Está cumplida prácticamente en su totalidad la minuta con los trabajadores, dice el TSJ

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

En un desplegado al que titularon “Posición del Poder Judicial del Estado ante el conflicto laboral al interior de esta institución”, jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) puntualizan la posición de esta dependencia respecto al paro laboral.
En el desplegado pagado, enumeran en ocho puntos las supuestas inconsistencias de paro laboral que cumplen 27 días este martes los trabajadores del Poder Judicial del estado.
En el primer punto, sobre el cumplimiento de minuta de acuerdos de 20 de octubre, dicen que se ha cumplido “prácticamente en su totalidad”, y que el aumento salarial no se dio porque la partida no fue autorizada.
El segundo punto, sobre el incremento salarial, enuncia que esta demanda sólo es justa en cierta medida, y detalla que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), durante 2011, 2012 y 2014 ha dado incrementos salariales, contrario a lo que han dicho los paristas, quienes aseguran que no han recibido ninguno.
Así, por ejemplo, dice que en 2014 se dio un incremento del 12 porciento a los trabajadores administrativos y extraordinarios para compensar lo que habían dejado de recibir del 2013.
En el punto de prestaciones sociales, señala el Poder Judicial ha cumplido con las aportaciones al ISSSPEG y al ISSSTE, instituciones que prestan servicios y beneficios a los trabajadores, por lo que “los trabajadores cuentan con seguro de riesgo de trabajo, seguro de jubilación, seguro de vejes, seguro de invalidez, seguro por causa de muerte y servicios médicos”.
Sobre el hostigamiento a los paristas, señalan en el comunicado que no se les ha hostigado, o violentado derecho humano alguno “el Poder Judicial ha sido sumamente tolerante y prudente, ciertamente se han iniciado algunas averiguaciones previas por parte de la fiscalía del estado, pero esto constituye una obligación y una facultad correlativa de la propia fiscalía más cuando esto se persigue oficiosamente” y abunda que “También se ha presentado algunas denuncias por parte del Poder Judicial”.
En el punto cinco señala, sobre las amenaza de desalojo que, ciertamente se solicitó, antes de que pararan labores los trabajadores, el uso de la fuerza pública para preservar el acceso de los justiciables a las instalaciones de los juzgados.
El punto seis se refiere a las peticiones de medidas cautelares dictadas por la Codehum, a lo que responde que el Poder Judicial solicitó a este organismo la asignación de observadores de los derechos humanos para acudir a los juzgados de Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.
En el punto numero siete, sobre carrera judicial, dice que el Poder Judicial, en la selección de los jueces y los otros servidores se ha ceñido a los reglamentos dispuestos incluso en los dos últimos proceso de jueces de 2013, donde han participado expertos de la escuela libre de derecho y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y jueces del estado de Morelos quienes hicieron las evaluaciones correspondientes que quedaron video grabadas.
El desplegado finaliza con la solicitud de la auditoria al Tribunal Superior de Justicia, y asegura que la Auditoria General del Estado los audita cada año, pero no puede aceptar que un grupo de trabajadores, ostentado un membresía de la que carecen, sigan engañando a los demás trabajadores, ni tampoco puede aceptar el chantaje el denuesto y la difamación como instrumento de negociación, finalizan.