Por tortura, presentó una denuncia en el MP y la CNDH contra Aguirre Rivero, informa Suástegui

Por tortura, presentó una denuncia en el MP y la CNDH contra Aguirre Rivero, informa Suástegui

El vocero del Cecop espera su libertad porque se violó el debido proceso, y que sean encacelados el ex gobernador y el empresario gravilleo Humberto Marín, dice en plática en el reclusorio de La Unión. También está abierto su caso en Amnistía Internacional, indica

Mariana Labastida

La Unión

A ocho días de su llegada a Guerrero, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, enfatizó que no debe de estar en la cárcel y que el mal trato a su persona en el penal federal de Nayarit, donde fue recluido el 18 de junio del 2014, fue focalizado. Reiteró que al ser detenido fue torturado físicamente y una vez en el penal de máxima seguridad siguió la tortura psicológica.
“La tortura existe y es generalizada, es común en los penales, un hábito común de los policías, la tortura la venden los policías como chiles en el mercado, nadie se atreve a denunciar a validar todos sus derechos, por eso yo exijo justicia en mi proceso y persona”.
Responsabilizó al ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero y el empresario gravillero, Humberto Marín Molina de cualquier cosa que le pase a él o a su familia; también a Arturo Valle, otro empresario gravillero a quién el Cecop prohibió la extracción de material pétreo del río Papagayo.  Exigió garantías para evitar que le pase un “accidente” o un “atentado” en el interior del penal de La Unión al que llegó el pasado 31 de marzo.
Es día de visita, en el reclusorio de La Unión. Marco Antonio aún viste el pantalón caqui del penal de Tepic, Nayarit, donde estuvo preso más de nueve meses, a la altura de la cadera del lado izquierdo está marcado su número de preso, 5148, de los 8 mil que dice que están en ese reclusorio de máxima seguridad, donde en ocasiones le tocó estar en celdas hasta con 11 internos. Dormir en acostado o sentado en el piso, era la opción.
Marco Antonio Suástegui, durante una plática, mantiene la seriedad de su rostro, demacrado, con la marca de 30 kilos de peso que bajó en más de nueve meses que estuvo en el penal federal, las condiciones en las que se encuentra actualmente son completamente diferentes a las que vivió en Tepic, Nayartit.
Se sienta en una silla de plástico y recarga los antebrazos en la mesa cuadrada del mismo material que tiene enfrente, junta sus manos que están tensas, levanta la mirada y la fija al frente al escuchar que ingresaron militares y gendarmería a comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
–¿Hay algún detenido? –preguntó, y en su gesto muestra el coraje de saber que el hostigamiento continúa contra loos opositores a a presa La Parota.
Su voz se llenan de coraje, de indignación al recordar lo que le hicieron, sobre todo al hablar de su familia, de las fotografías que le enseñaron de sus hijos cuando lo detuvieron, de sus hermanos, de como entraron en su casa, de haberlo mandado a un penal de máxima seguridad cuando los delitos por los que fue detenido son de fuero común.
Al llegar al penal de Tepic, fue puesto en una celda donde no daba la luz, no sabía si era de día o de noche; comenzó la falta de alimento y agua. De comer le daban nopales podridos, huevo verde con cascarón, soya echada a perder y tres tortillas al día; los días que le daban carne el pedazo era “así”  y muestra con su mano haciendo un circulo juntando sus dedos pulgar e índice (un poco más grande que una moneda de 10 pesos), y la que sobraba la tiraban a la basura frente a los internos.
Agua, los primeros cinco meses sólo le permitían beber la que salía de una planta tratadora, “era sucia, de drenaje el agua que tomaba”.
El trato a su persona era focalizado reiteró, y recordó que en una ocasión se formó como otros presos en la fila para recibir un garrafón de agua, “hey Suástegui, no tiene derecho al agua, esta como consigna, quítate de ahí”, le llamó “un comandante”. Él era el único a quien llamaron por su nombre en diferentes ocasiones, al resto se referían por su número, cuenta como un dato del trato diferente, especialmente cruel, hacia él..
Insiste en que el mal trato en Tepci era focalizado: “un custodio me dijo, es que el gobernador está pagando una lanota para que estés aquí, que porque yo tenía porque estar ahí” y cada vez le quedaba más claro que había una línea “más dura” hacía él. “un día salí a los juzgados y me echaron a unos perros policías no podía defenderme porque iba esposado, tuve que repegarme en el pasillo porque los perros estaban ladrándome, eran dos uno dóberman el otro era perro policía, creo que no había necesidad de hacer eso”
Suástegui Muñoz recordó que cada mes, durante su estancia de más de nueve meses, lo cambiaron de celda a veces había cuatro internos, otras seis, la ocasión más crítica fue cuando eran 11. “No me dejaban estable en una celda, estuve con templarios, zetas, golfos, familia michoacana, me trataban con castigo y severidad”. El único mes que recuerda que estuvo tranquilo fue en la penúltima celda que estuvo, la cual compartió con dos escoltas del ex líder de las autodefensas michoacanas José Manuel Mireles Valverde, Salvador Mendoza y Gerardo López, “con quienes compartíamos ideales”; en la última celda donde lo pusieron, estuvo con un “narcotraficante renombrado”.
De su atención médica, recordó  que cuando lo internaron en el penal de Nayarit lo vio un médico, en el que llamaban “el hospitalito”, ahí le enyesaron el tobillo que tuvo así dos meses porque lo llevaba dañado, y fue la única vez que le pusieron tres inyecciones para el dolor, nunca le enseñaron las radiografías que le tomaron.
Marco Antonio Suástegui considera que estas pruebas médicas las debe exigir el Ministerio Público para demostrar el daño físico con el que lo presentaron un día después de su detención en Acapulco.
Volvió a recibir medicamento para el dolor cinco meses después, cuando lo visitaron de la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional; también le permitieron con una transacción bancaria comprar agua embotellada para tomar.

