Desalojan policías juzgados; se enfrentan en Tixtla e Iguala

*En la madrugada, antimotines desplazan con violencia a trabajadores en Acapulco, y en operaciones simultáneas se apoderan de las sedes del TSJ en Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Arcelia y Chilapa

*Vecinos y normalistas de Ayotzinapa sacan a los efectivos en Tixtla, que lanzan gases lacrimógenos

*En Iguala a pedradas retoman el inmueble con el apoyo de colonos

*El paro de labores sigue, dice el dirigente sindical tras reunión con magistrados en la Codehum

*El TSJ pidió la presencia policiaca en sus sedes, dice el gobierno del estado; Lambertina Galeana lo niega, pero apoya la acción

Llega la Policía del Estado a los 16 plantones de trabajadores del Poder Judicial; desaloja cinco

*En la madrugada, efectivos desplazan con violencia a paristas en Caleta, Acapulco, y en operaciones simultáneas se apoderan de las instalaciones en Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Arcelia y Chilapa. Los empleados que cumplieron 29 días en paro, siguen afuera de los juzgados, cerca de los policías, y continúan en su movimiento por aumento salarial, prestaciones y el reglamento de carrera judicial

Anarsis Pacheco Pólito, Abel Salgado, Beatriz García, Brenda Escobar, Luis Blancas, Israel Flores

Chilpancingo, Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán y Tixtla.

En la madrugada de ayer se desplegó una operación de Policías del Estado simultánea en las instalaciones de 16 distritos judiciales para desalojar a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia que cumplieron 29 días de paro laboral y que las mantenían cerradas.
Los policías estatales antimotines actuaron en las siete regiones del estado, y tomaron el control solamente de las ciudades judiciales y juzgados de Acapulco, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Arcelia y Chilapa, donde no obstante los trabajadores se mantienen afuera de las instalaciones, cara a cara con los policías, y continúan en paro laboral.
Los trabajadores exigen un aumento salarial de 35 , seguro de vida, seguridad social y la expedición de los Reglamentos de Carrera Judicial y de Examen de Oposición.
La secretaria de Trabajo y Conflictos del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), Xóchilt Jiménez Pita, informó que la Policía del Estado llegó en la madrugada y la mañana a desalojar a los trabajadores que se encuentran en paro en Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Chilapa, San Luis Acatlán, Ometepec, Arcelia, Tixtla, Iguala, Tlapa, Coyuca de Catalán, Teloloapan, La Unión, Malinaltepec y Huamixtitlán.

Con la fuerza policiaca entran a la Ciudad Judicial en Chilpancingo cuatro magistrados

En Chilpancingo a las 5:22 de la mañana 33 policías rompieron una malla que colinda con el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para entrar a la Ciudad Judicial.
El plantón de los trabajadores está en la puerta principal, sobre la banqueta de acceso, pero los antimotines ingresaron al edificio rompiendo una malla ciclónica de la parte trasera para poder llegar al acceso principal.
En el plantón estaban de guardia, durmiendo, 14 trabajadores entre ellos mujeres, que al percatarse de la presencia de los policías notificaron a sus compañeros además del notario publico número 2 Emilio Ortiz Horacio.
Los trabajadores exigieron al comandante a cargo de la operación que mostrara la orden de desalojo, pero éste sólo contestó que obedecía órdenes de su superior; mientras, los policías desde adentro del edificio rompían las cadenas que habían colocado los trabajadores para cerrar la puerta principal.
En el lugar estaba la secretaria de Trabajo y Conflictos del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), Xóchilt Jiménez Pita, quien reclamó que las autoridades actuaron con alevosía al ordenar el desalojo en la madrugada cuando permanecen en las guardias pocos de los trabajadores paristas.
Relató que mientras dormía en el plantón se dieron cuenta de la presencia de los policías estatales, aunque reconoció que no cometieron ningún acto violento directamente contra los trabajadores.
A las 7:30 de la mañana llego una comisión de más de 15 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y miembros de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (CETIG).
A las 8:22 el secretario general del SISPPJE, Adalberto Valenzo Martínez, se declaró en huelga de hambre y denunció que  seguramente los hechos fueron dirigidos desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
“Este es un acto totalmente reprobable por parte de la presidencia y en su caso del propio gobierno del estado al acceder al uso de la fuerza pública sin antes haber establecido un diálogo directo con los trabajadores”, agregó.
Dijo que en lugar de que la magistrada presidenta del TSJ Lambertina Galeana Marín abonara a la tranquilidad en el estado de Guerrero, pareciera que quiere crear inestabilidad.
A las 11:45 un grupo de 30 trabajadores se organizaron para hacer una valla en la puerta del estacionamiento, y evitar así que entraran a laborar los magistrados y presuntamente trabajadores contrarios al paro.
A pesar de la valla, los magistrados Alberto López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Cedeño y Julio Lorenzo Jáuregui, apoyados por unos 20 antimotines ingresaron a sus oficinas en medio de golpes y jaloneos con los trabajadores en el estacionamiento.
Durante 5 minutos los policías con sus toletes replegaron a los trabajadores para liberar el paso de los magistrados.
En el momento del conato de violencia los paristas fueron apoyados por integrantes CETIG, y también se encontraba el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Ramón Navarrete Magdaleno.
Después de concluir el enfrentamiento, Navarrete habló con los manifestantes y los magistrados para evitar que ocurriera otro enfrentamiento.
Aunque los magistrados consiguieron entrar al edificio, no hubo labores en las oficinas, mientras que otros 30 trabajadores permanecieron afuera de la Ciudad Judicial.
A la 1 de la tarde una comisión de manifestantes se trasladó a las oficinas de la Codehum.
Por su parte la dirigente sindical Xóchitl Jiménez responsabilizó al gobierno del estado y a la magistrada Lambertina Galeana Marín y los consejeros de la Judicatura de cualquier agresión que atente contra la integridad física de los trabajadores.
En Tixtla también se realizó el desalojo, pero fue recuperado por el apoyo de normalistas de Ayotzinapa ante la presencia de los policías antimotines.
En Iguala también fueron recuperados por los trabajadores las instalaciones del Palacio de Justicia.

