Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Peña Nieto y maquillaje con brocha

En enero, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a los embajadores y cónsules mexicanos “fomentar una imagen veraz y objetiva del país, que disipe dudas o distorsiones a nuestra realidad”. Esa tarea implica hacer notar al mundo que “México no se retrae ante la adversidad”, que “el motor que nos mueve es el de construir mejores condiciones para todas las familias mexicanas”, que “frente a los ataques contra la paz de los mexicanos, nuestras instituciones de seguridad y justicia, así como nuestras Fuerzas Armadas, han estado protegiendo a la sociedad y velando por el Estado de derecho”, y que el principal objetivo del gobierno es “fortalecer el respeto a la ley y a los derechos humanos”.
Peña Nieto estableció de esa manera un programa de trabajo, que se ha cumplido puntualmente, para colocar espesas capas de maquillaje sobre la mala imagen que su gobierno adquirió en el exterior por el caso Ayotzinapa, episodio que, en el discurso presidencial quedó reducido a una “distorsión” y en el expediente judicial a simple asunto de secuestro y asesinato entre bandas de la delincuencia organizada.
En ese contexto se explica la irascible respuesta que el gobierno federal dio al informe del relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, quien el 8 de marzo consideró generalizada la práctica de la tortura en las mazmorras policiacas del país. Para sustentar su conclusión, el relator informó que entre 2006 y 2014 fueron documentadas 12 mil 787 quejas de víctimas. Detalló que “(las torturas) combinan: golpes con puños, pies y palos; ‘toques’ con dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos (…) Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria”. Añadió que “contra las mujeres detenidas hay un particular uso de la tortura sexual. Las mujeres son objeto de desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales, y violación sexual reiterada a manos de varias personas”. Y mencionó que “de 223 recomendaciones que ha emitido la CNDH por tortura y malos tratos, no se tiene ninguna sentencia penal” (Reforma, 9 de marzo de 2015).
El gobierno de Peña Nieto pudo haber ofrecido una respuesta con información que desmintiera el diagnóstico, si es que podía hacer eso, pero optó por simplemente negar que el término “generalizada” pueda ser aplicado a la incidencia de la tortura en México, y aplicó una estrategia destinada a minar la credibilidad y el prestigio del relator de la ONU con ataques que éste estimó de carácter personal, pues lo acusó de violar el código de conducta y ética que rige la encomienda de los funcionarios de la ONU. En una carta enviada al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Secretaría de Relaciones Exteriores acusó a Méndez de violar el precepto que lo obliga a “hacer gala de prudencia, moderación y discreción para no menoscabar el reconocimiento del carácter independiente de su mandato o el clima necesario para desempeñarlo”.
El relator de la ONU, sin embargo, mantuvo sus conclusiones. “Si me pueden demostrar que es equivocado que hay una práctica muy similar de tortura cuando actúan distintos cuerpos en distintos lugares del país, con características muy similares y que para cualquiera de esos cuerpos no hay una investigación seria posterior, yo cambio mi apreciación. Nunca me han demostrado eso”, dijo Méndez el miércoles de esta semana en respuesta a Relaciones Exteriores.
Este caso ejemplifica cuán resuelto está Peña Nieto a ocultar con maquillaje la escoliosis severa que deforma su gobierno. Así procedió hace unas semanas cuando el equipo de forenses argentinos puso en duda la “verdad histórica” con la cual la Procuraduría General de la República pretendió poner punto final al caso de los 43 normalistas desaparecidos. Con la misma discrecionalidad, el presidente Peña Nieto decretó la honorabilidad del Ejército frente a la exigencia de que los militares sean investigados por el papel que pudieron haber tenido en los sucesos del 26 de septiembre en Iguala. Es la misma reacción que pretende poner en marcha frente a las conclusiones del grupo de expertos enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para auditar la investigación del caso Ayotzinapa, cuya primera conclusión fue que se trata de un caso de desaparición forzada y crimen de lesa humanidad. Y finalmente, es exactamente la misma estrategia de simulación desplegada para hacer creer que la Presidencia de la República no tuvo nada que ver en el despido de la periodista Carmen Aristegui de la empresa MVS Radio. Pero por más empeño que el gobierno federal ponga en el intento de tapar el sol con un dedo, la realidad del país no cambiará con brochazos de maquillaje, golpes de propaganda y simulación. Tarde o temprano el maquillaje se cae o se escurre.

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