Piden paristas del TSJ usar para su aumento un fondo auxiliar que maneja la Judicatura

Fue creado en 1984 y se maneja sin transparencia, reclaman. De éste se financian dos bonos anuales para los magistrados, uno de 400 mil pesos y otro de 700 mil

Alejandro Guerrero, Beatriz García, Redacción

Iguala, Chilapa, Acapulco

Trabajadores del Poder Judicial pidieron usar del fondo auxiliar para la administración de justicia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), creado el 18 de diciembre de 1984, para resolver su demanda de incremento salarial.
Ayer una comisión de 15 trabajadores del TSJ, en su mayoría mujeres, en Iguala mantuvo el paro de labores y la toma de las instalaciones del Palacio de Justicia del distrito judicial de Hidalgo, en el contexto del periodo vacacional de Semana Santa y a 23 días del inicio de su paro laboral.
En Acapulco, los trabajadores dijeron que en los 23 días que lleva la toma de las sedes de Poder Judicial para exigir el aumento salarial del 35 por ciento, que se reglamente la participación de los trabajadores en la carrera judicial para ascender a mejores puestos y que se les otorguen prestaciones sociales básicas, siguen sin recibir atención directa de la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín.
En declaraciones a este corresponsal en Iguala, las trabajadoras, que omiten sus nombres por las amenazas, hostigamiento y represalias en su contra, demandaron la inmediata intervención del gobernador Rogelio Ortega Martínez y del Congreso local para que atiendan y resuelvan su pliego de peticiones.
Asimismo, exigieron la destitución inmediata de la magistrada presidenta, Lambertina Galeana Marín “por corrupta, inepta y represora”, y reiteraron su demanda de que se audite de forma externa al Poder Judicial.
Pidieron que se eche mano del fondo auxiliar para la administración de justicia en el estado, creado el 18 de diciembre de 1984, para atender las demandas laborales de los trabajadores.
Informaron que este fondo es en el que se depositan las fianzas, pensiones, pago de copias certificadas (de las que un solo expediente llega a costar hasta tres mil pesos), multas, pagos de pensiones alimenticias y de manutención, reparaciones de daños y otros depósitos que se hacen al Poder Judicial.
Asimismo, denunciaron que no hay transparencia en el manejo de estos recursos, ya que es el Pleno del Consejo de la Judicatura, que está presidido por la magistrada presidenta del Tribunal Lambertina Galeana, y de los propios jueces y magistrados, quienes distribuyen y administran este dinero, y del que se auto designan dos bonos al año, uno de 400 mil pesos y otro de 700 mil en diciembre.
Demandaron también la aprobación de la carrera judicial para que no sólo sean los familiares, amigos, y recomendados de jueces y magistrados quienes ocupen cargos en los que no hay exámenes de oposición.
Denunciaron que cuando se emite alguna convocatoria, sólo se hace para cumplir el requisito, ya que con anticipación se tiene la lista de los familiares y recomendados de los jueces y magistrados para los cargos en el Poder Judicial.
Reiteraron la denuncia de hostigamiento, represión y amenazas de cambios de adscripción, de jueces y magistrados en contra de los trabajadores que se mantienen en el paro y con la toma de instalaciones.
Señalaron que ya hay jueces que tienen las indicaciones de la magistrada Lambertina Galeana de hacer cambios de adscripción de los trabajadores en paro a partir del próximo lunes.
Evidenciaron que la magistrada de la Tercera sala Penal de Iguala, Antonia Casarrubias García, amenazó a los trabajadores con despedirlos si apoyan al movimiento.
“No nos vamos a retirar de aquí hasta que nos resuelvan”, advirtió una empleada.

Algunos candidatos a gobernadores apoyan al paro “por el proceso electoral”, aclaran

En Acapulco, trabajadores del Poder Judicial indicaron que en los últimos días han recibido apoyo en especie de los candidatos a gobernador, además del apoyo de abogados postulantes, y colegios de abogados; los políticos se acercaron para escuchar las demandas, aclararon.
La actuaria, Karina Carbajal, dijo que “alguno que otro candidato” se acerca a ellos, pero aseguró que es sólo por el proceso electoral. Evitó dar los nombres porque así lo decidieron en reuniones, para no verse involucrados con algún partido político y evitar que su movimiento se desvirtúe. La actuaria dijo que los candidatos llevaron víveres y que se comunican por teléfono con ellos.
La secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de Paz Civil, Marcela Leonor Álvarez Robles, que participó en la marcha del miércoles en la Costera, a la que asistieron trabajadores del TSJ y del Consejo de la Judicatura, denunció que “en este movimiento pacífico” reconoció a al menos un trabajador cercano a magistrados y consejeros que les tomó fotografías; ubicó a uno como el chofer de la magistrada Adela Román, que se hizo pasar como turista, y “en todo momento nos tomó fotos y hacía llamadas”.

Informan en Chilapa que se reunirán con Lambertina, pero no saben cuándo

En Chilapa, tras la marcha del jueves en Acapulco, de los sindicalizados del Juzgado de Primera Instancia del ramo Civil y Familiar que asistieron, la guardia de trabajadores en el plantón sólo constó de dos trabajadoras, que estaban fuera de las instalaciones. Comentaron que sus compañeros que asistieron a la marcha se incorporarían más tarde o mañana.
Ellas dijeron que desconocen si hubo algún avance tras la movilización en Acapulco, aunque más tarde, vía telefónica, uno de los trabajadores que asistió a la marcha dijo que supieron que habría un acercamiento con los magistrados y con funcionarios del gobierno estatal, sin embargo dijo desconocer cuándo sería ese acercamiento.
En el municipio, el Juzgado Mixto de Paz finalmente no se unió al plantón, pero tampoco laboró en los días hábiles.
El Juzgado Penal tampoco se adhirió a la manifestación, y siguió funcionando con normalidad.
Una sindicalizada del Juzgado Mixto de Paz en Zitlala se unió al plantón de sus compañeros en Chilapa, porque en su municipio no pararon labores.