En Acapulco, insultos y empellones de policías

En Acapulco, 14 trabajadores que permanecían de guardia en el edificio de juzgados de Caleta, fueron desalojados con violencia de las escalinatas por más de 80 policías antimotines, quienes a gritos y empellones los replegaron a la calle; entre los desalojados se encontraba una menor  de edad.
La secretaria de actas y seguimiento del (SISPPJE), María Josefina Suástegui Herrera, responsabilizó el gobernador Rogelio Ortega Martínez porque en el único encuentro que tuvieron con él, la semana pasada les lanzó  “una amenaza tajante, dijo que si no accedíamos a ese 10 por ciento (de aumento salarial) en este preciso instante mando a desalojar y se me van a ir todos de ahí”.
La sindicalista relató que a las 05:25 llegaron los antimotines, y que a empellones quitaron a los trabajadores que estaban despiertos en la parte baja de las escalinatas al grito de “¡muévanse hijos de su puta madre, hijos de la verga, órale hijos de su chingada madre, sálganse!”.
Otros  trabajadores estaban sentados en las escaleras, cuidaban a mujeres que recostadas, descansaban en el pasillo a un costado del acceso al Palacio de Justicia a Caleta; a todos, dormidos y despiertos, los jalaron para que se quitaran de la entrada.
Josefina Suástegui denunció que los policías entraron al edificio, encendieron las luces de los cinco niveles que tiene y escucharon “ruidos de que algo estaban rompiendo”. Subrayó que desde que inició el paro hace 29 días, los paristas cerraron con cadenas y candado las puertas, para evitar que se les acusara de robo, destrucción de archivos o mobiliario.
Suástegui Herrera señaló que, en caso de desaparición de documentos, objetos personales y expedientes, sería responsabilidad de los policías y no de los trabajadores.
La dirigente dijo que su hija menor de edad, sufrió ataque de pánico por el desalojo “violento”. Narró que dejó su automóvil en la entrada del estacionamiento, el cual fue rodeado por la Policía Estatal, y en el interior dormía su hija de 14 años, cuando los policías intentaron abrir la unidad, la menor lloró desconcertada por el miedo. “Les dije insistentemente que me permitieran sacar a mi hija y no me dieron respuesta”, agregó Jiménez y contó que después de media los policías se replegaron y entonces pudo entrar por su hija.
Al momento del desalojo se encontraban 14 personas; 11 eran trabajadores, dos eran esposos de trabajadoras y la hija de la dirigente sindical.
A las 8:30 estaban a la vista 40 policías antimotines, desplegados en la banqueta y en el estacionamiento; y dentro del edificio se contaron otros 30.
En el Palacio de Justicia que alberga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, juzgados de paz, de lo civil, de lo familiar, a defensores de oficio y la Oficialía de Partes hay una nómina de 300 trabajadores, de los cuales ayer por la mañana luego del desalojo había unos 150.
En el transcurso del día, los trabajadores en paro permanecían en la calle frente a la dependencia y cara a cara con los policías.

En Zihuatanejo hasta los buenos días les dieron, pero también son buscados por la PIM

