISSSTE y al ISSSPEG, además de que tienen un seguro de vida de 250 mil pesos, y que a partir de este abril será de 275 mil.
Galeana Marín informó que los magistrados están gestionando recursos extraordinarios al gobierno del estado para dar un incremento salarial de los trabajadores, pero que no será de 35 por ciento.
En cuanto a los cuestionamientos de la falta de transparencia, dijo que en la Cuenta Pública que el TSJ entregó a la Auditoría General del Estado (AGE) está toda la información, y que a través de esa instancia se puede consultar.