Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El informe de “inteligencia”, guerra sucia desde la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Guerrero recicló e hizo circular la semana pasada en la prensa un informe de “inteligencia” que el gobierno federal elaboró en el 2013 para vincular con grupos guerrilleros al movimiento magisterial que se opone a la reforma educativa.
Las mismas acusaciones y en algunos casos los mismos nombres que aparecían en aquel viejo documento, aparecen también en el informe de la Fiscalía estatal, adaptado para incriminar al Movimiento Popular Guerrerense con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). (“Advierten 5 escenarios de riesgo en Guerrero”, El Universal, 1 de abril de 2015).
En el contexto del proceso electoral en curso, la Fiscalía asegura que el Movimiento Popular Guerrerense puede detonar diversos “escenarios de confrontación” y que “no se descarta la proliferación y escalamiento de conflictos sociales en las siete regiones de la entidad alentados por los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero que tienen vínculos con los grupos subversivos”.
El actual secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, es señalado como presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional, grupo identificado como una escisión del EPR que opera en la región de la Montaña Alta. De acuerdo con la nota de El Universal, “el gobierno de Guerrero considera que Ramos Reyes tiene un perfil ‘contestatario’ y advierte que su presencia como dirigente de la CETEG podría ser un factor para que activistas con un perfil catalogado como ‘subversivo’ refuercen sus lazos con el magisterio disidente, así como el MPG”.
Repite en esta lista el ex vocero cetegista Minervino Morán Hernández, a quien se ubica como miembro y fundador del Frente Popular Revolucionario (FPR), “considerada una organización fachada del ERPI”, y como cercano a Omar Garibay Guerra, dirigente del FPR. El documento de hace dos años era más prolijo en la descripción de Morán Hernández, en el que figuraba como líder del “sector duro o ultra radical” de la CETEG. Se decía de él que era “activista” del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCMML), que actúa abiertamente en la lucha política, y también se le adjudicaban vínculos con Omar Garibay.
Se menciona además a Taurino Rojas González, representante de la CETEG en Tlapa y presunto ex integrante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (Procup-PDLP). Aparentemente, el documento de la Fiscalía tiene la decencia de señalar que Taurino Rojas ha negado esa versión.
En un gesto que simplemente es falso o simplemente lo pinta como muy desinformado de lo que hace su gobierno, el gobernador Rogelio Ortega dijo desconocer el documento elaborado por la Fiscalía. Como sea y sin importar que se trate de un refrito, el informe de “inteligencia” que el fiscal Miguel Angel Godínez hizo circular en la prensa exhibe la estrategia de satanización, persecución y criminalización del movimiento social que por enésima vez puso en marcha el gobierno de Guerrero. Sin demostrar nada, sin cubrir las formalidades institucionales ni levantar cargos sustentados en una averiguación previa, la táctica empleada por la Fiscalía sin embargo surte el efecto de desacreditar el papel público que desempeñan los dirigentes señalados.
Pero el fiscal Godínez no parece haber reparado en el hecho de que la versión de los documentos de los cuales fue extraído el informe de “inteligencia”, fue desmentida por el entonces comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón. Al día siguiente de que saliera a la luz aquel primer informe (“Guerrilla mueve a grupos de autodefensa y maestros”, Milenio, 7 de enero de 2014), Mondragón dijo que los mencionados ahí no eran guerrilleros: “El hecho está totalmente fuera de nuestra información, de nuestro conocimiento. Ni siquiera podría aceptar el término guerrilla”, dijo. Explicó que “tenemos conocimiento de los grupos que en toda la República están participando, cualquiera que sea su índole, pero no puedo hablar de guerrilla en México (…) No digo quién actúa, hay grupos con intereses de diferente orden y los tenemos ubicados”, explicó, y el diario ofreció el 8 de enero el siguiente encabezado también de ocho columnas: “Están ubicados y no son guerrilleros: Mondragón”.
Hace un año, una oportuna advertencia del diario indicaba que los documentos citados provenían del gobierno federal y del gobierno de Guerrero y tenían la leyenda “confidencial”; añadía que “los formatos y redacciones de los diagnósticos de estos casos se asemejan a los que elaboraban los cuerpos de seguridad política del régimen priista en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando se utilizaban para descalificar o perseguir a los opositores de izquierda, a quienes etiquetaban de ‘comunistas’ y ‘subversivos’, aunque no lo fueran”.
Ese es el caso del nuevo reporte de la Fiscalía del estado, que señala sin probar, con el objeto de estigmatizar al movimiento social y desacreditarlo ante la opinión pública. Es evidente que esa socorrida estrategia del gobierno tiene también el objetivo de crear las condiciones que justifiquen acciones de represión. Eso es guerra sucia.

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