En Zihuatanejo, unos 40 policías estatales antimotines irrumpieron en el Palacio de Justicia, y según el testimonio de una de las trabajadoras desalojadas, los uniformados se brincaron el portón y la cerca de malla ciclónica de enfrente del edificio y alumbrándose con lámparas llegaron a la cafetería ubicada detrás del inmueble y los despertaron.
Agregó que uno de los policías los abordó, “buenos días señores, estamos aquí para desalojarlos, les pedimos de favor que se salgan”, enseguida, les permitieron sacar algunas de sus pertenencias y mientras ellos se retiraban, los uniformados se quedaron adentro del edificio.
La trabajadora contó que los policías llegaron entre las 5 y las 5:30, que eran unos 40 y que no los golpearon ni trataron mal; “simplemente nos sacaron y ellos se quedaron adentro del edificio, hasta eso, llegaron tranquilos”.
Al filo de las 8:30 poco a poco se fueron reuniendo los paristas en la banqueta frente al Palacio de Justicia para esperar al coordinador regional de la Codehum en la Costa Grande, Palemón Bautista Cruz, quien llegó poco después y pidió permiso a los policías para que los trabajadores que fueron desalojados entraran a terminar de sacar las pertenencias que se habían quedado en la cafetería, asimismo, les pidió que les entregaran las dos lonas que estaban colocadas en el portón y que los policías quitaron.
Durante la espera, los trabajadores denunciaron que el martes, policías ministeriales llegaron a buscar a algunos de sus compañeros para entregarles un citatorio a comparecer en la agencia del Ministerio Público acusados por los delitos de obstrucción de servicio público, coalición de servidores públicos, denegación de la justicia por equiparación, motín, sedición, y lo que resulte.
La denuncia, dijeron, fue puesta por el delegado administrativo del TSJ en la Costa Grande, José Manuel Añorve Calzada, a quien señalaron de “hipócrita y traidor”, pues aseguraron que apenas hace unos días, junto con el coordinador de los Juicios Orales, los visitó en el paro “y hasta nos invitó tiritas de pescado que él mismo ahí preparó y nos dijo que estaba con nosotros, que nos apoyaba y con razón ayer martes, muy sonriente nos comentó que esto del paro se iba a arreglar hoy miércoles, él ya sabía lo que nos iba a pasar”. Los trabajadores coincidieron en que tienen temor de ser detenidos, “porque sabemos que nos andan buscando, a todos los que apoyamos el paro de labores y también a los que no apoyaron pero que jamás se presentaron aquí durante estos días”.
Mientras los desalojados esperaban al coordinador de la Codehum, los policías estatales permitían la entrada al Palacio de Justicia a los trabajadores del nuevo sistema judicial, los que están en el área de los juicios orales.
Luego de que Palemón Bautista salió del edificio dijo a los reporteros que los policías le platicaron que van a permitir la entrada a todos los trabajadores para que se reanuden las labores; enseguida, lamentó que se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores en lugar de privilegiar el diálogo y la negociación; dijo que tomaría nota de este hecho para agregarlo al expediente que la Codehum tiene del caso, en alusión a las medidas cautelares que dictó el organismo a favor de los trabajadores.

En Chilapa los policías también entraron a las oficinas del juzgado

En Chilapa, alrededor de las 6 de la mañana llegaron dos camionetas de policías antimotines para entrar a las instalaciones del juzgado donde sólo había un trabajador, porque el otro que estaba de guardia había ido a su casa a bañarse.
El sindicalizado relató que escuchó que golpeaban la reja, salió y observó a los policías, no opuso resistencia y les pidió que no golpearan más y que les abriría las instalaciones.
El comandante a cargo se presentó como Francisco  y le comunicó que traía una orden de desalojo del Tribunal Superior de Justicia.
De inmediato los policías arrancaron las lonas que los trabajadores  habían mantenido colocadas desde el inicio de su protesta el 11 de marzo para cubrirse del sol,  así como la lona donde se describen sus demandas.
Los policías ingresaron a las instalaciones,  y colocaron un cerco a la entrada para impedir el paso.
Señaló el trabajador que les pidió que le permitieran ir por sus cosas. Posteriormente llegó su otro compañero que solicitó que le mostraran la orden de desalojo, y le respondieron que era “una orden verbal la que traían del Tribunal”.
Ya que se encontraban en el lugar más trabajadores, la mayoría mujeres, el jefe policiaco les dijo que la orden para el desalojo la recibieron “del secretario de Seguridad Pública”.
Se percataron que los policías tomaron video del interior de las instalaciones.
Una trabajadora mostró su preocupación, pues dijo que los policías aun cuando no traían una orden escrita entraron a las instalaciones donde hay cosas de valor como pagarés, dinero, expedientes, escrituras.
Cerca de las 11:30 llegó un representante del SISPPJE, al que pertenecen, y enviados de la Codehum, y en ese momento, sin entablar un diálogo, los antimotines se retiraron.
El representante sindical les externó que siguieran “en pie de lucha”, que permanecieran en el plantón hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.
Nuevamente colocaron las lonas con las que se cubren del sol y donde se leen sus demandas y anunciaron que hasta que no haya una solución permanecerán ahí.
Además de cartulinas donde se lee: “Nuestro delito es pedir el cumplimiento de la minuta que firmaron en 2014 mejor cumplan”, “Seguimos en pie de lucha alto a la represión “, “Lambertina no somos delincuentes”, “Abuso de poder contra sus trabajadores” y  “La justicia cerca de ti pero lejos de sus trabajadores”.