Denunció en el MP y en la CNDH la tortura

La tortura a la que fue sometido desde su detención la mañana del 17 de junio en la calle Bora Bora de Acapulco por los policías ministeriales que lo bajaron a golpes de su automóvil hasta las privaciones que tenía en el penal de Tepic, quedó asentada en una averiguación previa un que abrió un agente del Ministerio Público de Chilpancingo; el agente acudió a donde él estaba recluido. También se inició una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la cual confía el vocero del Cecop se haga justicia.
En la averiguación previa, explicó Marco Antonio Suástegui, señaló al ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero y al empresario Humberto Marín Molina de la tortura contra él; intentaron hacerlo confesar que tenía armas y droga. La denuncia fue por tortura, lesiones, allanamiento y robo; porque además de entrar en su casa a revisar después de que le quitaron las llaves cuando lo detuvieron, él traía dinero que se quedó el comandante que iba al frente del grupo.  “Agarró el dinero y dijo esto es para mí”, dice mientras hace el movimiento con la mano de cómo se llevó el dinero a la bolsa en el pecho del lazo izquierdo de la guayabera que vestía. También se llevaron su reloj, pasaporte, identificación y cartera; “la denuncia también es por el ejercicio indebido de la función pública”.
El vocero del Cecop enfatizó que “tarde o temprano pisarán la cárcel y se hará justicia” en referencia Aguirre Rivero y Marín Molina.
Como relató a El Sur el 3 de abril, mientras lo golpeaban en lo que identificó como la agencia del Ministerio Público de “la coca”, en Acapulco, porque escuchó cuando dijeron que no lo siguieran golpeando porque había prensa y vio a mujeres trabajando como secretarias, también vio al comandante al que le escupió en la cara, lo que le permitió verlo e identificarlo si lo tiene enfrente nuevamente, aseguró el vocero del Cecop.
También “puedo reconocer a otros dos o tres elementos, si se hace un peritaje al lugar los puedo reconocer e identificar bien”.

Su defensa

El vocero de los opositores a la presa La Parota, fue detenido acusado de robo agravado en contra de Humberto Marín, por la toma que hicieron los integrantes del Cecop  de las tierras donde se encuentra la gravillera del empresario en la comunidad de Parotillas el 9 de abril del 2014.
Suástegui dice que no se robó nada, es un delito fabricado, y además espera que se haga justicia en su caso en las violaciones al debido proceso. Las violaciones iniciaron desde que no lo presentaron al juez en las primeras 24 horas después de haber sido detenido, sino seis días después.
“Dentro de mi traslado ilegal no hay elementos para mantenerme en la cárcel” puntualizó Marco Antonio, quien enfatizó que su prioridad es hacer ver las violaciones al debido proceso. Tiene confianza en los abogados defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan logren demostrar su inocencia y salga en libertad; además de que consideró que estar en el penal de La Unión le puede permitir aportar pruebas para su defensa.
También confía en que den resultados la queja en la CNDH y la denuncia en Amnistia Internacional que se inició por la tortura.

