Administra un fondo auxiliar a discreción el Consejo de la Judicatura; informa el monto, pero no los intereses

*Encabeza el Consejo de Administración del fondo la presidenta Lambertina Galeana, y lo integra el pleno del Tribunal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Consejo de la Judicatura y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) administran a discreción y a su libre arbitrio los recursos del Fondo Auxiliar que se integra de las multas, pensiones, reparación de daño y fianzas.
Según documentos del propio TSJ, ese fondo cerró en 2014 con 153 millones 245 mil 436 pesos, de los cuales la magistrada presidenta Lambertina Galena Marín dio cuenta en su informe de ese año sólo del ejercicio de esa cantidad, mas no de los intereses que generó la cuenta en el banco.
Asimismo, dentro de los posibles desvíos de recursos en el Poder Judicial hay 27 millones 332 mil 97.34 pesos autorizados por la Secretaría de Gobernación del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, que firmaron el 30 de mayo del 2011 el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, así como el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y el entonces presidente de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en Guerrero, Jesús Martínez Garnelo. Los recursos fueron transferidos por la dependencia federal en junio del 2014.
Incluso, en el Congreso local se congeló un punto de acuerdo propuesto por el diputado perredista Tomás Hernández Palma, en el que pide la intervención del ahora gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y del secretario de Gobierno David Cienfuegos Salgado ante la magistrada presidenta del TSJ para que dé cumplimiento al uso de esos recursos y cumpla con dicho convenio.
En cuanto al Consejo de Administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, éste lo preside la propia Galeana Marín y lo integra el pleno del TSJ. Han sido reiteradas las denuncias de los trabajadores que se encuentran en paro laboral desde el 11 de marzo por el manejo discrecional y por la opacidad con que se administran los recursos de ese fondo.
El 8 de abril los dirigentes del movimiento demandaron, incluso, la intervención del Congreso local para que ordene una auditoría a los recursos de dicho Fondo para transparentar su uso, y para saber en qué y cómo han gastado el dinero los funcionarios del Tribunal.
Antes, el 3 de abril, los representantes de los trabajadores pidieron que “se eche mano” del dinero de ese fondo para resolver su demanda de incremento salarial. Según dijeron, esa medida es posible porque de esos recursos los magistrados se asignan dos bonos anuales, uno de 400 mil pesos y otro de 700 mil.
Según información del propio TSJ, los recursos de ese Fondo cerraron en 2014 en 153 millones 245 mil 436 pesos, por concepto de multas aplicadas a los justiciables, pensiones, reparación de daños y fianzas.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, del total de los recursos que ingresan al Fondo, solamente pertenecen al estado los que corresponden a la aplicación de las multas, el resto pertenece a los particulares, pero es obligación del Fondo administrarlas a través de una cuenta bancaria, lo que implica que dicha suma genera intereses.
El abogado litigante durante 35 años, Pedro Ramírez Millán, quien también fue juez penal y civil durante 10 en varios distritos judiciales del estado con los gobiernos de Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer y José Francisco Ruíz Massieu, aseguró que el Fondo Auxiliar del TSJ regresa a los particulares el puro concepto de pensiones, reparación del daño y fianzas, sin los intereses que generan las sumas depositadas en el banco.
Aseguró que, es este remanente generado por los intereses los que manejan sin dar cuentas a la sociedad los presidentes en turno del TSJ, que a su vez presiden el Fondo junto con los integrantes del Consejo de la Judicatura.
En efecto, en su informe correspondiente a mayo-noviembre de 2014 la magistrada presidenta Galeana Marín fue muy escueta en cuanto a informar sobre estos recursos.
Sólo dijo que al 30 de noviembre de 2014, este sistema había entregado en forma acumulada 4 mil 337 tarjetas para el cobro de pensiones en todo el estado, sin embargo no informó el monto que implicaron esas tarjetas
Dijo también, que el Fondo Auxiliar registró 2 mil 925 devoluciones por concepto, entre otros, de fianzas, consignaciones y pensiones por un monto de 40 millones 608 mil 816 pesos, y que captó 46 millones 903 mil 113 pesos por los mismos conceptos y por multas, en 12 mil 827 movimientos de ingresos.
Asimismo, informó que el Fondo captó 4 millones 659 mil 55 pesos por recuperación de fianzas judiciales ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y que recuperó 190 mil 126 pesos en pólizas afianzadoras.
Pero no informó a cuánto ascendieron los rendimientos de la cuenta bancaria y el destino que el TSJ dio a los recursos por concepto de intereses que generaron los 153 millones 245 mil 436 pesos. Tampoco informó cuál es el banco donde están depositados esos recursos.
En cuanto a los 27 millones 332 mil 97.34 pesos del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, éstos fueron autorizados mediante la firma de un convenio el 30 de mayo de 2011, en el que participaron el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el oficial mayor de la dependencia federal, José Oscar Vega Marín, y del gobierno estatal firmaron el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero; el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; y el entontes presidente de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en Guerrero Jesús Martínez Garnelo.
Sin embargo, los recursos fueron entregados mediante un segundo convenio del 20 de junio del 2014, firmado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y por parte del gobierno del estado sólo firmaron el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo y el secretario de Finanzas Jorge Salgado Parra.
En esa fecha, los recursos fueron transferidos con cargo a la partida 43801 de Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, con clave presupuestaria
04U00120200006U004438011112 para la evaluación, capacitación y certificación en materia de docencia y postulancia del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Oral.
Sin embargo, los recursos no fueron aplicados, por lo que el 22 de octubre, el diputado perredista y secretario de la Comisión de Justicia, Tomás Hernández Palma presentó un punto de acuerdo mediante el cual “se exhorta al C. Gobernador del estado de Guerrero (Rogelio Ortega Martínez) y al Secretario General de Gobierno (David Cienfuegos Salgado) a fin de que instrumente los mecanismos para ejercer los procesos de evaluación, capacitación y certificación en materia de docencia y postulancia del nuevo sistema de justicia acusatorio oral que está realizando la SETEC; y que se puedan implementar con los abogados y maestros particulares de nuestro estado”.
En el tercer punto del exhorto pide al gobernador que “gire sus instrucciones a la C. Lambertina Galeana Marín Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para su intervención”. Sin embargo el punto de acuerdo no fue aprobado por la mayoría de los diputados y se desconoce el destino de los recursos que fueron transferidos.