Los paristas llegaron en la mañana a los juzgados de Arcelia y Coyuca de Catalán y ya estaba la policía

En Coyuca de Catalán con al menos 20 elementos divididos en dos grupos de antimotines del Estado, tomaron las instalaciones de los juzgados de Coyuca de Catalán y Arcelia, este miércoles por la mañana, sin que se reportaran disturbios.
Cerca de las 8 y media de la mañana llegó la policía estatal, y tomó los juzgados, y se apostaron en la entrada con sus equipos antimotines, antes de que llegara el personal que se encuentra en paro.
En Tierra Caliente, los trabajadores acostumbraban a irse todas las tardes a sus casas y dejar solas las instalaciones, para regresar en las mañanas en los horarios regulares de oficina. Esta vez cuando llegaron ya estaba la policía estatal.
En Arcelia donde se encuentra el distrito judicial de Cuauhtémoc, fueron 10 policías que tomaron el edificio, y el personal continuó con el paro colocándose a un costado de la puerta.
En Coyuca de Catalán, donde está el distrito judicial de Javier Mina, los trabajadores anunciaron que seguirán en el paro, y colocaron pancartas en la entrada donde exigen “un alto a la represión, y la destitución de Lambertina”, a quien acusaron de negarse al diálogo y en cambio promover la represión.
En los dos casos los trabajadores, dijeron que no entrarían en choque con los antimotines, por lo cual no hubo conflictos.

Recuperan el juzgado de Tixtla vecinos y normalistas de Ayotzinapa; sacan a policías que desalojaron a paristas

Anarsis Pacheco Pólito

Tixtla

La madrugada de este miércoles, 35 policías antimotines estatales desalojaron los Juzgados del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, como parte del operativo coordinado en todo el estado contra paristas del Poder Judicial.
En dicho juzgado sólo trabajan ocho mujeres y la jueza, quienes se unieron al paro laboral en demanda de mejoras de sus condiciones laborales y desde hace 29 días mantienen cerradas las oficinas ubicadas en la avenida Ignacio Ramírez.
Los 35 policías antimotines llegaron en 10 camionetas alrededor de las 5:30 de la madrugada, rompieron el candado de la puerta de los Juzgados del Distrito Judicial de Guerrero, y permanecieron dentro de la oficina de un solo piso.
Las cuatro trabajadoras que se han mantenido en paro fueron notificadas de la llegada de la policía al lugar, y a las 7 de la mañana se dirigieron a las oficinas donde trataron de dialogar con el comandante encargado de la operación, pero éste dijo que “me dieron las ordenes de arriba”.
La secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil y Familiar, Rosalba Cabañas Jiménez explicó que por la noche nadie hace guardia, ya que únicamente participan mujeres y la ciudad es peligrosa.
En la oficina sólo permanecían ocho antimotines, mientras otros 27 esperaban dentro de la arena Spartan, ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, a dos predios del juzgado.
En el auditorio estaba programado un partido de basquetbol de la liga municipal, por lo que los policías antimotines que estaban escondidos en la arena se acomodaron en las gradas.
A un costado de los juzgados se ubican las oficinas alternas del Ayuntamiento de Tixtla, adonde ante la llegada de los policías antimotines los trabajadores acordaron no presentarse a laborar.
Desde las 7 hasta las 9 de la mañana, las trabajadoras fueron respaldadas por 10 vecinos y cinco maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes no se movieron del lugar para evitar que agredieran a las trabajadoras, también llegó una patrulla de la Policía Comunitaria de El Fortín, que a petición de las trabajadoras se retiraron del lugar.
“Les llamé a mis cuatro compañeras que viven aquí, porque los demás viven en Chilpancingo, nos trasladamos aquí, nos dimos cuenta; a las 10 de la noche que nos retiramos ponemos dos cadenas y dos candados porque no nos podemos quedar, por seguridad, somos mujeres”, explicó.
Señaló que desconoce porqué esta acción del gobierno del estado y del Poder Judicial, ya que siempre han estado abiertos al diálogo.
Recordó que el juzgado de Tixtla se abre cuando la jueza necesita hacer algún trámite penal, por lo que aseguró que no entiende el procedimiento realizado por los “jefes”.
“Ahorita mi sorpresa… es para qué tanta seguridad, sólo somos ocho trabajadores, no necesitaban tantos antimotines, estamos abiertos al diálogo, sólo estamos reclamando nuestros derechos laborales”, agregó.
