México, ante una de las peores crisis en el continente, dice AI en una carta a los asistentes de la Cumbre

A unas horas de que se inaugure la Séptima Cumbre de las Américas en Panamá, la organización Amnistía Internacional (AI) consideró que México representa “una de las peores crisis de derechos humanos en el continente”, con la persistencia de desapariciones forzadas, impunidad y corrupción.
A través de una carta abierta dirigida a los asistentes de la cumbre “Prosperidad con Equidad”, la agrupación con sede en Londres hizo un llamado a los jefes de Estado y de gobierno que participan en el evento para incluir en su declaración final “compromisos firmes para reducir brechas sociales, propiciar el desarrollo con equidad y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas sin distinción” y que éstos sea implementados de forma inmediata a través de políticas públicas.
Tras celebrar la incorporación de Cuba a la cumbre, AI enlista temas de preocupación en el hemisferio en los que considera “urgente que los gobiernos adopten medidas concretas para prevenir, eliminar y sancionar estos graves abusos”.
La organización toma el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa como ejemplo de falta de acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad que “sigue siendo uno de los problemas más serios de todo el continente”.
Al referirse a las “incompletas y limitadas investigaciones del caso”, advierte que puso en evidencia “las graves deficiencias del gobierno mexicano a la hora de investigar la corrupción y la connivencia endémicas y generalizadas entre los funcionarios del Estado y la delincuencia organizada, así como el alarmante nivel de impunidad y la falta de respuesta ante una de las peores crisis de derechos humanos en el continente”.
El caso Ayotzinapa, puntualiza, es “emblemático de las graves falencias en el tratamiento de las violaciones a derechos humanos en México, pero no es un caso aislado o una situación atípica en este país en el que las desapariciones de personas, la impunidad y la corrupción persisten”.
Sobre seguridad pública y derechos humanos, la organización resalta que ante la existencia de redes criminales que operan con violencia e impunidad, la respuesta de algunos estados ha sido el uso de las fuerzas armadas. Ello, dice, “ha terminado por generar un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y un espacio de restricciones a las libertades de expresión y de protesta pacífica”.
En la carta, la organización manifiesta su preocupación porque pese a los avances en nivel legislativo, la tortura y oros malos tratos son una “practica generalizada”, así como “la inefectiva implementación de las normas para hacer que los responsables comparezcan ante la justicia y se repare el daño a las víctimas”.
Además, lamenta que en el continente los defensores de derechos humanos enfrenten “dificultades para el ejercicio e sus acciones” y puntualiza que ha documentado “asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, intimidación y un incremento en el uso del sistema judicial para intimidar y reprimir la defensa de los derechos humanos de la región”.
Otro aspecto de preocupación para la agrupación es que hoy en día “la discriminación de las personas migrantes y sus descendientes es generalizada, y los Estados han mostrado poca voluntad para bordar las causas de tan arraigada exclusión”.
El organismo también da cuenta de la “crisis humanitaria” en la que se encuentran los migrantes en su mayoría centroamericanos y mexicanos que cruzan el país para llegar a Estados Unidos, que son “con frecuencia víctimas de homicidios, secuestros y extorsiones perpetrados por bandas delictivas, a menudo en colusión con autoridades”, en tanto que niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual.
AI hace referencia al conflicto armado en Colombia, donde “ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han comprometido a garantizar justicia para todas las víctimas del conflicto”. (Agencia Proceso / Ciudad de México).