Margarita Warnholtz

Un siglo de políticas indigenistas inadecuadas

Desde hace prácticamente un siglo, desde que finalizó la Revolución, las políticas públicas del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas han sido asistencialistas y discriminatorias. Se han creado diversas instituciones e instaurado cantidad de programas, se han promulgado leyes y decretos y, finalmente, los pueblos indígenas están igual o peor que entonces. Hay algo que nunca se le ha ocurrido a los gobernantes hacer, y es tan simple, como preguntarle a los indígenas qué es lo que quieren. Tal vez, si hubieran empezado por ahí, las cosas serían diferentes.
Esa es, en síntesis, la conclusión a la que llegué después de leer un libro que acaba de publicar la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que contiene, como su título lo indica, los Documentos fundamentales del indigenismo en México. Sus autores, José del Val y Carlos Zolla, hicieron una excelente recopilación comentada de leyes, decretos, acuerdos, documentos de diversas instituciones y discursos, así como convenios y declaraciones internacionales signadas por México. El libro contiene, además de una interesante introducción analítica,  un total de 39 documentos, que abarcan desde 1919 hasta 2007. Desde el Programa para la Dirección de Antropología escrito por Manuel Gamio, hasta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Revisando los documentos, se puede ver que de una forma u otra, siempre se ha intentado asimilar a los pueblos indígenas a la “sociedad nacional”, y para ello se comenzó con crear instituciones que los estudiaran. Estudiarlos para encontrar formas para redimirlos, aculturarlos, asimilarlos, etcétera, el término varía según la época, pero la idea es la misma. Aún actualmente, con todo y el Artículo Segundo de la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren ya a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus derechos, los programas que se implementan siguen siendo asistencialistas y formulados en un escritorio, sin consultar realmente a los interesados.
Cuando se crea la Secretaría de Educación Pública (1921), se incluye en ella un Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena. En 1926, se funda la Casa del Estudiante Indígena, a la que llevan a jóvenes de todo el país, que tiene por objeto “anular la distancia evolutiva que separa a los indios de la época actual, transformando su mentalidad, tendencias y costumbres, para sumarlos a la vida civilizada moderna e incorporarlos integralmente dentro de la comunidad social mexicana”. Más racista y discriminatorio, no puede ser.
Lázaro Cárdenas demostró una gran preocupación por el estado de marginación de la población indígena y creó el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas (DAAI) para “estudiar los problemas fundamentales de las razas aborígenes a fin de proponer al Jefe del Poder Ejecutivo las medidas y disposiciones que deben tomarse por las diversas dependencias, para lograr que la acción coordinada del poder público redunde  en provecho de los indígenas”. Más allá de eso, realizó el Primer Congreso Indigenista Interamericano, que se llevó a cabo en Pátzcuaro en 1940, del cual surgió el Instituto Indigenista Interamericano. En su discurso inaugural, habla del respeto al indio y a su cultura, pero también de la necesidad de “mexicanizar al indio”. Sin duda su postura era progresista para la época y se ha avanzado muy poco desde entonces; pero, a pesar de que asistieron algunos indígenas al evento, tampoco se les preguntó su opinión. Sin embargo, la repartición de tierras que se dio en el periodo cardenista fue fundamental para la sobrevivencia de los pueblos indígenas.
Cuando sube Miguel Alemán al poder, desaparece el DAAI y, en 1948, se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI) para investigar “los problemas relativos a los núcleos indígenas del país” y estudiar “las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas”, entre otras cosas. Imposible describir aquí todo lo que realizó el INI y la diversidad de políticas y programas que implementó a lo largo de sus 55 años de vida pero, en síntesis, tampoco funcionaron para sacar a la población indígena de la marginación.
Ahora, desde 2003 tenemos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que ya no tiene como objetivo fundamental investigar, sino “orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, pero que tampoco ha logrado gran cosa. Continúa llevando a cabo políticas y programas elaborados desde escritorios, por gente que no tiene el más mínimo conocimiento de la población indígena.
En síntesis, después de un siglo los pueblos indígenas siguen igual o peor. México es ahora el país de América Latina con el mayor índice de esclavitud, y la mayoría de las personas que viven como esclavos son indígenas. Últimamente hemos visto en las noticias que los “rescatan” de la esclavitud en los campos agrícolas, pero no les han ofrecido otras alternativas de vida y, por otro lado, a los que están protestando por las condiciones de esclavitud en las que se encuentran, en lugar de resolverles sus demandas, los reprimen.
Insisto, si desde 1919 se les hubiera ocurrido preguntarles a los indígenas qué querían, hacerlos partícipes en la formulación de las políticas indigenistas, estarían en mejores condiciones de las que están.