Detalló que durante los 29 días de paro en Tixtla se han atendido seis procesos penales, “el objetivo no es afectar el sistema judicial, es que nos paguen lo que corresponde, no hemos dejado de atender a nadie”.
El comandante a cargo, que no quiso identificarse, dijo que con la autorización de la jueza Honoria Margarita Velazco Flores se abrió la oficina, ya que ella había entregado la llave de los dos candados, pero en la entrada de la oficina estaban los eslabones cortados de las cadenas.
A las 10:15 de la mañana llegó al juzgado el primero de tres autobús de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
A su llegada, una comisión de cinco estudiantes solicitó hablar con el comandante a cargo, a quien le pidieron que se retirara del juzgado.
Durante 15 minutos los jóvenes estudiantes se percataron que el resto de policías antimotines estaban dentro del auditorio Spartan, en las gradas de la cancha de basquetbol.
Las puertas del auditorio estaban protegidas por tres policías, quienes levantaron sus escudos para evitar que unos 15 jóvenes ingresaran; los estudiantes se replegaron hacia el juzgado ubicado en Ignacio Ramírez cuando empezaron a salir los policías de la oficina rumbo al auditorio donde estaban sus compañeros.
En lugar de retirarse y caminar sobre la banqueta, los policías atendieron la orden de su comandante de colocarse en formación de valla sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz.
Los antimotines retrocedieron de espaldas, hacia la calle Miguel Negrete, que es paralela a la calle Ignacio Ramírez, y dieron vuelta a la izquierda y avanzaron siete cuadras.
En el desalojo participaron unos 150 estudiantes de la Normal, más vecinos, ex integrantes del comité de damnificados y maestros de la CETEG.
Entre pasos atropellados y poco orden, los antimotines no se coordinaban para desplazarse y evitar huecos entre su formación, algunos de ellos tropezaban y al momento de caer soltaban su escudo, tiempo que aprovechaban los estudiantes para despojarlos de sus equipos de protección, cascos, rodilleras, espinilleras, coderas, toletes y escudos.
Algunos de los normalistas, que vestían sus uniformes de Ayotzinapa, trataban de controlar la situación colocándose frente a los policías para evitar que los demás estudiantes y los inconformes los golpearan.
Durante el repliegue, seis policías fueron despojados de sus equipos, mientras a otros únicamente les quitaban sus escudos, y ninguno de ellos fue retenido por más de 15 minutos.
Algunos estudiantes aventaron piedras y objetos que encontraban en el camino, mientras sus compañeros les gritaban que no lo hicieran porque podrían responder con los mismos objetos.
La calle por donde pretendían escapar era angosta, había carros estacionados, y sin ningún lugar para correr, los vecinos salían para apoyar a los estudiantes, incluso una mujer salió con una cubeta de agua y se las arrojó.
Casi al final de la calle, los policías desesperados comenzaron a disparar unas 14 granadas de gas lacrimógeno.
Los cartuchos de gas cayeron en patios de algunas casas y el humo entró a las viviendas, provocando que las familias salieran a buscar protección, entre ellos había niños.
Uno de los proyectiles alcanzó a un estudiante de Ayotzinapa, provocándole un esguince en su tobillo, por lo que un vecino se encargó de trasladarlo para darle atención médica.
En el último tramo de la calle, los normalistas retuvieron a un policía que fue lesionado en la cabeza y la nariz, le quitaron su equipo de seguridad, y lo corretearon hasta el puente de la calle Miguel Negrete.
A las 10:55 de la mañana, los antimotines fueron recogidos en cinco camionetas de la policía estatal que los trasladó a Chilpancingo
El movimiento provocó zozobra entre los vecinos, ya que el gas entró en al menos seis casas. Los vecinos intentaban ayudar a los jóvenes con agua y refresco de cola para aliviarles el ardor.
Una de las familias calificó de “el colmo” que los policías antimotines utilizaran gas lacrimógeno en una zona habitada donde además, por las vacaciones, había niños que resultaron afectados.
Las trabajadoras de los juzgados del Distrito Judicial de Guerrero agradecieron su intervención a los normalistas y a los vecinos que los apoyaron.
Los normalistas se retiraron del juzgado a las 11:25 de la mañana, cuando ya se habían retirado los policías y estaba asegurado el lugar.
Ante la ausencia de los policías antimotines los trabajadores volvieron a colocar las cadenas en la puerta principal del juzgado e instalaron lonas para protegerse del sol y continuar en su paro.

