Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Sánchez Nava en Chilpancingo

Mientras Guillermo Sánchez Nava languidece en su casa de Chilpancingo, sin poder moverse ni hablar, los tres priistas responsabilizados de la agresión que el perredista sufrió hace cuatro años gozan de la libertad bajo fianza que les fue concedida por una jueza que, con miope sentido de la justicia, reclasificó los delitos de los que estaban acusados, de tentativa de homicidio a lesiones graves.
Sánchez Nava se halla en Chilpancingo desde hace tres meses, después de permanecer en la ciudad de México durante cuatro años, periodo en el que recibió un tratamiento médico especializado que pudo apenas mantenerlo con vida, pero que fue insuficiente para devolverle sus capacidades motrices y el habla, arrancadas definitivamente por la feroz golpiza que le dieron los brigadistas del PRI aquella noche del 11 de enero de 2011.
Estos años han sido para Sánchez Nava y su familia un suplicio que no mitiga ni la amplia solidaridad que su caso ha despertado en la sociedad. Junto a ello han sufrido el creciente olvido por parte del Partido de la Revolución Democrática, al que Sánchez Nava pertenecía y al que representaba en el Instituto Electoral del Estado cuando se produjo la agresión en el momento más intenso de las campañas por la gubernatura que finalmente quedó en manos de Ángel Aguirre Rivero. No existe ningún registro público de que el PRD haya acudido efectivamente en auxilio de Sánchez Nava y su familia.
En enero pasado trascendió que el gobierno de Rogelio Ortega había suspendido la entrega de los recursos que facilita a la familia desde 2011 para pagar el tratamiento y los cuidados médicos que Sánchez Nava requiere las 24 horas del día. Esos fondos, que de acuerdo con información publicada esta semana ascienden a 350 mil pesos mensuales, fueron restablecidos este mes y, en teoría, estarán garantizados de por vida mediante un fideicomiso creado para ello, precaución que debe tomar en cuenta la cercana posibilidad de que el PRI recupere el poder en el estado (La Jornada de Guerrero, 6 de abril de 2015).
La desgracia familiar es una de las dos caras del caso de Sánchez Nava. La otra es la impunidad en que ha quedado. En junio de 2011 fueron detenidos Eduardo Sánchez Abarca, Celso Manzano Flores y Antonio López Velázquez, tres de los brigadistas o jefes de los brigadistas priistas que participaron en la agresión. Por aquellas fechas López Velázquez era empleado del ayuntamiento de Chilpancingo, cuando el alcalde era Héctor Astudillo Flores, lo que le atrajo al ahora candidato del PRI a gobernador señalamientos de complicidad y encubrimiento de la agresión.
Si es verdad que no se ha probado la existencia de una autoría intelectual del atentado, que alguien haya ordenado acabar con Sánchez Nava, también lo es que esa posibilidad no se ha investigado. Por ese criterio que acepta como única la explicación circunstancial y meramente fortuita de los hechos, en enero de 2013 la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez accedió a la solicitud de los acusados y cambió los delitos de que eran señalados los tres priistas presos, lo que redujo la gravedad de los delitos y permitió que obtuvieran su libertad bajo fianza. En este momento nadie está detenido. En una situación habitual en Guerrero y en México, hay una víctima postrada y una familia agraviada, pero no hay responsables.
Sánchez Nava, conocido como Sam en los años de clandestinidad de los setenta, es una de las figuras más combativas, firmes y congruentes que ha aportado Guerrero a las fuerzas de izquierda del país. Su modestia es ejemplar y no hizo fortuna en la política, un caso atípico en el PRD donde ahora abundan los nuevos ricos con ranchos, propiedades, negocios y automóviles de lujo.
En 1990, un día antes de que el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu ofreciera su informe de gobierno en el Congreso el 1 de abril, Sánchez Nava fue secuestrado por agentes del gobierno y alcoholizado para impedir que, en su papel de diputado local de oposición interpelara al mandatario, como había anunciado que lo haría.
En una semblanza bien documentada, Juan García Costilla hizo hace cuatro años la más completa descripción de Sánchez Nava, desde su nacimiento en la comunidad de El Peral, del municipio de Chilapa, hasta su papel en las elecciones de 2011. García Costilla recordó que Sánchez Nava estudió la secundaria y la preparatoria en Chilpancingo, y al inicio de la década de los setenta hizo algunos años en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, carrera que abandonó “por la persecución de la que fue objeto por parte de la Policía Judicial del Estado, la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca”. Fue fundador, en 1972, de la Unión Estudiantil Guerrerense (UEG), organización que arrebató al PRI la representación de los estudiantes de la UAG. Recordó también “su militancia revolucionaria” como “simpatizante del Partido de los Pobres (PDLP) y de las Fuerzas Armadas para la Liberación (FAL), realizando tareas de propaganda y de apoyo logístico, durante la década de 1970”. Naturalmente, estuvo preso y sufrió tortura (La Jornada Guerrero, 20 de enero de 2011).
El regreso de Sánchez Nava a Chilpancingo se produjo en total discreción mientras los partidos políticos entraban a la agitación previa a la designación de sus candidatos al gobierno. La candidata del PRD, Beatriz Mojica Morga, dijo inspirarse en él y le dedicó su campaña, pero se sabe que no ha ido a visitarlo. No sorprendería confirmar que, con excepción de unos cuantos amigos leales que han estado presentes junto a él a lo largo de estos cuatro años, los actuales directivos del PRD se mantengan indiferentes al sufrimiento de Sánchez Nava y su familia. Instalado nuevamente en Chilpancingo, no hay forma de que pase desapercibido el olvido del que es objeto Sánchez Nava por parte de quienes están obligados a brindarle toda clase de asistencias y honrar su contribución a la izquierda guerrerense, su partido en primer término. Sánchez Nava no puede ser olvidado.

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