La lucha del Cecop

El vocero de los opositores celebró que el Cecop se haya mantenido unido después de su detención, porque “fue muestra plena que no era Marco Antonio, que no era un líder que estaba organizando a la gente, sino que realmente los pueblos son los organizados, hoy estoy más convencido de que no por detener a un representante el movimiento se va a detener, el movimiento esta más fuerte”.
Luego de encarar al ex gobernador, de conformar la Policía Comunitaria de Cacahuatepec en marzo del 2014, Suástegui Muñoz insistía en cada reunión del Cecop a los opositores que hablaran, que tomaran la palabra, que hubiera nuevos representantes de la lucha, que no lo dejaran solo a él.
“Hicimos escuela, formación política, social, sobre todo mujeres de Cacahuatepec y ejidos donde hay formación política estable, en hombres y mujeres”.
Estar sin comunicación ni información de lo que ocurría en Guerrero le hizo pensar que se habían olvidado de él; “en una ocasión un custodio me dijo que si yo era Suástegui de Guerrero, que me habían mencionado en una marcha, que estaban pidiendo mi libertad, eso me dio mucha fuerza”. Ahora el opositor, “dejo ese mal pensamiento, la gente actuó diferente a lo que pensé que se habían olvidado de mí, la gente día y noche estaba a la espera de mi salida o regreso”.
El opositor a La Parota consideró que las autoridades vieron “la oportunidad para desarticular el movimiento que se ha mantenido 11 años, no creo que el simple hecho de las gravilleras valiera para que sucediera todo esto, lo utilizaron para dar el golpe”.
El vocero del Cecop desconoce la dinámica actual del Cecop, no sabe que algunas asambleas las han movido de comunidad, los últimos meses que él estuvo, éstas fueron en la comunidad de la Concepción, donde se instaló el retén para impedir el paso a los vehículos de las gravilleras y se estableció la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria.
Al salir,  Marco Antonio piensa regresar a la lucha social, “ocupar el lugar que la gente me concedió, ser su vocero, cual valiosa es la unidad en estos momentos”, agregó que ha reflexionado en algunos “no errores” pero acciones que consideró debe de separarse, como es el Cecop que es un movimiento apolítico en defensa del río Papagayo, de la Policía Comunitaria que tiene como fin la seguridad en las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
De reactivar el proyecto de la construcción de la presa La Parota, manifestó que “sería un error del gobierno de Enrique Peña Nieto pensar en continuar, por los momentos difíciles, sería una pendejada decir que sí viene la presa, sería un elemento bomba”.

Suástegui Muñoz lamentó la detención de sus compañeros del Cecop Julio Ventura Ascencio y Emilio Hernández Solís el 28 de julio, liberados bajo fianza y posteriormente de María de la Cruz Dorantes Zamora, quien fue detenida el 5 de octubre, quien sigue detenida. Recordó que se enteró de las órdenes de aprehensión en contra de ellos, pero pudo avisarles.
También, la muerte de Celerino Espiridiano García Hernández, de 44 años, quien murió en el hospital, luego de la balacera del 15 de noviembre en La Concepción, con simpatizantes de Humberto Marín, donde también resultó herido Salomón Hernández Encarnación de 70 años.  Recordó que en esa ocasión los policías comunitarios entregaron un arma de grueso calibre a la Marina, la cual desaparecieron cuando era una importante prueba. También confirmaba los señalamientos que él había hecho en diferentes ocasiones contra Marín Molina, de que tenía armas guardadas en la gravillera de su propiedad y vínculos con la delincuencia organizada, por lo que solicitó a las autoridades que lo investigaran, lo cual no sucedió.
“Creo que lo  que yo le había gritado al gobernador ( Aguirre Rivero) lo sigo pensando, lo reafirmó, el tiempo de dio la razón”, se refirió a la ocasión que lo encaró en su visita a Cacahuatepec el 5 de diciembre del 2013; “con su mirada me dijo que iba a tomar venganza”.

Guerrero

Al preguntarle cómo ve a Guerrero con la información que tiene de lo que ha sucedido en el estado, responde que “delicado, es una bomba de tiempo”, que es triste y lamentable lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa, a los que mandó un fuerte abrazo.
En el penal de Tepic tuvo la oportunidad de platicar con algunos de los 40 policías de Iguala y Cocula que fueron recluidos en el mismo lugar después de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, en el que asesinaron a seis personas, hirieron a 23 más y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El rumor dentro de esa cárcel fue que los jóvenes murieron asfixiados y quemados; aseguró que el gobierno está ocultando información, “saben bien de dónde salió y quién dio la orden de que se los llevaran”.
Agregó que algunos policías recluidos en Tepic aseguran que no tuvieron nada que ver en el hecho, “dicen que ni siquiera estaban trabajando”, en el interior de la cárcel no querían a los policías, que estaban a favor de los normalistas; “la mayoría de los reos están con las familias, yo no dudé en decir que era Ayotzinapa”.
En el penal, “han agarrado mucha gente por pasar en momentos equivocados”.
Reprochó la criminalización del gobierno “represor y sanguinario” de Ángel Aguirre a la Normal de Ayotzinapa, recordó la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el 12 de diciembre el 2011, que estaban en un bloqueo de los normalistas en la Autopista del Sol exigiendo mejores condiciones para estudiar y trabajo para los egresados. “Yo vi que había peligro latente para los luchadores sociales y el magisterio”, dice Suástegui Muñoz.
Puntualizó que la lucha social está en peligro, porque existe la consigna de desaparecer a los luchadores sociales,  que el gobierno aplica “la ley” vinculando los movimientos con la delincuencia organizada, “yo sé como trabaja el gobierno, a mí me lo quisieron hacer”.
Recordó que en la administración de Aguirre Rivero se dio la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ecologistas pertenecientes a la Organización Ecologista de la Sierra de  Petatlán y Coyuca de Catalán, desaparecidos el 6 de diciembre del 2011; también el asesinato el 5 de agosto del 2013 del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez) Raymundo Velázquez Flores; el dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, encontrado muerto el 3 de junio; y el 19 de octubre de ese mismo año el asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino.
“Hay una línea del Estado mexicano, un acuerdo de asesinar y levantar a la gente, a los luchadores sociales”.