Abren diálogo trabajadores del Poder Judicial con magistrados;?aún no llegan a  acuerdos

* Sigue el paro y no entregarán las instalaciones, dice el dirigente del sindicato tras la reunión en la Codehum

Magistrados y trabajadores paristas del Poder Judicial se reunieron en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), tras el fallido intento de desalojo de la Ciudad Judicial en la madrugada de este miércoles.
La reunión inició a las 3:15 de la tarde y terminó a las 6:30 sin acuerdos, así que continúa el paro laboral en todos los distritos, a pesar de la presencia de la policía estatal antimotines.
A las 7:18 de la noche el secretario general del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), Adalberto Valenzo informó que por primera vez se entabló un diálogo directo con cinco magistrados.
A la reunión asistieron los magistrados Julio Lorenzo Jáuregui García, Miguel Barreto Sedeño, Raúl Calvo Sánchez, Rubén Martínez Rauda y Gabriela Ramírez Bello.
Adalberto Valenzo explicó que “no llegamos a ningún acuerdo concreto, más que seguirnos reuniendo y agilizar la situación, y que a pesar de la presencia de la policía seguiremos en el paro”.
Dijo que durante la reunión los magistrados se deslindaron del intento de desalojo y de los desalojos consumados, al argumentar que fue una decisión del poder Ejecutivo, dijeron que “ese es tema del Ejecutivo”.
Calificó la llegada de los magistrados a la Ciudad Judicial como lamentable, ya que se metieron a la fuerza y provocaron a los trabajadores que se oponían a su llegada.
Comentó que se pidió que fueran retirados los policías antimotines de los plantones que permanecen, con la disposición de que avancen las pláticas y que no haya una complicación que genere violencia.
“Ellos dicen que no saben qué hace la policía aquí, se deslindan en lugar de generar un canal de comunicación con el gobierno del estado, para decirles que se retiren del lugar”, agregó.
Agregó que no se entregarán las oficinas en ningún juzgado, a pesar que cuatro de ellos ya fueron tomados por la Fuerza Estatal, y reiteró que los plantones seguirán.
“Mantendremos las guardias normales con el ánimo de tener buena fe, y al final de cuentas veremos si se cumple la promesa sin la intención de desalojarnos”, expuso.
Agradeció que las organizaciones sociales y los vecinos se unieran para defender a los trabajadores, como en Iguala y en Tixtla donde normalistas y vecinos rescataron los juzgados para los trabajadores. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Desalojan policías a paristas en Iguala; siete horas después retoman el Palacio de Justicia

