No hubo desalojos ni fueron ordenados por el gobernador Rogelio Ortega, dice el gobierno estatal

*El Tribunal pidió la presencia policiaca en sus sedes, afirma en un comunicado

Redacción

Chilpancingo

El gobierno del estado informó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó ayer la intervención de la Fuerza Estatal para resguardar sus inmuebles, tomados por trabajadores que se encuentran en paro de labores en demanda de incremento salarial desde el 11 de marzo.
En un comunicado el gobierno estatal rechazó que los policías antimotines de Fuerza Estatal hayan desalojado a los paristas, y dijo que el ingreso de la Policía Estatal “se hizo por accesos alternos, acompañados por trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y sin confrontarse con los paristas”, a pesar de que en varias sedes arrojaron gases lacrimógenos, piedras y golpearon a los manifestantes.
La versión oficial contrasta con los hechos de violencia ocurridos en Tixtla, Chilpancingo, Iguala y Acapulco en donde los trabajadores en paro apoyados por integrantes de organizaciones sociales replegaron a los policías que llegaron para tomar los inmuebles del TSJ.
“El gobierno del estado rechaza rotundamente que se haya tratado de un desalojo y que éste se ordenara por el gobernador Rogelio Ortega Martínez”, se lee en la misiva.
Agrega que “esta acción se registró de manera coordinada entre el gobierno del estado y el propio Tribunal Superior de Justicia, quien solicitó la intervención de la Fuerza Estatal para resguardar los inmuebles”.
Reconoce que este es un conflicto laboral entre el Poder Judicial y sus trabajadores de confianza, “sin embargo, con el ánimo de contribuir a darle solución, el gobernador Rogelio Ortega Martínez sirvió como intermediario y negociador y se hicieron diversas ofertas a los inconformes, quienes no aceptaron llegar a acuerdos, agotándose la posibilidad del diálogo”.
El documento que se le atribuye a la Secretaría General de Gobierno dice que el gobierno del estado “reconoce el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse libremente, y hemos insistido en que las inconformidades deben canalizarse por las vías y mecanismos legales”.
Concluye que la impartición de la justicia es un derecho constitucional de los guerrerenses que debe garantizarse como vía para la convivencia social”.