*A pedradas, vecinos e integrantes de una organización social sacan a los antimotines estatales

Alejandro Guerrero

Iguala

Policías antimotines del estado se enfrentaron a pedradas con integrantes de la organización social perredista Mártires del Vado de Aguas Blancas y con ciudadanos de Iguala que llegaron a apoyar a los trabajadores del Poder Judicial que horas antes fueron desalojados. Los manifestantes lograron replegar a los antimotines que siete horas antes se habían apoderado del edificio en una acción sorpresiva.
A las 5:30 de la mañana de ayer, 30 policías estatales con equipo antimotines, encabezados por el encargado de la coordinación de la zona Norte, Artemio Mendoza García rompieron el candado del portón del lado oriente del Palacio de Justicia que da al estacionamiento y se apoderaron del edificio que llevaba tomado 28 días por trabajadores administrativos del Poder Judicial que demandan mejoras laborales, y tras romper los candados que tenían los trabajadores en paro colocaron unos que ellos llevaban.
La acción sorpresiva se dio cuando unos 10 trabajadores, en su mayoría mujeres, que se quedaron de guardia en el plantón afuera del edificio, estaban dormidos y al momento de la irrupción, otro grupo de antimotines formaron una valla con los escudos para evitar que los trabajadores intentaran evitar el desalojo del edificio.
Para las 6 de la mañana, cuando llegaron el resto de los trabajadores en paro y vecinos que los apoyan, unos 50, los policías estatales antimotines ya tenían el control del edificio y estaban apostados en las cinco puertas de entrada.
Llegó el coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Policarpo Gatica Ramírez ante un posible desalojo con el uso de la fuerza pública de los paristas.
A las 8 de la mañana, llegaron cuatro patrullas de la Policía Federal Ministerial con resguardo de policías de la Gendarmería, presuntamente para realizar una diligencia, lo que generó un conato de enfrentamiento con los trabajadores en paro que les tomaron fotografías y video, pero que el final no pasó a mayores y se retiraron.
Para las 9 de la mañana, los trabajadores colocaron diferentes cartulinas con mensajes en la carpa en la que mantienen su paro en las que señalaron al gobierno de Rogelio Ortega y a la magistrada Lambertina Galeana de represores, responsabilizándolos de las agresiones que sufran los trabajadores y sus familias.
“Rogelio Ortega estás acabando con nuestro estado”, “Magistrada resuelva el problema, basta de represión”, “Estamos dispuestos a dar la vida”, “El gobierno utiliza el poder para reprimir movimientos justos”, “En el estado de Guerrero se violan los derechos humanos”, “Magistrados represores den la cara, ya basta, den solución” y “Ésta es la evidencia de la ineptitud del gobierno, no taparán nuestras bocas”.
A partir de las 12 del día, los trabajadores que no apoyan el paro, principalmente de confianza, empezaron a llegar al Palacio de Justicia ante la versión de que ya empezarían a laborar con la toma del edificio por los antimotines.
A las 12:15 llegaron en combis del servicio público y en carros particulares unos 200 integrantes de la organización social perredista Mártires del Vado de Aguas Blancas, que coordinan Leticia Cuevas y el ex secretario general del PRD en Iguala, Francisco López Liborio, también llegaron ciudadanos en apoyo a los paristas y a petición de éstos ente la amenaza de desalojo, algunos llevaban palos, tubos de metal y machetes.
El grupo pidió a los antimotines que desalojaran las instalaciones de forma pacífica, en la puerta poniente del edificio, lo cual no se dio.
Cerca de las 12:25, el grupo de manifestantes forcejeó la reja del portón y logró desprenderla, posteriormente rompió el candado que los policías estatales habían colocado.
Durante el forcejeo en el portón, los antimotines lanzaron golpes con los escudos a los manifestantes, lo que desató un enfrentamiento a pedradas.
En el intercambio de piedras, una mujer del grupo fue golpeada en el hombro por una piedra que un policía lanzó, lo que generó un ataque más fuerte a los antimotines que, poco a poco fueron replegados hacia el edificio, hasta su rendición.
Durante el enfrentamiento los trabajadores del Poder Judicial no participaron, ellos también se replegaron afuera ante el intercambio de piedras.
Cuando los policías se habían replegado y rendido, también se acercaron algunos de los trabajadores en paro para negociar la salida de los antimotines, por vía pacífica, con el coordinador regional Artemio Mendoza García, quien en todo momento hablaba por teléfono, por lo que se pensó que estaba pidiendo refuerzos de la Policía Federal.
Ante la amenaza de ser sacados por la fuerza, a las 12:55 de la tarde el mando de la policía ordenó a sus elementos abandonar las instalaciones, y en su retirada fueron custodiados por los miembros de la organización.
Al salir los policías del edificio y tener nuevamente el control los trabajadores en paro, fueron colocados candados en las cinco puertas del edificio.
Durante el intercambio de pedradas no se registraron daños al edificio, y sólo el cristal de una ventana fue roto.
Al ser desalojados, los antimotines continuaron apostados afuera del edificio en espera de supuestos refuerzos, que no llegaron.
En declaraciones a reporteros, los trabajadores en paro repudiaron la represión, hostigamiento y amenazas del gobernador del estado, Rogelio Ortega y de la magistrada Lambertina Galeana, a quienes, junto al secretario de Gobierno, David Cienfuegos, al de seguridad Pública, Pedro Almazán, al fiscal del estado Miguel Ángel Godínez, y a jueces y magistrados, responsabilizaron del daño físico y moral que sufran durante el intento de desalojo.
Advirtieron que no se moverán ni levantarán su paro hasta que la magistrada Lambertina Galeana y el gobernador Rogelio Ortega se sienten a negociar y resuelvan sus demandas del pliego de peticiones.
De forma paralela se supo que el magistrado de la Tercera Sala Penal, Raimundo Casarrubias Vázquez, estaba convocando, después del enfrentamiento, a los trabajadores que no apoyan el paro, y que son incondicionales de ellos o de confianza, a la plaza Esmeralda del centro de la ciudad.
Según información oficial, hubo tres policías lesionados por las pedradas, Gerardo Navarrete Rubio con la mandíbula dislocada, Mario Díaz Dazar con un golpe en el antebrazo y Abraham Santiago Guzmán Alonso con una lesión en la pierna izquierda.
Después de recuperar el edificio, los trabajadores en paro se replegaron a la carpa que mantienen desde hace 28 días, cuando iniciaron el paro y toma de instalaciones, afuera de las instalaciones del Palacio de Justicia.
Hasta las 8:40 de la noche de ayer en declaraciones telefónicas, los trabajadores en paro informaron que la situación ya estaba pacífica, y que ya tenían nuevamente el control del Palacio de Justicia, aunque existía la zozobra de que nuevamente se intentara desalojarlos con el uso de la fuerza pública ante la permanencia de los policías estatales antimotines apostados en la zona.

Dice la presidenta del TSJ que no sabe quién dio la orden de desalojar a los paristas, pero la avala

*Galeana Marín desestima el movimiento: “serán arriba de unos 200 y somos mil 600”. Advierte que hay actas de abandono de empleo y al menos cuatro órdenes de aprehensión contra los dirigentes. Ayer, con el apoyo del gobierno del estado, se recuperaron los palacios de justicia de Caleta en Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo, dice

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Martín, declaró ayer que no sabe quién dio la orden de desalojar a los trabajadores en paro, pero avaló la acción pues, dijo, que se tenía que garantizar el servicio a los ciudadanos.
La magistrada presidenta ofreció una conferencia de prensa en sus oficinas del TSJ, ubicadas en el Zócalo de la capital, luego de que por la mañana policías antimotines irrumpieron violentamente en la Ciudad Judicial de Chilpancingo, así como en instalaciones judiciales de Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Acapulco, para desalojar a los paristas que ayer cumplieron 29 días con su movimiento.
Galeana Marín desestimó el movimiento laboral al asegurar que sólo son poco más de 200 los trabajadores en paro de un total de mil 800. Advirtió que hay actas de abandono de empleo y cuando menos cuatro órdenes de aprehensión contra los dirigentes del movimiento.
También reconoció que hay magistrados que han colocado en cargos jurisdiccionales del Tribunal a familiares, entre los que está ella, y admitió que el reglamento del Sistema Judicial de Carrera apenas está en la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial.
La magistrada leyó un comunicado en el que manifestó que desde el 11 de marzo los trabajadores, “enarbolando una serie de peticiones, entre éstas el incremento salarial de un 35 por ciento; venían obstaculizando el servicio de impartición de justicia al impedir que los jueces, magistrados y demás personal ingresaran a las instituciones a realizar sus labores y, desde luego, también impidiendo el acceso de los justiciables”.
Dijo que el Poder Judicial, desde el 26 de febrero, buscó el acercamiento con los trabajadores “y no obstante que carece de los recursos necesarios hizo una oferta de incremento salarial del 5 por ciento, mismo que fue rechazado tajantemente”.
Agregó que, entonces, se buscó el apoyo del Poder Ejecutivo para que se utilizara una partida extraordinaria para hacer otra propuesta de incremento salarial. “El 28 de marzo nos volvimos a reunir con los dirigentes, el propio gobernador y el secretario general de Gobierno, así como funcionarios de la Secretaría de Finanzas, ofreciendo un incremento del 10 por ciento a los trabajadores, propuesta que fue rechazada”, puntualizó.
Expresó que otra de las peticiones que ha sido reiterada en los medios es la expedición del reglamento de carrera judicial, y que “este reglamento fue aprobado en lo particular por el Consejo de la Judicatura el 15 de enero de este año y el 31 de enero se mandó a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial”.
“En estas condiciones, desde que estalló el paro laboral hemos trabajado de cerca con el gobierno del estado para dar solución al conflicto y garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia a la población guerrerense”, dijo.
En cuanto al desalojo de ayer, informó que a las 7 de la mañana, “con el apoyo del gobierno del estado, se recuperaron las instalaciones de algunos palacios de justicia, entre ellos los de Caleta, en Acapulco; Zihuatanejo; Iguala y Chilpancingo… La Información que se tiene es que no hubo incidente mayores”.
Después se quejó de que en Chilpancingo “llegaron gentes extrañas y han sucedido cosas que no son deseables, porque el TSJ es el órgano que garantiza el estado de derecho y no está de acuerdo en que se lleven a cabo actos violentos, pero esa gente está dispuesta a lo que sea, nosotros sabemos que, al no aceptar lo que nosotros hemos ofertado, esto ya se va por otro camino.
Después vino una ronda de preguntas y respuestas.
–¿Tenía conocimiento de la irrupción de los antimotines?
–No, yo me enteré a las 7 de la mañana.
–¿Usted no habló con el magistrado Jáuregui (Julio Lorenzo)?
–Con los magistrados estamos en contacto permanente.
–Entonces, debe estar enterada de que él fue quien dio la orden.
–No, yo no sé si él dio alguna orden.
–Usted dice que el movimiento está tomando otro camino, ¿qué rumbo está tomando?
–Es que ya la cosa política… ya el reglamento, que el nepotismo del que hablaban pasaron a segundo lugar.
–Y luego dice que llegaron personas extrañas, ¿a quienes se refiere?
–Ustedes se han dado cuenta que llega gente, por ejemplo de las colonias, de los grupos sociales.
–¿Eso es malo?
–Claro que es malo, porque la ropa limpia se lava en casa. Porque aquí se trata del Poder Judicial.
–Usted se refirió al reglamento. Los trabajadores dicen que no hay un reglamento (para el sistema judicial de carrera) y que ustedes nombran a sus familiares a cargos como jueces o trabajadores del Poder Judicial y dan nombres de magistrados que han designado a sus hijos.
–Es cierto en algunos casos, no en todos. Incluso, los mismos líderes (del movimiento) tienen familiares. El mismo líder Adalberto (Valenzo) tiene a su esposa, a su hermana y a su sobrina, entonces…
–¿Pero qué dice la Ley de Responsabilidades sobre nepotismo?
–Sobre nepotismo pues no… no sabría que dice sobre nepotismo.
–Y sobre los señalamientos de los trabajadores respecto a que su hija funge como secretaria y su salario es de 34 mil presos.
–¡Ay, por favor!, no, ella tiene un puesto administrativo.
–¿Eso no es nepotismo?
–No, de ninguna manera, hay que ver qué es el nepotismo, hay que ver en qué consiste. Ella tiene como 10 años trabajando aquí y quien está aquí es porque está calificado.
–¿Se toma en cuenta la carrera judicial?
–Claro que sí, por eso tenemos la Ley Orgánica, aunque digan lo contrario, siempre se toma en cuenta la carrera judicial.
–Cuando dice “resolver el conflicto mediante la aplicación de la ley”, ¿se refiere a hechos como el de hoy?
–Lo que pasa es que se tiene que restablecer el orden. La vía idónea sería el diálogo, pero estas gentes no han querido hablar con nosotros, desgraciadamente nos han dejado plantados.
–¿Cómo van a prestar el servicio si los trabajadores están en paro?
–No, no están todos, serán arriba de unos 200 y somos mil 600. En algunas partes están cinco, en otras 10, y solamente están obstaculizando. Sabemos que son pocas las personas, pero no hemos querido violentar, irrumpir.
–¿Ya hay actas de abandono de empleo?
–Claro que ya se están levantando.
–¿Y las órdenes de aprehensión cómo van?
–Pues van también caminando.
–¿Van a negociar las órdenes de aprehensión?
–La ley no se negocia.
–¿Cuánto ganan los magistrados?
–Ellos (los trabajadores) y nosotros tenemos buenos salarios. Ellos se quejan que tienen bajos salarios y no es cierto, el Poder Judicial es el que paga más que todos los órganos.
–¿Usted cuánto gana?
–Gano 38 mil pesos a la quincena.
–¿Y ellos?
–Los proyectistas de juzgado ganan arriba de 22 mil pesos y los proyectistas de sala ganan arriba de 35 mil pesos al mes. Sacaron una nota que los secretarios de acuerdo ganan 2 mil pesos, pero ganan 24 mil al mes.
–¿ Y los bonos?
–Todos tienen bonos, ellos saben que tienen sus bonos.
–Pero hay mucha diferencia con el de ustedes.
–Ah claro porque hay distintas jerarquías. No le van a dar lo mismo a un mecanógrafo que a un secretario o a un proyectista.